PUEBLA, Pue. (apro).- Los diputados perredistas Roxana Luna Porquillo y Carlos de Jesús Alejandro pidieron al Congreso de la Unión exhortar a las autoridades locales y federales para que instalen una mesa de negociaciones, a fin de solucionar el conflicto social del municipio de Olintla generado por la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México. En un punto de acuerdo que presentaron ante la Comisión Permanente, los diputados también proponen que se exhorte al Ejecutivo federal a cumplir con la obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas cuando se pretendan llevar a cabo en sus territorios inversiones de gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud. Los legisladores hacen referencia a que, a partir de que los pobladores de la comunidad Ignacio Zaragoza, del municipio de Olintla, ubicado en la Sierra Norte, rechazaron la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México, han sido víctimas de hostigamiento y agresiones. De la misma forma, dieron cuenta de las represiones y amenazas que han sufrido activistas que conforman el Consejo Tiyat Tlali por respaldar a los habitantes que desde el 5 de diciembre emprendieron acciones de resistencia para evitar que arranque el proyecto. También recuerdan que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus comunidades o territorios (artículos 6, 15, 17, 22 y 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “El día domingo 27 de enero los pobladores y un grupo de ambientalistas y defensores de los derechos humanos que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México en ese municipio de la Sierra Norte poblana fueron retenidos por un grupo de golpeadores y gente azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla”, denunciaron. “A las 17:00 horas del 27 de enero del presente”, agregaron, “los integrantes de la movilización pacífica emprendieron la retirada, pero les salió al paso una turba encabezada por el edil, quien les dijo que sólo podían irse de Olintla si firmaban un documento comprometiéndose a ‘nunca más’ volver al municipio. “De entre la turba surgieron gritos de que lincharían a los activistas y los quemarían vivos”. Además, hicieron referencia a que ese día llegó al lugar un contingente de la policía estatal, pero se limitó a mantenerse a la expectativa. Los diputados, en su punto de acuerdo, manifiestan que los integrantes del Consejo acusaron que las autoridades municipales, encabezadas por el edil Arroyo Bonilla actúan en favor de Grupo México, que planea la construcción de la hidroeléctrica de autoabastecimiento en energía para sus minas. “Incluso señalaron el hostigamiento e intimidación del alcalde, el síndico y los regidores de Educación y Salud contra la comunidad totonaca de la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, en el municipio de Olintla, a la que presionan para ceder los terrenos de su propiedad y permitir que la empresa realice sus trabajos en forma normal”, agregaron. Igual relataron que durante la primera semana de enero, policías estatales iniciaron un plantón frente al campamento instalado por la comunidad, en una clara acción de intimidación. Ante esta situación, los legisladores solicitaron que se exhorte al ayuntamiento de Olintla, gobierno estatal, secretarías federales de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación, a instalar una mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto.