MÉXICO, D.F. (apro).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, envió una iniciativa al órgano legislativo local en la que propone sustituir la figura de arraigo por la de “detención de control judicial” que reduce los tiempos y establece los delitos en que se podrá aplicar. Se espera que la iniciativa del mandatario, que propone derogar la figura del arraigo del Código Penal del Distrito Federal, sea discutida y aprobada dentro del actual periodo de sesiones. En cuanto a la nueva figura que podrán utilizar los jueces para decidir si proceden contra un acusado, será de cinco días y no de 30 como marca actualmente la ley. Mancera afirmó que la nueva figura de la “detención de control judicial” cumple con los estándares internacionales y además con esa decisión cumple con el mandato constitucional de la reforma judicial para la transición hacia el sistema acusatorio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, aplaudió la propuesta porque, dijo, protege los derechos humanos de los imputados y no violenta el derecho a la presunción de inocencia, además de que permite continuar la averiguación previa. Elías Azar explicó que la diferencia entre la figura de arraigo y la de detención de control judicial no es solamente en el tiempo. La diferencia, dijo, es que el juez va a tener un control judicial mucho más profundo y acotarán los límites y las condiciones para poder emitir una orden de detención que solamente se va a poder dar en dos casos: cuando no se garantice la comparecencia del indiciado y cuando su conducta represente un riesgo para la víctima. “Se acotan los requisitos, se hacen mucho más severas las detenciones y simplemente de plazos que van de 60 días, se van a plazos ya muy cortos, es decir, esto va a constreñir la actuación de la Procuraduría y ésta va a tener que doblar, redoblar esfuerzos para efectos de la investigación”, afirmó el presidente del TSJDF. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, también aplaudió la propuesta y afirmó que la iniciativa es “un paso enorme” que pone a la ciudad nuevamente a la vanguardia, al dar fin a un acto arbitrario que solo se encarga de desprestigiar cualquier sistema judicial. “Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal esta es una excelente señal de que este gobierno está siendo respetuoso de los derechos humanos”, dijo. Organizaciones de la sociedad civil también vieron con buenos ojos la iniciativa anunciada por el jefe de gobierno después de cuatro años de buscar la derogación de la figura del arraigo en el Distrito Federal. Representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. y Amnistía Internacional México, indicaron en conferencia de prensa que la iniciativa es "un gran avance” en la protección de los derechos humanos. "El arraigo constituye una violación a los derechos humanos, y según datos de diferentes organizaciones, el 50% de las personas detenidas sufrieron algún tipo de tortura", indicó Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Jorge Gaviño, diputado local del Partido Nueva Alianza, quien estuvo presente en la conferencia explicó que la diferencia entre la figura de arraigo y la figura de detención de control judicial es que en la primera el preso queda a disposición del Ministerio Público durante 30 días de arraigo y eso “se prestaba a violaciones a los derechos humanos”. Con la detención de control judicial, añadió, “ahora el preso tendrá más garantías, iniciando porque su detención será sólo por cinco días". También deroga ley contra la delincuencia organizada El jefe de gobierno capitalino también envió a la ALDF una propuesta de abrogación de la Ley contra la Delincuencia Organizada porque, argumentó, compete sólo a la federación. "Ha quedado señalada la condición expresa de atender únicamente y exclusivamente (que) la federación es la que debe atender el tema de la delincuencia organizada", dijo. De esta forma, añadió Mancera, se permitirá a la capital del país dar "exacta dimensión a nuestro combate y tareas procesales y de prevención en materia penal". José Ramón Amieva Gálvez, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, precisó que al ser un ordenamiento legal vigente, su abrogación debe seguir el mismo camino que se dio para su aprobación, es decir, que se apruebe en el pleno de la ALDF, se promulgue y publique.