MONTERREY, NL (apro).- Familiares de desaparecidos en la entidad pidieron a la autoridad federal que dicte una sentencia imparcial en el caso de soldados que presuntamente asesinaron a una pareja en el municipio de Anáhuac. Las demandantes, integrantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores) de esta entidad, enviaron una carta al juez primero de distrito en materia penal en la entidad, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, para que “ofrezca esperanza de justicia” a los deudos de Rocío Romelí Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, los esposos que fueron acribillados el 3 de marzo de 2010 en ese municipio ubicado a 220 kilómetros al norte de la capital. Los autores materiales del homicidio, al parecer militares en activo, no han sido encarcelados. Grupo Amores precisa que la inminente sentencia, dentro del proceso penal 95/2012-I, puede darle a los familiares acceso a la justicia y la posible reparación integral del daño. En la misiva, que entregaron hoy en el juzgado, dsetacan: “La sentencia que usted dictará en el presente procedimiento servirá para fomentar el debate en los procesos de militarización de la seguridad pública, en los cuales no sólo la población civil ha sido víctima, sino también los mismos militares que no cuentan con un marco legal para combatir de manera efectiva al crimen organizado”. Grupo Amores y los familiares de Rocío y Juan Carlos han sido acompañados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), en la búsqueda de justicia en el caso de la aparente ejecución extrajudicial cometida por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), caso que se sigue en las averiguaciones SC./240/2010/VI // AP 7ZM-16-2010-11 // AP 26/2010. De acuerdo con un recuento de hechos elaborado por Cadhac, el día de los hechos las dos víctimas salieron a las 12:15 horas de la maquiladora donde trabajaban para recoger a sus hijas en el kínder. Al llegar donde estaba estacionado su coche, en el cruce de las calles Don Martín y Maza de Juárez, ocurrió un enfrentamiento entre miembros del Ejército y presuntos integrantes de la delincuencia organizada. En la balacera dos de los hombres armados se introdujeron el auto de la pareja. En ese momento Juan Carlos resultó lesionado en un brazo y los dos se ocultaron detrás de un vehículo. Después de que murieron seis civiles, presuntos delincuentes, los esposos salieron con las manos en alto para entregarse. Rocío pidió a gritos ayuda para Juan Carlos, pero recibieron disparos que los derribaron y, ya en el suelo, fueron rematados con el tiro de gracia. En el comunicado que la Sedena difundió al día siguiente se reportó que habían abatido a ocho delincuentes, entre ellos una mujer conocida como “La Gata”. En el certificado de defunción de los esposos se señalaba que habían muerto mientras participaban en un hecho delictivo. El 15 de junio de 2011, la Sedena suscribió un convenio con Juan Manuel Elías, hermano de Rocío, mediante el que le fue entregada una indemnización como reparación del daño moral y material, aunque los responsables no han pisado la cárcel, acusa Cadhac. La CNDH documentó violaciones múltiples a los derechos humanos en las que incurrieron los militares en el caso de la ejecución de los esposos, por lo que emitió la recomendación 42/2011. En su reporte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisó que la pareja no eran criminales, como lo señaló inicialmente la Sedena, además de que la versión inicial del incidente no sólo no describía verazmente los hechos, sino que además mostraba que las pruebas en el lugar de los hechos habían sido manipuladas por los militares para simular que los esposos eran agresores armados. Las autopsias revelaron que Rocío y Juan Carlos recibieron 14 y 16 balazos cada uno. En el caso de ella, la CNDH comprobó que del total de heridas, 12 presentaban quemaduras, lo que permitía concluir que los disparos fueron efectuados a quemarropa, a menos de 70 centímetros, con el propósito de quitarles la vida. Los cuerpos también fueron desplazados de su posición y se les colocaron armas. El Ejército mintió en su reporte, al señalar que la identificación de Juan Carlos fue encontrada en un vehículo de los agresores, mientras funcionarios de la PGJE señalaron que el documento estaba en el bolsillo de la víctima. Según Cadhac, en el proceso penal 95/2012-I que lleva el juzgado de distrito, el 7 de marzo del año pasado se decretó sentencia absolutoria a Alain Josúe Reyes González por el delito de simulación de existencia de pruebas y a Francisco Gabriel Meléndez Zamora, por el de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército en su modalidad de dar parte contrario a lo que sabía. Sin embargo, el MP federal apeló la sentencia y el 19 de junio de2014 el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito (toca 155/2014) revocó la sentencia absolutoria a Reyes González y Meléndez Zamora, y ordenó al juez de origen reponer el procedimiento hasta la etapa de instrucción, así como reconocer el carácter de víctima a los familiares, para que éstos designen un asesor que actúe en el procedimiento.