MÉXICO, D.F. (apro).- Dos opciones: “El consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría referir la situación en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) ante la Corte de Justicia Internacional” o “las Naciones Unidas podrían instalar un Tribunal Internacional ad hoc para la RPDC”, concluyen los autores del Reporte de los Hallazgos Detallados de la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos en RPDC. En el documento de 372 páginas publicado el pasado lunes 17 de febrero, la Comisión acusa al régimen de los Kim de haber cometido “crímenes contra la humanidad”, entre ellos los de “exterminación; asesinatos; esclavitud; tortura; violaciones; abortos forzados; persecución política, religiosa, racial y sexual; transferencia forzada de población; desapariciones forzadas; así como el acto inhumano de provocar concientemente hambruna”. En un comunicado publicado el viernes siguiente, el gobierno norcoreano denunció una “campaña sucia” en su contra. Rechazó categóricamente el documento “salpicado de puras mentiras” y criticó a sus fuentes, “fuerzas hostiles y chusmas, como algunos elementos con identidades ambiguas que desertaron el norte para lucrar”. De “inverosímiles”, calificó las recomendaciones de la Comisión de referir la situación de los derechos humanos en la Corte Internacional de Justicia o en el Consejo de Seguridad. La RPDC no firmó el Tratado de Roma que creó la Corte Internacional de Justicia, por lo que ésta no tiene competencia para juzgar crímenes cometidos por ese régimen. La Comisión entregará oficialmente sus hallazgos durante el Consejo de Derechos Humanos que se llevará a cabo en Ginebra el próximo 17 de marzo. Desde el inicio de la investigación, el régimen de la RPDC impidió a los integrantes de la Comisión acceder a su territorio y afirmó que “rechazará y desconsiderará sus resultados, productos de una conspiración y confrontación política”. Entonces, los autores se limitaron a recolectar testimonios de norcoreanos prófugos en el extranjero, tomando en cuenta sus intenciones políticas, su capacidad en rememorar los eventos y la razón por la cual aceptaron testimoniar. En la mayoría de los casos respetaron el anonimato de los testigos para evitar que sus familiares padezcan represalias. Campos Si bien el régimen “niega vigorosamente la existencia de los campos de prisión política”, la Comisión asegura lo contrario y plantea que cuatro campos funcionan hoy en día rodeados de alambres y verjas eléctricas de alto voltaje. Ahí, los prisioneros realizan arduos trabajos forzados en condiciones terribles. Según su testimonio, Shin Dong-hyuk tenía 13 años de edad cuando presenció la ejecución de su madre y su hermano, quienes planeaban escaparse del campo donde los mantenían retenidos. Los administradores de los campos usan a los propios prisioneros -sobre todo a los niños- para controlar y monitorear a sus pares, explicó la Comisión. En este caso, el propio Shin Dong-hyuk delató a sus familiares. “Reporté su plan de escaparse, porque debía reportar cada detalle a los guardias. Así era la regla en los campos, por eso evidentemente pensé que formaba parte de mi trabajo reportar su plan a los guardias. A mi edad, me sentí muy orgulloso de eso. Pedí al supervisor recompensarme, darme una porción entera de arroz para llenarme el estómago. Prometían esta recompensa, es la razón por la que los reporté…”, contó. La Comisión denuncia el uso sistematizado de la tortura, de los maltratos -entre ellos, cortes de raciones alimentarias, carga extra de trabajo forzado, confinamiento, palizas y mutilaciones-, así como las ejecuciones en los campos. “A veces los instructores convocábamos a unos presos que trabajaban en el campo para que pudiéramos mejorar nuestras habilidades en arte marcial. Lo hacíamos para que los presos quedaran alertas y para inculcarnos que ellos eran nuestros enemigos… No nos preocupaba matarlos o dejarlos vivos…”, explicó un exguardia. Según la Comisión, “los presos políticos pierden su ciudadanía. Cuando mueren, sus cuerpos no son entregados a sus familiares, sino dispuestos sin respeto a las tradiciones culturales ni a la dignidad del muerto”. Además de