CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de los hechos ocurridos ayer en el penal de Topo Chico, Nuevo León, y en respuesta a las críticas que recibió por desatender los brotes de violencia en la entidad, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que su equipo está atendiendo la emergencia “grave, dolorosa y angustiante para muchas familias” por la muerte de 49 reos que ayer se amotinaron. “Tenemos que unir esfuerzos y en esa unión de esfuerzos hoy estamos dando la información que tenemos, estamos haciendo la investigación y vamos a actuar en consecuencia. “Les estamos diciendo la verdad, no estamos engañando a nadie, estamos asumiendo una responsabilidad y quiero hacerlo bien. Tenemos un equipo trabajando en ello”, destacó en un video que subió anoche a su cuenta de Facebook. Añadió: “Quiero asegurar a los ciudadanos que tenemos el control. El penal del Topo Chico es un penal que tiene un antecedente muy fuerte de sobrepoblación, no podemos resolver algo cuando no tenemos las herramientas para hacerlo”. Cuestionado por dar los primeros informes de la riña en el penal varias horas después de los hechos, ‘El Bronco’ expuso que la mañana de ayer dio una conferencia de prensa explicando las cosas y que después dio instrucciones a sus funcionarios para atender a la prensa “mientras yo estaba aquí (en su despacho) con el equipo de estrategia para tomar el control del penal”. Entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, una pugna por el control del penal de Topo Chico entre miembros de Los Zetas dejó 49 muertos, cinco de los cuales terminaron carbonizados. De acuerdo con ‘El Bronco’, a las 23:30 horas del miércoles se desató una riña entre reos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, ‘El Credo’, y Juan Pedro Saldívar Farías, ‘El Z 27’. Por separado, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), precisó que ambos son integrantes del cártel de los Zetas. De los muertos, 40 habían sido identificados hasta la noche de ayer y otros 12 reclusos resultaron heridos, de los cuáles cinco están graves. La riña entre los grupos rivales ocurrió entre las áreas C2 y C3 del viejo penal, con más de 70 años de funcionamiento y una capacidad para 2 mil 500 huéspedes, aunque actualmente tiene 3 mil 800. De ese total, 460 son mujeres. En el exterior fue desplegado un contingente de soldados, marinos y elementos de la Policía Federal que establecieron un cerco, mientras en la entrada del lado sur del penal centenares de familiares demandaban información que no era entregada. Desesperados, algunos arrojaron rocas a los agentes de la policía estatal Fuerza Civil, que resguardaban la entrada. El portón de barrotes fue empujado hasta que la cerradura dejó de funcionar y se abrió. Entonces tuvieron que ser improvisadas como barricadas dos patrullas. Algunas mujeres que se enteraron de la suerte de sus seres queridos sufrieron crisis de histeria, otras perdieron el conocimiento y fueron atendidas por los paramédicos. Simultáneamente, los penales de Apodaca y Cadereyta, que también maneja el estado, fueron objeto de sobrevigilancia de marinos y militares para prevenir otra revuelta similar a la de Topo Chico. Por la noche, un contingente de elementos de la Policía Federal tomó control de las instalaciones, en el interior y el exterior. Los cadáveres fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense, en el Hospital Universitario, que estaba fuertemente resguardado. Ahí fue instalada una mesa de atención a los familiares.