Primer semestre de Peña

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Bajo la divisa de transformar a México, el presidente Enrique Peña Nieto ha delineado ya las principales metas y métodos de su gobierno. A seis meses del inicio de su mandato, se pueden vislumbrar prioridades, medios para intentar cumplirlas, así como los retos y resistencias a enfrentar. A pesar de sus tropiezos y limitaciones, el Pacto por México ha permitido romper la inercia de inmovilidad prevaleciente desde 1997, permitiendo la aprobación de reformas tan relevantes como la educativa o la de telecomunicaciones. No obstante, la aprobación no garantiza el acatamiento ni la aplicación de dichas reformas.

Los grupos de presión han hecho sentir su fuerza en diversos frentes. La suspensión y postergación del apagón analógico en Tijuana, apenas un día después de que el presidente Peña ordenara que se proveyera del decodificador para recibir la señal digital a los 200 mil telehogares que no lo tuvieron a tiempo, revela el poder de las televisoras en la defensa de sus intereses empresariales. Lograron revertir una decisión hecha púbica por el Ejecutivo. Así se trate de una posposición de 40 días, el proceso de toma de decisiones muestra que los tentáculos del duopolio televisivo alcanzaron a una institución supuestamente autónoma como el IFE, y lograron imponer su dominio sobre la Secretaría de Comunicaciones y la Cofetel, con la anuencia presidencial.

A pesar de que la Cofetel logró una cobertura de 93.1% –superior a los parámetros internacionales y a su propia meta de 90%– antes del apagón analógico, el poder de las televisoras fue capaz de doblegar al Comité de Radio y Televisión del IFE, integrado por los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, bajo el pretexto de que 7% de los electores no podría recibir los mensajes televisivos de los partidos y candidatos que contienden por la gubernatura, cinco alcaldías y 24 diputaciones en Baja California. A nadie escapa el gato encerrado en esa maniobra: la banda de 700 MHz que los concesionarios se resisten a devolver al Estado como parte de la transición a la Televisión Digital Terrestre.

La pregunta es si las televisoras acatarán la reforma de telecomunicaciones, cuya esencia es acotar el poder monopólico y propiciar la competencia, o si impondrán sus intereses en la redacción de las leyes secundarias que emanen de las reformas constitucionales. Y la otra gran interrogante es si aun con nuevas leyes e instituciones autónomas los poderes hegemónicos de facto serán capaces de salirse con la suya contando con la aquiescencia o complicidad de los poderes constituidos.

Fragmento del análisis que se publica en la edición 1910 de la revista Proceso, ya en circulación.

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