LEÓN, Gto. (apro).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, recomendó a los presidentes municipales de todo el país adquirir las viviendas del Infonavit que se encuentran abandonadas en sus territorios y evitar el coyotaje en la adquisición de reserva territorial para regular el desarrollo urbano en sus localidades. Según el funcionario, datos del INEGI revelan que hay unos cuatro millones de casas que fueron adquiridas mediante créditos del Infonavit y que actualmente se encuentran desocupadas, aunque otros datos de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) hablan de medio millón. En contraparte, información de los propios desarrolladores de fraccionamientos indica que éstos cuentan con reservas en 272 municipios, donde hay potencial para construir vivienda en los próximos 15 años. Durante su participación en la Conferencia Anual de Municipios 2013 (Conam), el funcionario federal advirtió a los alcaldes que se les está “yendo la lana” a los empresarios de la construcción en el ramo de vivienda porque no están comprando terrenos a los ayuntamientos o al gobierno federal, sino a los coyotes “que alguna vez les compraron a unos ejidatarios”. Y sugirió a los ediles que si adquirieran las viviendas de Infonavit abandonadas, podrían venderlas a sus empleados y a los agentes de las policías locales. Esta maniobra ayudaría a reducir el coyotaje en el sector de la construcción, insistió Ramírez Marín. Con la adquisición de la reserva territorial —una carencia generalizada entre los municipios— las autoridades locales también podrían endurecer las reglas para los fraccionadores, y limitarlos para impedir que sigan construyendo vivienda en regiones que presentan problemas para la introducción de servicios o están en zonas de riesgo. El secretario de Desarrollo Agrario también dio a conocer a los alcaldes reunidos en la Conam que una nueva política del gobierno federal será impulsar la construcción de viviendas que tengan un mínimo de dos recámaras. Esto quiere decir, indicó, que no se apoyará más la edificación de inmuebles de 32 metros cuadrados –o pies de casa-, sino de un mínimo de 45 metros cuadrados.