MEXICO, D.F. (apro).- La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto protección efectiva para Nicolás Mendoza Villa, testigo del asesinato del luchador social guerrerense Arturo Hernández Cardona, que señaló a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, como autor intelectual y material del crimen. Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, aclaró en rueda de prensa que detrás del confinamiento de Abarca Velázquez en el penal de máxima seguridad del Altiplano están los asesinatos de Hernández Cardona, ocurrido el 31 de mayo 2013, y el del exsíndico del mismo municipio, el perredista Justino Carvajal Salgado, sobrino del exsenador Félix Salgado Macedonio, perpetrado el 9 de marzo del año pasado. La defensora explicó que el martes 4, luego de conocerse la captura de Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, integrantes de la RSDCIAC acudieron a la PGR para conocer los avances del caso de Hernández Cardona, el cual fue atraído por la dependencia federal en julio de este año. “En la PGR nos dijeron que la detención de Abarca era en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en septiembre pasado, por el homicidio de Arturo Hernández, caso al que se acumuló el asesinato de Justino Carvajal”, apuntó López Paulino. Después de resaltar que el caso fue consignado en el primer juzgado de distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas, en la averiguación PGR/SEIDO/UELDMS/439/2014, Erika Zamora Pardo, integrante de la organización, aclaró que en esa indagatoria se encuentran los señalamientos de Nicolás Mendoza, sobreviviente de los hechos violentos en que fueron asesinados Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román. En la indagatoria, destacó, se encuentran declaraciones de otros dos testigos, Héctor Arroyo y Efraín Amates, así como la denuncia por amenazas que formuló Hernández Cardona el 29 de mayo de 1013 contra Abarca, su esposa y el entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, querella que no pudo ratificar el dirigente de la Unidad Popular (UP) porque un día después fue detenido por policías municipales. Los tres involucrados en la querella también lo están en el caso del homicidio de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado. Yosadahra Vega Andrade, del departamento jurídico de la Red Solidaria, se inconformó por la tipificación realizada por la PGR para encarcelar a Abarca en el caso de Hernández Cardona, toda vez que el hecho fue calificado como secuestro agravado. “El riesgo de que sea liberado por ese caso es alto, debido a que no se cumple el delito de secuestro, pues no hubo petición de recompensa a la familia, y se le considera agravado porque fue asesinado por sus captores”. La defensora pidió a la PGR que se reclasifiquen los delitos para que se incluyan desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Sofía Mendoza Martínez, viuda de Hernández Cardona, exigió al gobierno federal protección para Mendoza Villa, pues desde junio del año pasado ha vivido a salto de mata por el hostigamiento y persecución que ha sufrido. “En ocho ocasiones se han metido a su casa y andan preguntando por él y donde se mueve”, acusó. Mendoza Martínez, también regidora del municipio de Iguala, lamentó que hasta ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no haya solicitado al Estado mexicano medidas cautelares para el testigo y su familia, así como para todos los familiares de los masacrados, a pesar de que desde junio de 2013 la RSDCIAC y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron esas acciones. Luego de exigir al gobierno federal resultados de la investigación, Mendoza Martínez solicitó se “desenmarañen las ligas de complicidad de Abarca, que facilitaron que durante más de un mes estuviera oculto, porque sabemos que las redes de complicidad no quedan nada más en Abarca y Ángeles, todavía falta Felipe Flores y muy seguramente personas de mayor poder que permitieron que ocurrieran los crímenes de mayo de 2013 y ahora el de los estudiantes de Ayotzinapa”. López Paulino retomó la demanda para que la CIDH otorgue las medidas cautelares y anunció que si el caso no avanza en ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), será enviado a la Corte Penal Internacional (CPI).