ejercer violaciones y violencia sobre las mujeres, los administradores del campo practican abortos sistematizados a las embarazadas. Ahn narró a la Comisión que los guardias del campo número 22 se divertían con juegos sexuales sádicos: Un día, uno de ellos “se sentó sobre una silla y usó una caña de pesca a la que metió grasa de cerdo como anzuelo. Así persuadió a una presa desnuda para gatear y saltar como un perro para agarrar la carne. Tiraba la caña de pescar justo lo suficiente para que la presa no atrapara la carne, y la volvía a bajar para darle otra oportunidad”. Los testimonios coinciden en que los presos en los campos enfrentan una lucha diaria contra la hambruna. Así, varios de ellos relatan que comían ratones, siempre y cuando el guardia “se encontrara en un buen día” y les autorizara hacerlo. De acuerdo con la Comisión, el régimen aplica el principio de “culpabilidad por asociación” (yeon-jwa-je), mediante el cual “la familia entera de los purgados acaba en los campos, incluidos los padres, esposos/as, hermanos e hijos”. La Comisión asume también que “la purga de los ‘enemigos de clase’ se extiende hasta la tercera generación; es decir, el bisnieto del delincuente original”. Así, agentes del Departamento de Seguridad Nacional arrestaron a Kim Hye-Sook cuando tenía 13 años de edad. La llevaron al campo número 18, donde encontró a su familia entera que había desaparecido. Después de 28 años, la dejaron salir. En ese momento se enteró que el régimen castigó a su familia debido a que su abuelo huyó a Corea del Sur durante la Guerra de Corea. La Comisión se sorprendió de que “las autoridades de los campos recibieron la orden de asesinar a todos los prisioneros en el caso de un conflicto armado o una revolución, para eliminar la evidencia primaria de la existencia de los campos”. Cárceles La Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos en RPDC asegura que el gobierno de ese país maneja una amplia red de estaciones de policías y de centros de detención donde la tortura es de uso común, sobre todo cuando el crimen revierte un tinte político. Uno de los testigos fue visto como sospechoso de ser espía de Corea del Sur, país con el que la guerra no acabó oficialmente. Éste narró a la Comisión las condiciones en las que fue torturado durante sus 10 meses de detención, sobre todo mediante la “tortura de la paloma”. Explicó: “Te esposan las manos detrás de la espalda y te cuelgan de tal modo que no te puedes parar ni sentar. Nadie te observa. No hay nadie. Y no puedes dormir. Durante tres o cuatro días orinas y defecas, sales totalmente deshidratado. Era la más dolorosa de todas las torturas… tan dolorosa que prefería morir”. Al salir, pesaba 36 kilogramos, contra los 75 que tenía cuando entró. Kim Gwang también sufrió la “tortura de la paloma”. Dijo que en esta posición le pegaban en el torso hasta que vomitara sangre. Además, lo sometieron a las torturas “del avión” y “de la moto”, otras posiciones que debía mantener hasta desmayarse. Un testigo describió la cámara de tortura en el centro donde trabajaba: “Estaba equipada de un tanque de agua, en el que sumergían a los prisioneros hasta que tuviera miedo de ahogarse. También contaba con cadenas dispuestas para colgar a las personas de cabeza. Varios otros instrumentos se usaban como grandes agujas que se insertaban por debajo de las uñas… Como resultado de torturas tan severas, los sospechosos solían admitir crímenes que no cometieron”. De la misma forma que en los campos, un complejo laboral depende de las cárceles donde los presos trabajan de manera forzada, con escasas raciones de comida y en condiciones de trabajo deplorables, afirma la Comisión. Traidores Los autores del reporte de la Comisión aseguran que muy pocas personas obtienen el derecho de viajar a China, país con el que Corea comparte la mayor extensión fronteriza. “En la práctica, quienes cruzan de manera ilegal la frontera son considerados culpables de traición a la Patria por deserción”. Exoficiales indicaron a los investigadores que los guardias fronterizos pueden disparar a los que tratan de salir del país. Un testigo que formó parte de la seguridad fronteriza expuso que recibía la orden