MÉXICO, D.F. (apro).- Sin rebasar el plazo constitucional, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó este martes a Abraham Torres Tranquilino, el segundo implicado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, al Reclusorio Preventivo Oriente. Curiosamente, el expolicía capitalino -y también exconvicto- fue inculpado por los mismos delitos que Daniel Pacheco Gutiérrez, el primer detenido por el caso: homicidio, feminicidio y robo. De esa forma, la PGJDF fortalece la hipótesis de que el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz y la mujer de nacionalidad colombiana Milena Virginia Martín, tuvo como móvil el robo. Esta línea de investigación ha sido severamente cuestionada por los abogados coadyuvantes de la familia de Rubén y Nadia, quienes han insistido en que la Procuraduría capitalina no deje de lado la indagatoria por las amenazas que ambos sufrieron por parte del gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte. En su edición 2024, Proceso publicó una entrevista con los abogados Karla Michel Salas y David Peña, coadyuvantes de la familia de Nadia Vera, en la que aseguraron que la línea de investigación del robo “se sostiene con alfileres porque la autoridad no ha determinado qué se robaron los asesinos”. Este martes, en un comunicado de apenas tres párrafos, la dependencia comandada por Rodolfo Ríos Garza precisó que “por el momento está impedida jurídicamente para difundir mayores detalles de la investigación”. La razón: la medida suspensiva decretada por María Catalina de la Rosa, juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, en el expediente 804/2015-IV. La autoridad ordenó que “resguarden la totalidad de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1 y no la hagan del dominio público”. Este amparo fue promovido Alma Cristina Espinosa Becerril y Perla Patricia Espinosa Becerril, hermanas del fotoperiodista Rubén Espinosa, para evitar las filtraciones y la revictimización de las familias afectadas del multihomicidio. La autoridad concedió la medida cautelar y citó a las interesadas para mañana 2 de septiembre para audiencia incidental y el 24 de septiembre para la constitucional. De acuerdo con la promoción del amparo, las hermanas Espinosa Becerril acusaron que la PGJDF fue omisa para el resguardo de la información contenida en el expediente y para evitar las filtraciones de la información a la prensa. Agregaron que éstas generaron estigmatización, criminalización y revictimización, equiparables a tormento e infamia, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Aseguraron que con estas omisiones se violaron los derechos a la vida privada, integridad personal, intimidad y datos personales. La detención La noche del pasado domingo 30 de agosto, Ríos Garza ofreció una conferencia de prensa -en la que no aceptó preguntas de los reporteros-, para informar de la captura de Abraham Torres Tranquilino. El funcionario detalló que se trata de un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) de 24 años, quien fue detenido por una orden “urgente” a manos de policías de Investigación en calles de la delegación Iztapalapa alrededor de las 17 horas. Lo que sí dijo fue que en 2011, Torres Tranquilino fue consignado por el delito de tortura y sentenciado por ejercicio indebido del servicio público a cuatro años y ocho meses de prisión. No obstante, no cumplió ni la mitad de la sentencia pues el 29 de octubre del 2012 obtuvo su libertad condicional. El procurador aclaró que no se daría a conocer el rostro del detenido, debido a una petición de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). La PGJDF capturó a Abraham Torres Tranquilino, con base en la primera declaración de Daniel Pacheco Gutiérrez, detenido el pasado 4 de agosto en Coyoacán, como primer implicado en el multihomicidio. El sujeto aceptó haber estado en el lugar de los hechos –la policía encontró una huella digital suya en un clóset–, pero negó haber cometido algún crimen. Según Daniel, hacia las 11:30 horas del pasado 31 de julio, Abraham –un “viene viene” que trabaja en un centro comercial de Coyoacán– le llamó por teléfono para invitarlo al departamento de la colonia Narvarte a visitar a Milena Virginia Martín. Dijo que en el trayecto se encontró con Omar, “un malabarista” quien iba al mismo sitio convocado también por Abraham. Agregó que ambos se fueron en el metro y luego abordaron un taxi. En su relato, el detenido comentó que después de estar en el departamento, donde tuvo relaciones sexuales con una de las habitantes, salió hacia las 14:30 horas. Contó que Abraham le dio una mochila, cuyo contenido ignoraba, pero no le parecía extraño porque éste tenía una relación con Milena. Pacheco Gutiérrez aseguró que Abraham traía las llaves del auto Mustang rojo, presuntamente propiedad de la mujer colombiana; así que e lo llevó. Días después, el vehículo fue localizado por la policía en calles de la delegación Coyoacán. Aquel viernes Daniel regresó a la casa de su novia y no fue sino hasta el lunes 3 de agosto cuando, a través de la televisión, se enteró del multihomicidio. Entonces, dijo que llamó por teléfono a Abraham para preguntarle qué habían hecho él y “Omar” y le exigió que no lo metieran en problemas. El 10 de agosto, Daniel Pacheco Gutiérrez solicitó hacer una ampliación de su declaración en la que denunció que fue torturado y amenazado por los agentes investigadores que lo aprehendieron afuera de su domicilio. “Comenzaron a golpearme para introducirme a un auto que llegó; me subieron a golpes aplicándome la llave china. Me decían palabras obscenas, que me estaban esperando los colombianos, que no me hiciera pendejo, que ya sabían todo. Uno de ellos me presionó el cuello y perdí el conocimiento por unos segundos. Reaccioné a base de golpes. Me amenazaron de que si no los ayudaba irían por mi familia”. Luego de esa declaración, la CDHDF informó que le aplicaría el Protocolo de Estambul para saber si fue torturado al momento de su detención y posterior declaración. De resultar positivo el análisis, dicha declaración podría perder su validez y, con ello, el trabajo de la PGJDF.