COLIMA, Col. (apro).- Desde hace más de un mes la población de esta entidad se quedó indefensa en materia de derecho a la información, pues en este lapso renunciaron a sus puestos los dos últimos consejeros que quedaban en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado (Infocol), sin que los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan nombrado a los sustitutos. El presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, consideró en entrevista que esta situación constituye una falla, a la vez que exhibe la falta de responsabilidad de parte de las instancias facultadas para elegir a los nuevos integrantes del órgano de transparencia. El activista planteó que el proceso de selección de los tres miembros del pleno del Infocol “debe empezar a la voz de ya”, pues el perjuicio de que no se haga es para la sociedad, porque cualquier persona que necesite presentar un recurso contra una autoridad que niegue información no va a obtener una respuesta, dado que no hay algún consejero. La primera en retirarse del instituto fue la consejera presidenta Ximena Puente de la Mora, en mayo de 2014, cuando fue nombrada por el Senado para que encabezara el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Durante 15 meses el Infocol funcionó únicamente con los dos consejeros restantes, Edgar Noé Larios Carrasco, quien asumió la presidencia, y Carlos Arturo Noriega García, hasta que el 26 de agosto pasado el Congreso local exhortó al entonces gobernador Mario Anguiano Moreno a iniciar el proceso de nombramiento de la persona que sustituiría a Ximena Puente. Sin embargo, Anguiano únicamente dejó correr el tiempo y el 31 de octubre siguiente concluyó su mandato sin atender el llamado que le hizo el Legislativo. Sin que se hubiese complementado el número de miembros del pleno, en la primera semana de noviembre, en el marco de la reestructuración del Comité Estatal del PRI derivada de la anulación del proceso electoral de gobernador, el presidente del Infocol, Larios Carrasco, renunció al organismo para incorporarse como secretario de Organización del partido en la entidad. En consecuencia, el consejero único Carlos Arturo Noriega asumió la presidencia del instituto, pero desde entonces ya no hubo pleno que discutiera y resolviera los recursos presentados por los ciudadanos. Tres semanas después, el 26 de noviembre, en lugar de realizar las acciones para complementar los tres consejeros que por ley deben integrar el pleno del Infocol, el gobernador interino Ramón Pérez Díaz terminó de descabezar al organismo al nombrar secretario de Planeación y Finanzas de su administración al único consejero que permanecía en el ente de transparencia. En el comunicado mediante el cual dio a conocer la renuncia de su último consejero, el Infocol advirtió: “Ante esta situación, el pleno queda sin ninguno de sus tres integrantes, por lo que corresponde al titular del Ejecutivo iniciar el procedimiento para nombrar a los tres consejeros, de acuerdo con lo que establece el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que considera la emisión de una convocatoria abierta, invitando a las instituciones y organizaciones académicas, de profesionales y gremiales de la entidad para que presenten candidatos, de los cuales se enviarán propuestas al Legislativo, que deberá resolver por mayoría calificada a quienes ocuparán el cargo de consejeros”. Efraín Naranjo estimó que la situación actual del Infocol exhibe en gran medida el desinterés y la poca importancia que las autoridades dan al derecho a la información de los ciudadanos colimenses. “Se ve claramente que no les importa que la población carezca de herramientas y cuente con instituciones fuertes para defenderse, como ocurre en este caso y también en el de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros”, acusó. Según Naranjo Cortés, la ausencia de consejeros del Infocol abre una oportunidad para que el nombramiento de los nuevos integrantes de ese organismo surja de un proceso transparente y abierto a la sociedad, en el que se escuchen y analicen con seriedad las propuestas de las agrupaciones de la sociedad civil.