de “no tratar a los migrantes como humanos”. Consideraban como “peores” a los que viajaban rumbo a Corea del Sur mediante los servicios de inteligencia de este país o con redes cristianas. Los testigos reportaron a la Comisión que en los centros de detención de la RDPC, los jipkyulso, o los soldados coreanos, practican revisiones corporales a los prófugos retornados. “Tuvimos que entregar nuestra ropa a los guardias, la robaron cuando le gustó. Nos obligaron a saltar y a hacer lagartijas. Luego, alguien metió su mano en las vaginas y los anos de todos, para verificar que no escondíamos dinero u otras cosas de valor. Estábamos todos juntos en ese momento, hombres y mujeres. Después de la revisión corporal, tuvimos que arrodillarnos en una célula”, contaron. En los centros de detención, los prisioneros recibían dos cucharas de maíz y un plato de sopa de rábano por día. Un testigo, quién era niño en el momento de su detención, afirmó a la Comisión que vio a 13 hombres fallecer debido a las condiciones de vida en los centros. Por ejemplo, en los campos de prisión política las autoridades realizan abortos forzados a las mujeres embarazadas retornadas desde China. Ese fue el caso de la señora Jee Heon A., cuando las autoridades chinas la repatriaron por tercera vez. “Descubrieron que estaba embarazada, de tres meses en ese momento. Estaba muy sorprendida. Me acordé cuando un bebé nació en la cárcel en 1999… pensaba que me iba a pasar lo mismo (mirar un infanticidio), pero me dijeron que me iban a realizar un aborto, y lo que querían decir por aborto era que en vez de darme una inyección, me echaron sobre una mesa y me practicaron una cirugía de inmediato. Había mucha sangre”, dijo. Delación El régimen de los Kim incita a los ciudadanos a delatar a sus pares, sobre todo con base en una lista de 18 “comportamientos” reprensibles. Entre ellos se cuentan crímenes anti-estado o anti-nacionales, reuniones o intercambios ilegales con extranjeros o comportamientos que corrompen la moralidad pública. El reporte de la Comisión asegura que las autoridades pusieron en marcha un programa llamado “Vigilancia Vecindario” o Inminban, que divide los barrios en grupos de 20 a 40 hogares. Cada uno tiene un líder que advierte a las autoridades si detecta actividades sospechosas en los hogares. Los vigilantes pueden entrar en las casas a cada momento para determinar visitas no registradas o actividades adulteras. De acuerdo con un testigo, la delación se promueve dentro de las propias familias. Contó que una anciana de su vecindario fue encarcelada durante 10 años en el campo número 15 de Yodok. Planeaba salir del país cuando su nuera la denunció. Otro testigo contó a la Comisión que en junio de 2001, un joven trabajador colgó una docena de carteles en la ciudad de Nampo. Éstos exhortaban a sublevarse contra Kim Jong-il. Ante la gravedad del acontecimiento, el testigo recordó que todas las agencias de seguridad de la región se coordinaron para agarrar al culpable. Un amigo lo denunció. Las autoridades afirmaron que actuaba como espía al servicio de Estados Unidos, ya que la pornografía y las películas extranjeras le habían corrompido la mente. “Fue ejecutado por ahorcamiento en un espacio público. Todos los habitantes de la ciudad asistieron a fuerza. Su madre y sus dos hermanas fueron llevadas al campo número 15”, relató el testigo. Durante los años 90, olas de sequías consecutivas provocaron terribles hambrunas en el país. El régimen dirigió la mayor parte de los recursos alimenticios hacia el partido, las industrias vitales, los oficiales y la capital Pyongyang, resume la Comisión. Un testimonio relató: “En la capital no había cuerpos muertos, los vi cuando visité familiares en la provincia”. “Los soldados tenían que robar para no morirse… Me adoctrinaron antes de entrar en el ejército, por lo que pensaba que los soldados ejercían un trabajo honorable y protegían a la población. Pero muy pronto me di cuenta que la verdad era lejana. El ejército se parecía más a piratas”, abundó otro testigo. La Comisión acusa al régimen de la RDPC de dar prioridad a los gastos militares durante las hambrunas, mientras solicitaba la ayuda internacional