Ve la ONU insuficiente combate a la corrupción en México

MÉXICO, DF (apro).- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) dio a conocer una evaluación multilateral sobre los avances de México en el combate a la corrupción, tras suscribir la llamada Convención Mérida, y precisó que si bien el país ha registrado avances en la materia, éstos no son concluyentes.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Antonio Mazzitelli, jefe de la ONUDC en el país, presentó el mencionado informe con 34 recomendaciones al Estado mexicano, para que adecue su marco jurídico y diferentes procedimientos preventivos y sancionatorios por corrupción.

La evaluación fue dada a conocer en un evento realizado en la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular, Virgilio Andrade Martínez, aseguró que la mayoría de las recomendaciones quedaron subsanadas por las reformas en materia anticorrupción y la aprobación de la nueva Ley General de Transparencia, por lo que los puntos pendientes quedaban al arbitrio del Poder Legislativo.

En eso coincidió la directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Graciela Pizano, pero admitió que en lo tocante a extradiciones aún deben hacerse ajustes.

A pesar de los escándalos de corrupción –entre ellos la “Casa Blanca” de la pareja presidencial y otras residencias de colaboradores del presidente Enrique Peña Nieto, vendidas y financiadas por contratistas gubernamentales– que abollaron la imagen del gobierno federal, Mazzitelli aplaudió la gestión del mexiquense y consideró el 2015 como “un gran año” para México en materia anticorrupción.

Sin embargo, al presentar el informe de la evaluación, las recomendaciones emitidas por la ONUDC sirvieron para que su representante en México admitiera que los avances no son concluyentes.

Entre sus diferentes aspectos, dicha evaluación detalló que el marco legislativo debe analizar las definiciones de servidor público, tráfico de influencias, soborno, blanqueo de dinero y peculado.

En su informe, Mazzitelli también destacó la necesidad de ampliar los alcances y castigos a terceros implicados en prácticas corruptas, así como a inmuebles.

Pero no dejó pasar los reconocimientos al Estado mexicano por su Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Ley y Sistema de Víctimas, las funciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como la reciente instalación de los comités de ética en las dependencias y entidades gubernamentales.

Las recomendaciones al Estado mexicano, evaluadas con representantes de Perú y Azerbaiyán, tuvieron como base un tratado internacional redactado en 2003 en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (conocida como la Convención de Mérida).

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