HERMOSILLO, Son. (apro).- Autoridades penitenciarias impidieron que el político y excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingresara a la prisión para visitar a los voceros yaquis, Mario Luna y Fernando Jiménez, presos desde septiembre de 2014. Esta mañana el coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno del Distrito Federal intentó ingresar al Centro de Readaptación Social (Cereso) 1, donde se encuentra preso Jiménez, pero personal del carcelario le negó el acceso bajo el argumento de que la visitas se deben programar con varios días de antelación y luego que un consejo valore las condiciones del encuentro. “Seguramente les incomodó que visitara a Mario y Fernando porque de otra forma no veo cuál sea la razón para esta negativa”, señaló el experredista. Luna se encuentra recluido en el Cereso 2 y es acusado, junto con Fernando y Tomás Rojo, de la supuesta privación ilegal de la libertad de Francisco Delgado Romo Pancho Romo, así como de robo de un automóvil. Al no poder cumplir con su cometido, Cárdenas se entrevistó con la gobernadora electa, la priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a quien solicitó la liberación inmediata de estos los líderes yoremes tan pronto como rinda protesta como jefa del Ejecutivo, el próximo 13 de septiembre. En febrero pasado, un tribunal concedió la orden de formal libertad a los voceros yaquis por falta de pruebas, pero la autoridad estatal exigió la revisión del caso y eso frenó su excarcelación. Luna y Jiménez fueron detenidos por ser la voz de los yaquis en la batalla que libraron contra el gobierno de Guillermo Padrés por su oposición al trasvase de agua del río Yaqui al Sonora, a través del acueducto Independencia. Dicha obra es el mayor orgullo del gobernador saliente y la oposición a la misma generó una guerra política que culminó con la detención de Luna y Jiménez. Ante esto, el actual vocero de la tribu, Miguel Ángel Cota Tórtola, consideró que los funcionarios encargados de impartir justicia – jueces, ministerios públicos y el procurador sonorense– deben ser castigados por el daño moral y económico causado a los detenidos y sus familias. “Aquí la justicia se va a revertir, y los juzgadores deben ir a la cárcel y los inocentes deben estar libres; este tipo de justicia aplica al gobernador Guillermo Padrés y al procurador Carlos Navarro, además de los jueces y ministerios públicos que llevaron el asunto porque deben de pagar lo que hicieron”, sentenció.