A partir de las declaraciones –obtenidas mediante tortura– de un exmarino presuntamente ligado con el crimen organizado, varios efectivos de la Armada –entre ellos, dos capitanes de navío– fueron aprehendidos a mediados del año pasado por sus compañeros de armas y por agentes de la PGR. Estuvieron secuestrados e incomunicados durante mes y medio, sometidos a torturas y amenazas contra sus familias, para obligarlos a declararse culpables de trabajar para Los Caballeros Templarios. Ahora, presos en el Campo Militar Número Uno, se han amparado y dos de ellos ya están libres. El caso de la Semar contra los suyos se desmorona. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En mayo de 2014 los aprehendieron. Durante mes y medio sus compañeros de armas los tuvieron secuestrados e incomunicados en alta mar. Los llevaron de nave en nave y los torturaron física y mentalmente. Los obligaron a estampar sus firmas en declaraciones fabricadas, en las cuales confesaban trabajar para Los Caballeros Templarios. Falsificaron las rúbricas de quienes, pese a todo, se negaron a firmar. Son 15 marinos y dos capitanes de la Décima Zona Naval (DZN) de la Secretaría de Marina (Semar). Mientras tanto, en la DZN –con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán– les mentían a las esposas de los detenidos: “Están de comisión”, se justificaban ante la falta de noticias de sus cónyuges. Denunciaron también que sus domicilios eran “acechados y fotografiados” por personas a bordo de vehículos de la Semar. No conocieron la situación de sus maridos sino hasta los últimos días de junio de ese año, cuando se oficializó su detención y los trasladaron al Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México, acusados de delitos contra la salud y traición a las fuerzas armadas. De acuerdo con testimonios que obran en la causa penal 197/2014 –de la cual este semanario tiene copia–, la mayoría de los detenidos asegura que fueron obligados a firmar sus declaraciones después de que los torturaron agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR y de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) de la Semar, quienes los amenazaron con dañar a sus familias. (Fragmento del reportaje que publica la revista Proceso 2022, ya en circulación)