MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la supuesta disminución de abusos cometidos por fuerzas federales de seguridad presumida en el segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, con base en registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI) puso en duda que los reportes del organismo encabezado por Raúl Plascencia se apeguen a la realidad. En la presentación del informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, Rupert Knox, investigador especial de AI, consideró que el organismo “no actúa a favor de las víctimas”, y en casos de tortura “es parte del problema y no de la solución”. El documento analiza el fenómeno de la tortura en México durante diez años, periodo en el que la CNDH registró 7 mil 164 quejas, siendo 275 las documentadas en 2003 y mil 505 el año pasado, lo que significa un crecimiento de 600%. Del total de quejas sólo 44 se han traducido en recomendaciones de la CNDH, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la PGR tramitó mil 219 indagatorias por tortura, abrió 123 averiguaciones previas, consignó 12 y siete de ellas se tradujeron en sentencias condenatorias. Pese a que la CNDH se ha encargado de señalar la disminución de quejas, Rupert Knox apuntó que de 2003 a la fecha, el organismo ha aplicado en 475 veces el Protocolo de Estambul, análisis físico y psicológico para determinar la tortura, resultando positivas 57 pruebas. También dijo que a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de Israel Arzate Meléndez, joven que fue torturado y enjuiciado como responsable de la matanza de adolescentes en Villas de Sálvarcar, en Juárez, Chihuahua, juzgados de distrito que han tenido conocimiento de tortura han enviado 600 casos al Ministerio Público en los últimos meses. “Lo que notamos en el segundo informe de gobierno es que la CNDH ha recibido menos quejas durante esta administración, y eso sería un indicio importante si reflejara la realidad y, aunque no tenemos datos diferentes, al mismo tiempo tenemos serias dudas de la forma en que la CNDH maneja esos datos y las conclusiones a que llega”, apuntó Knox, especialista en abusos cometidos en México. El investigador relató que, el miércoles 3, integrantes de Amnistía se reunieron con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; la subsecretaria Mariana Benítez; la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón; el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Víctor Manuel Serrato, así como la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Eliana García. “Nos regañaron fuertemente porque no reconocemos avances, y que sólo había cuatro casos este años que son las recomendaciones que emitió la CNDH”, contó Knox, quien calificó como “decepcionante” la posición de los funcionarios de negar la persistencia de la tortura cometida por miembros de las fuerzas de seguridad. “Si no se reconoce que se tiene un problema realmente persistente y generalizado, si hablan, como lo dijo la subsecretaria de Gobernación, de sólo cuatro casos de la CNDH y que no tienen más competencia, es fácil para el gobierno, y todo está perdido, porque la CNDH no establece los mecanismos adecuados, primero para recibir las quejas, cuantificarlas y luego investigarlas de forma debida”, agregó en entrevista. Durante su participación, el investigador resaltó que pese a que el organismo encabezado por Plascencia Villanueva ha emitido algunas recomendaciones muy importantes, “el problema es que realmente la CNDH desde la perspectiva de AI está trabajando para la CNDH, no para las víctimas para las violaciones de derechos humanos”. Amnistía también recordó que víctimas de graves abusos han recurrido al amparo para impugnar resoluciones de la CNDH; además, criticó que el organismo no transparente las investigaciones ni los criterios para calificar una queja como recomendación. “Si hacemos un análisis más a fondo, la CNDH es parte del problema, no de la solución actualmente, y requiere un reforzamiento radical para que se comporte a favor de las víctimas de derechos humanos, porque actualmente el gobierno se esconde detrás de la falta de recomendaciones de la CNDH y el cumplimiento inadecuado de las recomendaciones que la CNDH acepta como cumplimiento”. En la conferencia de prensa estuvieron presentes la esposa del hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, Yuly Alexandra Baltasar, detenido en Nayarit acusado de delitos contra la salud; Rogelio Amaya Martínez, detenido en agosto de 2010 como responsable de la explosión de un coche-bomba en Juárez, y Claudia Medina, acusada de portación de armas y narcotráfico en Veracruz. Amaya narró las torturas que sufrió a manos de policías federales, en tanto que Claudia la violencia sexual a cargo de marinos en agosto de 2012. Tras señalar que no han podido superar los daños psicológicos causados por las torturas, y que no se han podido integrar a la sociedad, ya que ambos fueron presentados a los medios de comunicación como delincuentes, demandaron que de la misma forma en que fueron exhibidos, ahora la PGR los presente a la sociedad como inocentes.