BUENOS AIRES (apro).- Casi dos meses después de que el fiscal Alberto Nisman fuera encontrado sin vida, con un tiro en la cabeza, en el baño de su departamento, la investigación sobre su muerte enfrenta un cielo turbulento. Los indicios que sustentan la posibilidad de un suicidio no terminan de plasmarse en evidencias. Y los indicios que sugieren que el fiscal fue asesinado se mantienen en el terreno hipotético. Los medios opositores alimentan las especulaciones sobre esto último, pues imputan al gobierno una responsabilidad difusa pero a la vez inequívoca. Se le acusa de un asesinato que nadie puede asegurar que haya existido, aunque se habla de “magnicidio”. La denuncia presentada por Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue desestimada por todos los jueces que hasta ahora la tuvieron en sus manos. La Cámara Federal deberá decidir si le da curso o no. Nisman acusó a la primera mandataria de haber pactado con Irán la impunidad de los supuestos autores intelectuales del atentado contra la mutual judía AMIA. A cambio, Argentina vería facilitado su acceso al petróleo iraní. Nisman acompañó su denuncia con escuchas de inteligencia sobre dirigentes sociales ignotos o subalternos. El Estado argentino no pidió a Interpol la baja en los pedidos de captura de los imputados. Más aún, Argentina nunca le compró petróleo a Irán, aunque los grandes medios tienen su forma de ver las cosas. En ellos se presenta como buscadores de la verdad a quienes creen que el fiscal fue asesinado por su denuncia contra la presidenta. Y quienes sospechan que Nisman se suicidó, o que su denuncia no tiene asidero, serían, de acuerdo con esta lógica, los que quieren ocultar los hechos. El caso Nisman deja al descubierto la connivencia entre servicios de inteligencia y miembros de la justicia y de la prensa. Revela la dependencia de un fiscal de la República frente a diplomáticos y agentes de estados extranjeros. Ambas críticas le caben al kirchnerismo. El uso político que se hace del fiscal muerto es también ilustrativo, pues se intenta desestabilizar al gobierno y a la vez socavar la lucha por los derechos humanos, equiparando a Nisman con las víctimas del terrorismo de Estado. Autopsia versus dictamen “Alberto Nisman no se suicidó, lo mataron”, dijo la jueza Sandra Arroyo Salgado el 5 de marzo. La exmujer del fiscal encabeza la querella en nombre de sus dos hijas. Los peritos Osvaldo Raffo, Daniel Salcedo y Julio Ravioli, convocados por Arroyo Salgado, presentaron ese día su dictamen. Los criminalistas se basaron en el material fílmico y fotográfico de la autopsia oficial, realizada por el Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Las conclusiones a las que arribaron fueron sin embargo diferentes. Fijaron la fecha de muerte de Nisman en la tarde o noche del 17 de enero, en lugar del mediodía del 18 de enero, estimado por la autopsia. No percibieron en la mano del fiscal el espasmo propio de quien se dispara y sostuvieron que hubo “agonía” antes de la muerte y que el cuerpo ya sin vida fue “movido”. La autopsia había desestimado la participación de terceras personas. El dictamen de los peritos, por el contrario, vuelve a poner en el centro de la escena a Diego Lagomarsino. El técnico informático de la Fiscalía AMIA pasó por el departamento de Nisman a las 20:00 horas del sábado 17 de enero para entregarle, según declaró, la pistola con la que se efectuó el disparo. --Si usted fuera el juez o el fiscal de instrucción de la causa, ¿a qué peritaje le daría mayor credibilidad? –se le pregunta a Julio Maier, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. --¿Usted presenció alguna vez una autopsia? –repregunta a su vez Maier a Apro. –No, no presencié ninguna. –Hay un muerto ahí, y al muerto se le abre –explica el jurista–. Entonces los patólogos, los médicos, examinan lo que hay que examinar. Esto es la autopsia. No la opinión de un tipo que viene después. La autopsia no tiene forma de ser reemplazada por una opinión posterior. El muerto está ahí presente. Una autopsia sin muerto es como un velorio sin difunto. La fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein, fue tajante frente a la aseveración de Arroyo Salgado. “Si alguien me sostiene a mí que es un homicidio, bienvenido sea para la fiscal que me traigan una prueba concreta”, dijo a la prensa el 6 de marzo. “Todos los que dicen que fue un homicidio, que me traigan una prueba. Hasta el momento nadie arrimó nada”, sostuvo. La carátula de la causa sigue siendo muerte dudosa. Local o remota El peritaje de las comunicaciones, los teléfonos y las computadoras es imprescindible para avanzar en la causa. Pero también aquí se ha abierto un frente de tormenta. El 6 de marzo, poco después de que el grupo de peritos de la fiscalía, la querella y la defensa comenzaran la tarea, se comprobó que la computadora personal de Nisman había sido encendida a las 7:36 de la mañana del domingo 18 de enero. La navegación había incluido las ediciones digitales de tres diarios y una cuenta de correo electrónico del fiscal. Esto debilitaba el dictamen de los peritos de Arroyo Salgado, para quienes Nisman, a esa hora del domingo, ya habría estado muerto. Arroyo Salgado solicitó entonces que se interrumpiera el peritaje. Alegó razones de privacidad. La defensa de Lagomarsino la criticó por “obstaculizar la investigación”. En el expediente, sin embargo, consta que la conexión a Internet ocurrió el lunes 19 de enero de enero, a las 7:36 de la mañana, y no el domingo 18, tal como primeramente se difundió. Resta aclarar si se ha tratado de un error. La disputa central, de todas