MÉXICO. D.F. (apro).- Mientras ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuten sobre la aplicación del arraigo, organizaciones civiles y expertos demandaron al máximo órgano de justicia del país atender recomendaciones internacionales que piden la desaparición la medida cautelar por considerarla violatoria de los derechos humanos. En un comunicado conjunto, las organizaciones y personalidades expertas recordaron que nueve mecanismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA)  han recomendado a México apegarse a estándares internacionales de derechos humanos y desaparecer la figura del arraigo. De hecho, enlistaron las sugerencias hechas al Estado mexicano desde antes de que en 2008 se diera rango constitucional a la medida. En el documento, destacaron que en 2002 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias “concluyó que el arraigo representaba una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos judiciales”. Una vez que el arraigo obtuvo rango constitucional tras la reforma judicial de 2008, las posiciones internacionales contra la figura continuaron por parte de los organismos de la ONU, aseguraron los firmantes. “En 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también expresó su gran preocupación sobre la utilización del arraigo en la lucha contra el crimen organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por los tratados internacionales”, agregaron en el comunicado. Durante una visita al Centro Nacional de Arraigo por parte de personal del Subcomité para la Prevención de la Tortura, dijeron las organizaciones, se “encontró que cerca de 50% de las personas detenidas bajo arraigo presentaban señas de tortura”, por lo que esa oficina de la ONU condenó el arraigo. El Comité contra la Tortura, por su parte, se ha manifestado en dos ocasiones en contra de la medida -ampliamente recurrida por el gobierno de Felipe Calderón durante su sexenio- en 2007 y 2012. En el último año, durante la última revisión de México ante el organismo con sede en Ginebra, Suiza, el Comité “reiteró su preocupación expresada ya desde 2007 sobre la aplicación del arraigo, e instó decididamente a México a que ‘elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”. Los firmantes del comunicado de hoy resaltaron que otras oficinas de la ONU y de la OEA que se han pronunciado contra el arraigo son la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A lo anterior, sumaron que en la Segunda Evaluación del Examen Periódico Universal, a México se le recomendó “la eliminación del arraigo del ordenamiento jurídico nacional”. Para las organizaciones y personalidades firmantes “el arraigo constituye en sí misma una figura que contraviene los principios de justicia de un sistema democrático”, toda vez que su principio es “detener para investigar”. Lo anterior, agregaron, “viola diversos derechos humanos”, mismos que los ministros de la SCJN deben tomar en cuenta. “La SCJN –continuaron– debe hacer valer el reciente reconocimiento que recibió por parte de las Naciones Unidas por su labor en la protección de los derechos humanos en el país y eliminar la posibilidad de que esta figura se aplique en el país”. Bajo esas consideraciones, organizaciones y defensores hicieron un “llamado respetuoso a la SCJN a resolver la inconstitucionalidad de la aplicación de la figura del arraigo a nivel local y la inconveniencia de la aplicación a nivel federal”. Entre las organizaciones firmantes destacan: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; la Acción de Cristianos contra la Abolición de la Tortura, Amnistía Internacional, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Casa del Migrante de Saltillo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Propuesta Cívica, la Organización Mundial contra la Tortura, Servicios de Asesoría de Paz, Centro de Justicia y Paz para el Desarrollo y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Acompañaron la postura los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, de Justicia para la Paz y Desarrollo y Zeferino Ladrillero, así como el Centro Nacional de Comunicación Social, CIARENA, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociadas por lo Justo, Sin Fronteras y Equis, Justicia para las Mujeres. También firmaron Jorge Israel Hernández, miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; la defensora Geraldina González de la Vega y  Mariclaire Acosta, directora de Freedom House.