MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio la razón a los vecinos del Barrio de La Conchita en el caso del Centro Cultural Elena Garro, que se inauguró hace tres años: Nunca debió construirse por tratarse de una zona habitacional y formar parte del Centro Histórico de Coyoacán. El ombudsman emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vialidad (Seduvi) por omisiones en el uso de suelo y aplicación incorrecta de normas técnicas que permitieron autorizar obras que incumplen con la zonificación respectiva. En respuesta a la queja de los vecinos por la construcción en la gestión panista en el predio de Fernández Leal 43, se advierte: “Se acredita que existen deficiencias administrativas en el cumplimiento de los preceptos de la planeación urbana y el ordenamiento territorial; deficiencia en la convalidación de constancias de uso de suelo, en el uso máximo de recursos técnicos y de comunicación intra e interinstitucional, así como falta de vigilancia y supervisión, lo cual violó el derecho a la seguridad jurídica en agravio de la persona peticionaria A y de los vecinos de la zona.” A juicio de la CDHDF, se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica, a la vivienda adecuada en relación con el derecho a un nivel de vida adecuado, y a un medio ambiente sano, dando razón a los colonos a los que se refiere como agraviados. Jorge Martínez Stack, vecino y entonces coordinador del Comité Vecinal del Barrio de la Concepción, declaró a Apro: “Todo esto nos hace pensar que no estábamos locos, que teníamos razón, así de simple. Esperamos tomar medidas y pensamos en colocar una manta que diga ‘Educal es un fraude, Derechos Humanos del DF nos dio la razón’.” El Centro Cultural, dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fue autorizado en octubre de 2008, y durante su construcción fue suspendido en al menos tres ocasiones: se clausuró en septiembre de 2010 por falta de medidas de seguridad; de enero a junio de 2011 estuvo detenido por no contar con la documentación sobre el impacto vial, y ese mismo año, en agosto, frenó sus actividades por la muerte de un trabajador de la obra. Proceso siguió el caso del Centro tanto en su edición impresa (1765, 1810, 1863 y 1873) como a través de diversas notas publicadas por Apro y en la página proceso.com.mx. Incluso, el comité vecinal logró que se emitiera una anulación a la construcción por el cambio de uso de suelo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en junio de 2010, pero no llegó a más debido a dos impugnaciones: una realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y otra por el Conaculta. “El mismo juez que nos dio la razón contra Educal después, digamos, se echó para atrás, incluso se habló de un cabildeo de Consuelo Sáizar (entonces presidenta de Conaculta), aunque en la misma sentencia de alguna forma nos dio la razón diciendo que no podía intervenir. “Después de inaugurarse el Centro la gente se cansó y frenamos las protestas; sin embargo, esto es histórico, porque se reconoce que se violaron nuestros derechos humanos”, dijo.