CUERNAVACA, Mor., (apro).- En 2013, el gobernador Graco Ramírez recibió autorización para contratar un crédito por 2 mil 806 millones de pesos sin presentar proyectos ejecutivos de la obra a la que serían destinados esos recursos, admitió el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez, en comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso local. El auditor reveló que como parte de la auditoría especial realizada por mandato de la anterior Legislatura, ante la sospecha de que los recursos no se hayan aplicado de manera correcta, es decir, se hayan canalizado a rubros como el pago de gasto corriente o incluso la beca-salario a los jóvenes estudiantes de tercer año de secundaria en adelante. Esta inconsistencia, que parece menor, es de fondo, dado que vicia de origen la autorización dada por la anterior legislatura al gobierno de Graco para contratar los casi 3 mil millones de pesos, lo que ha empeñado una parte importante del presupuesto por los próximos 18 años. Loredo Méndez indicó que "para que se autorice un crédito se requieren proyectos ejecutivos y yo no conocí de ningún proyecto ejecutivo, ni por parte del Ejecutivo ni por parte del Legislativo", sostuvo. Incluso al cuestionarle los diputados sobre el recurso de 500 millones de pesos supuestamente destinados dentro del crédito a la construcción de la nueva sede del Legislativo, Loredo señaló que en su opinión la legislatura anterior y el gobierno de Nueva Visión "nunca se consideró seriamente ese proyecto". El funcionario explicó que "si ustedes ven la autorización del crédito, incluso viene hasta entre paréntesis "construcción de la sede del Poder Legislativo". Al revelarse las presuntas irregularidades, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alberto Mojica Linares, pidió al auditor aclarar las implicaciones del caso. "Lo que nos está diciendo es que no hay ningún proyecto, eso es lo que entendimos de sus palabras, que no hay proyecto en torno a los 500 millones y entiendo, es decir, se le entregó al gobierno del Estado un crédito de casi tres mil millones de pesos sin proyectos ejecutivos", fustigó. "Eso le correspondía a la legislatura antes de autorizar el crédito... Forma parte del proceso de fiscalización. Tanto la creación de fideicomisos como los proyectos", concluyó. Sin embargo, el auditor se negó a entregar las conclusiones de la auditoría especial al crédito, a pesar de que de acuerdo con algunos especialistas los plazos para concluirla se han agotado, por lo que los diputados le exigieron las observaciones. Y es que, en marzo pasado, Apro tuvo acceso a un pliego de observaciones preliminares en donde se establecía que el gobierno de Graco Ramírez pagó obras de ejercicios anteriores, así como eventos culturales, económicos y turísticos --entre otros-- de manera improcedente, con recursos del crédito de 2 mil 806 millones de pesos que le autorizó contratar el Congreso local para realizar obras y acciones específicas incluidas en un catálogo. De acuerdo con el documento, los créditos contratados como deuda pública por el gobierno estatal rondan los 4 mil 185 millones, entre los que se encuentra una deuda previa --por mil 378 millones--, más el nuevo endeudamiento promovido por la administración de Graco Ramírez por 2 mil 806 millones de pesos. Según este informe preliminar, la ejecución del millonario crédito apunta hacia el escándalo, fundamentalmente porque con él se pagaron obras que fueron autorizadas y construidas de 2008 a 2012, antes de que el Congreso aprobara la contratación del endeudamiento. De forma textual, el informe establece que se detectaron inconsistencias en "obras y acciones del ejercicio presupuestal 2013 devengadas, ejecutadas y pagadas antes del 10 de octubre de 2013, fecha de publicación de la autorización del Congreso al Ejecutivo para la contratación del crédito", aunque no se precisa qué obras ni el monto erogado. Estas presuntas anomalías sumarían más de 700 millones de pesos. Esta información dio pie a que la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos interpusiera, en marzo pasado, una denuncia contra Graco Ramírez por considerar que es responsable del delito de uso indebido de atribuciones, facultades y peculado por el gasto de un crédito de más de 2 mil 800 millones de pesos “en perjuicio de la sociedad morelense”. Alistan remoción Ante la negativa del auditor a entregar la información, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública anunciaron su determinación de iniciar el análisis jurídico para removerlo del cargo al frente de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. La secretaria del órgano legislativo, la diputada Silvia Irra Marín, del PVEM, acusó que utilizando “argucias jurídicas” Loredo Méndez se negó a entregar al Congreso el resultado de la auditoría especial a la que se le había fijado un plazo de 30 días naturales desde que fue instruida en octubre del año pasado. Y es que al acudir a la comparecencia, el auditor general se limitó a informar que a la fecha aún falta la elaboración de un dictamen técnico jurídico y agotar la posible presentación de un recurso de revisión por parte del ente auditado --es decir, el gobierno del estado--, lo que prevé que sea hasta dentro de mínimo dos meses más, cuando finalmente se presente el reporte final de resultados. Ante lo que consideraron una burla del funcionario, la diputada sostuvo que el Congreso "necesita en esa representación a una persona que esté al servicio del pueblo y no al servicio del gobernador, entonces vamos a tratar de hacer las gestiones necesarias para poder removerlo y poner ahí a alguien que tenga responsabilidad y sensibilidad de lo que vive el estado de Morelos". Luego aseguró que Vicente Loredo Méndez fue impuesto como titular de la ESAF por la legislatura anterior, a pesar de que se desempeñó como representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral, condición que lo vuelve parcial y le impedía seguir al frente del órgano de fiscalización. "Viene del partido en el poder y está cumpliendo las indicaciones que el Ejecutivo le está dando", denunció.