para evitar fallecimientos masivos. Clases sociales La RPDC se presenta como un estado en donde prevalecen la igualdad y la no-discriminación. Sin embargo, la Comisión observó que un sistema de castas rige a la sociedad norcoreana. Este sistema clasifica a los ciudadanos en tres categorías diferentes según su Songbun. El sistema de Songbun se estableció al terminar la segunda guerra mundial y con ella la ocupación colonial japonesa de Corea. Para sustituir a la elite tradicional, Kim Il-sung atribuyó a sus camaradas guerrilleros así como a sus familias respectivas el mayor songbun, mientras que los integrantes de las “clases hostiles”, industriales y representantes del capitalismo de este entonces, recibieron un songbun muy bajo. Un songbun inferior condena a los integrantes de una familia a trabajar en las minas o en el campo y a quedarse excluidos del sistema de educación superior. El songbun se hereda e influye sobre las carreras profesionales pero también se toma en cuenta durante los juicios, señala la Comisión. En Pyongyang sólo viven los ciudadanos con un Songun alto, las elites del país. Además, según el testigo Lee Jae-geun, el régimen expulsa a las personas con discapacidad de la capital. La Comisión concluye que no existe libertad de movimiento. Oficina 27 Al comprar un televisor o una computadora, una familia debe registrarlos ante la Oficina de Vigilancia de Transmisiones, mejor conocida como “Oficina 27”. Ésta se encarga de modificar los aparatos para restringir la recepción a los únicos canales autorizados. Integrantes de esa oficina realizan “inspecciones sorpresa” en los hogares para verificar que los habitantes no modificaron los receptores con el fin de captar emisiones extranjeras. Cuando descubren que fue el caso, mandan a los familiares “en re-educación ideológica”, indica el reporte. La señora L. afirmó que su pueblo contaba con un cuerpo de agentes especializado en reprimir la visión de películas de Corea del Sur. A veces cortaban la electricidad sin avisar y entraban a las casas. Sin electricidad, los CD’s y DVD’s quedaban tragados en los reproductores. “Una vez, un amigo tuvo que arrojar su reproductor por la ventana para evitar que lo detuvieran”, contó. La “Oficina 27” instaló un dispositivo para captar las emisiones telefónicas realizadas con aparatos foráneos hasta China, lo que la ley considera como “crimen político”, según la Comisión. Un testigo relató que los vigilantes lo capturaron mientras usaba un teléfono chino para planificar su salida del territorio. Lo acusaron de ser “espía” y lo llevaron al centro de detención del Departamento de Seguridad. Ahí la paliza fue tan intensa que perdió sus dientes. Los traficantes de bienes “capitalistas” corren el riesgo de terminar ejecutados o mandados en campos de trabajo, confirmó un exagente del Departamento de Seguridad Nacional. Otro testigo reveló que pasó seis años en el campo número 12 de Jeongori porque introdujo discos compactos y cintas chinas en Corea del Norte. Adoctrinamiento Con fuerza y propaganda, los líderes de la dinastía Kim impusieron un culto a la personalidad, así como una obediencia ciega al partido único -el Partido del Pueblo de Corea- y al ejército. Un testigo relató que su padre fue llevado a una prisión política tras usar un periódico como esponja. No verificó que el periódico llevaba una foto de Kim Jong-il y ensució la imagen, razón por la cual lo detuvieron. Jang Hae-sung trabajaba como periodista en Corea del Norte. Un día cometió un error tipográfico: redactó mal el nombre de Kim Il-sung en un reporte. Le costó estar seis meses en un campo de entrenamiento “como castigo por su trasgresión”. Con el mandato de la ONU de un año, el juez australiano Michael Kirby dirigió la investigación, en la que contó con la ayuda de la fundadora y presidente del Comité Helsinki para los Derechos Humanos en Serbia, Sonja Biserko, así como del Procurador General de Indonesia y comisionado especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC, Marzuki Darusman. Al terminar la redacción del reporte, los autores mandaron una copia al gobierno norcoreano para que compartiera sus observaciones. Nunca recibió respuesta.