formas, se da en torno a si el acceso a la computadora se hizo de manera local o remota. Una conexión a internet desde el departamento del fiscal, en la mañana del domingo 18 de enero, fortalecería la posibilidad de que hasta entonces Nisman hubiera estado vivo. Si la conexión fue remota, la flecha vuelve a apuntar en dirección a Lagomarsino. El técnico informático admitió tener acceso remoto a la computadora personal de Nisman en su primera declaración ante la fiscal Fein. A pedido de la querella, es decir, de Arroyo Salgado, el 9 de marzo la Policía Metropolitana allanó el domicilio de Lagomarsino. Aseguraron un Ipad, dos Ipod, un pendrive, discos compactos, discos rígidos, ropa y calzado. No se encontró ninguna notebook. Ese mismo día, Arroyo Salgado amplió su declaración ante la fiscal Fein. Dijo que un sicario cobró por matar a Nisman y que Lagomarsino fue parte del plan criminal. “La hipótesis alrededor de la cual gira la jueza (Arroyo Salgado) todo el tiempo es que hubo una organización que mató al fiscal, un servicio de inteligencia que no identifica, que es quien pagó al sicario y financia una estructura de defensa de Lagomarsino”, publicó el diario Página 12 el 11 de marzo. Desde el gobierno se sostiene que el objetivo de Arroyo Salgado es llevar la causa a la justicia federal, de la que forma parte, de manera de encontrar una fiscal de instrucción más permeable que Viviana Fein. Denuncia La Cámara Federal convocó a una audiencia el próximo jueves 19 para decidir si da curso o no a la denuncia del fiscal Nisman. La denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y apelada por el fiscal Gerardo Pollicita. “La denuncia de Nisman no contiene ningún elemento de prueba de lo que denuncia, pero además, aen cuando hubiera prueba, lo que está denunciando no es un delito”, dice a Apro Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas. “Creo que esto forma parte de una campaña continental que se está haciendo desde las entrañas del imperio –sostiene el jurista–. Con la muerte se genera una cosa mediática que, sin acusar de manera directa al gobierno, lo vincula con el ‘asesinato’, porque se empieza a hablar de ‘asesinato’, algo de lo que hasta ahora no hay pruebas, aunque es posible que haya sucedido”. Szmukler sostiene que el gobierno es el principal perjudicado con la muerte de Nisman. Y que es evidente que a la presidenta de la República “le tiraron un cadáver”. –¿Sobrevive la denuncia si se demuestra que hay suicidio? Es decir, si Nisman se suicidó, ¿su denuncia quedaría invalidada? –se le pregunta al jurista Julio Maier. –La denuncia no queda invalidada –refiere Maier–. Si yo hubiera efectuado una denuncia correcta, válida, el hecho de que después me suicide no significa absolutamente nada. En todo el mundo se entiende por denuncia la información a la autoridad competente de la comisión de un delito de acción pública –explica–. Esto es lo que no tiene la denuncia de Nisman, no lo tiene, vivo o muerto, suicidado o asesinado. La denuncia ni gana ni pierde con la muerte del fiscal. La muerte de Alberto Nisman se ha vuelto un factor importante en la campaña electoral para las elecciones presidenciales 25 de octubre. Los grandes medios colocan al gobierno en el banquillo de los acusados y la permanencia del caso en primera plana beneficia a los candidatos opositores. Condición –Nisman era un hombre que tenía contacto con servicios de inteligencia argentinos y extranjeros. Algunos de sus propios pares creen que Nisman era a su vez un agente. Cuando jueces y fiscales se internan en ese mundo, ¿se acercan o se alejan de la administración de justicia? –se le pregunta a Beinusz Szmukler. –Esto distorsiona totalmente la tan cacareada independencia de los jueces. Y del Ministerio Público Fiscal --contesta el exmiembro del Consejo de la Magistratura, organismo que promueve la designación de los jueces y controla su actividad. “No sé en qué juego está la doctora Arroyo Salgado –agrega–, porque no tengo ninguna duda que la doctora Arroyo Salgado tenía las mismas vinculaciones con (el exjefe operativo de la Secretaría de Inteligencia) Antonio Stiuso que tenía Nisman, o perecidas. Ningún juez federal en lo criminal correccional ha llegado al cargo sin el acuerdo de la Secretaría de Inteligencia. Eso no implica que después todos sean manejados por este organismo. Pero de la relación inicial no tengo ninguna duda. Esto lo sabe todo el mundo. Pero es una de esas cosas de las que no se habla. Porque una condición básica para que el pliego de acuerdo llegue al Senado ha sido siempre esa”. –¿Tiene responsabilidad el kirchnerismo con respecto de la connivencia de jueces y fiscales con servicios de inteligencia? –Sí, claro, porque lo ha tolerado durante todo este periodo –dice Szmukler–. Es un tema que viene de siempre. Además se ha manejado torpemente desde el punto de vista político en la designación de jueces. El jurista da por probada la existencia de la “cadena de la felicidad”, como se denomina en Argentina al pago a miembros de la justicia y de la prensa para incidir en los fallos y los mensajes que llegan a la opinión pública. A tal fin se usan fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia. –¿Hay también una “cadena de la felicidad” de las corporaciones? –se le pregunta. –No lo sé –dice el jurista–. Pero no tengo dudas de que hay jueces que responden a las corporaciones. Por corrupción económica, probablemente. O por pertenencia al mismo ámbito social. O porque son jueces que han sido educados como conservadores de un sistema en el cual las corporaciones económicas juegan un papel fundamental.