MÉXICO, D.F. (apro).- Con 83 votos a favor de las bancadas de PRI, PAN y Partido Verde, y 22 votos en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC), el Senado aprobó reformas penales para fortalecer el combate al terrorismo. Sin embargo, el aval en el Senado no estuvo exento de fuertes críticas de la oposición, que consideró las modificaciones un pretexto para “criminalizar la protesta social”, vulnerar la libertad de expresión y crear tipos delictivos “profusos y confusos” en el artículo 139 del Código Penal de la Federación. La minuta aprobada, proveniente de la Cámara de Diputados, fue defendida por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, quien reiteró que estas reformas atienden las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI), además de que modifican el delito de terrorismo, al incrementar de 6 a 15 años de prisión a quienes ejerzan esa práctica. También se adicionan otras definiciones para sancionar la consumación de delitos como traficar con material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo y fuente de radiación. Además, con reformas a los artículos 139 y 170 del Código Penal Federal se sanciona la tentativa de terrorismo contra un bien público o contra personas, argumentó Gil Zuarth. La senadora del PRI, Arely Gómez, afirmó que las reformas no sólo atienden a las recomendaciones del GAFI, también modernizarán tipos penales de los ordenamientos jurídicos. Gómez González recordó que desde 2008 México está en un sistema de monitoreo periódico sobre vías de financiamiento a terrorismo y lavado de dinero. Las argumentaciones a favor no convencieron a las bancadas de PRD y PT, cuyos legisladores subieron varias veces a tribuna para argumentar en contra de los cambios introducidos a los artículos 139 y 170 del Código Penal Federal, pues según su opinión, “criminalizan la protesta”, la inconformidad social y a todo movimiento opositor. La senadora del PRD, Dolores Padierna, recordó que, de acuerdo con los criterios del GAFI, México “nunca ha sido un país terrorista, nunca hemos tenido problemas de terrorismo”, entonces, “¿por qué la prisa?”. Padierna consideró que estos cambios pretextan el combate contra el terrorismo para introducir nuevos delitos que tienden hacia una “restauración autoritaria” del sistema político. En el mismo sentido, Angélica de la Peña, del PRD, insistió en que se eliminó en el último párrafo del artículo 139 una expresión que prohibía aplicar sanciones a aquellas personas o manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de sus derechos sociales y humanos. Gil Zuarth, en respuesta a estas dudas y críticas, argumentó que este último párrafo se eliminó precisamente “para evitar cualquier posibilidad de interpretación que condujera a la criminalización de la protesta social”. Esta respuesta fue refutada por los perredistas, ya que en la redacción de este artículo se incluye como tipo delictivo aquellos actos que se realicen contra la integridad física o emocional o la vida de las personas. En el artículo 170 del Código Penal Federal se incluye como conducta promotora del terrorismo “al que mediante violencia, amenaza o engaños se apodere o ejerza control contra plataformas fijas, instalaciones o servicio de navegación, aérea o marítima de aeropuertos que presten servicio a la aviación civil”. Alejandro Encinas, senador del PRD, reconoció una adecuada tipificación de los delitos sobre terrorismo, pero insistió en que en los términos de la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal se vulneran “profundamente los derechos sociales y las garantías individuales”, al establecer “de manera difusa, profusa y confusa” a quienes se establecerán penas y sanciones en materia de terrorismo. Los senadores Benjamín Robles, Fidel Demédicis Hidalgo y Angélica de la Peña también argumentaron en contra de la redacción del artículo 148 bis del Código Penal Federal. A pesar de las argumentaciones, ni los senadores de PRI o PAN admitieron un debate más a detalle sobre lo señalado por la bancada de la izquierda.