MÉXICO, DF (apro).- Durante 42 días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercerá las facultades de fiscalización en el estado de Sonora, por lo que en ese tiempo el gobierno de la entidad no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes. El organismo publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación el aviso por medio del cual comunica a la gobernadora Claudia Pavlovich que tomará a su cargo exclusivo el ejercicio de facultades de comprobación del 20 de noviembre al 31 de diciembre de este año, aclarando que a partir del 1 de enero de 2016 el gobierno estatal retomará dichas facultades. El SAT determinó lo anterior como resultado de un proceso que inició a principios de año, derivado de tres denuncias anónimas en las que se señaló que al omitir el cobro de mil 705 millones de pesos, en perjuicio del fisco federal, 574 contribuyentes fueron beneficiados a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del estado de Sonora, a quienes no se cobró. En atención y seguimiento a dichas denuncias, el SAT –dentro del marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora– realizó la verificación de 198 auditorías y detectó diversos incumplimientos a las disposiciones legales federales, así como anomalías en los procedimientos realizados por el estado. Derivado de lo anterior, señaló que el estado deberá reintegrar a la Federación 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados de manera incorrecta y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación. En el análisis realizado a los expedientes que corresponden a las actuaciones de la pasada administración estatal, se comprobó que dicha administración autorizó pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado y de retenciones de ISR e IVA, en contravención al Código Fiscal de la Federación. De igual manera, se detectó que se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia, y se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas, omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas, principalmente, generando con ello afectación a los intereses del fisco federal. El SAT destacó que inició auditorías a los mismos contribuyentes, las cuales se encuentran en proceso, e implementó el análisis y estudio para gestionar el correspondiente juicio de lesividad en 32 casos detectados, a fin de salvaguardar los intereses del fisco federal.