MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) informó que 380 servidores públicos (estatales y municipales) fueron sancionados mediante amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas, por violaciones a los derechos humanos. En su informe anual, el presidente del organismo, José Enrique Goff Ailloud, detalló que las sanciones a dichos servidores son resultado de diversos procedimientos de queja a través de la figura de la conciliación o con motivo de una recomendación emitida. Ante el pleno del Congreso local, el ombudsman yucateco señaló que en el periodo que va del 1 de enero al 31 diciembre de 2015, la Codhey recibió 4 mil 318 solicitudes de atención, es decir, un promedio de casi 12 asuntos por día. De 334 quejas registradas, 330 (98.8) fueron calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos, y por la trascendencia de los hechos se iniciaron nueve expedientes de oficio. Goff Ailloud precisó que los hechos violatorios más recurrentes en ese periodo fueron: prestación indebida del servicio público, con 205 denuncias; detención arbitraria, 201; lesiones, 152; violación a los derechos de los niños, 62; retención ilegal, 58, y amenazas, con 50 denuncias. También allanamiento de morada, con 48 demandas; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 41; robo, 38; violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad, 36; negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, 31; violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, 22; ejercicio indebido de la función pública, 13, y violación al derecho a la igualdad y trato digno, 12. El presidente de la Codhey destacó que las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con 136 denuncias; la Fiscalía General del estado (FGE), 47; Secretaría de Educación (SE), 36, y los ayuntamientos de Progreso y Mérida, con 14 y 11, respectivamente. De igual manera, los Servicios de Salud de Yucatán, con diez imputaciones; los ayuntamientos de Kanasín, Tizimín y Temozón, con ocho, siete y seis demandas, en ese orden; el Centro de Reinserción Social del estado, con seis; la Policía Municipal de Mérida, cinco; la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, cinco, y los ayuntamientos de Tekax, Ticul y Valladolid, con cinco cada uno. De acuerdo con Goff Ailloud, se conciliaron 185 expedientes de quejas y gestiones con un total de 44 autoridades. Y las instituciones que tuvieron las cifras más altas de conciliaciones son: la SSP, con 64; FGE, 38; SE, 18, y los ayuntamientos de Progreso y Mérida, con 11 y 10, respectivamente. Señaló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 58 medidas cautelares a un total de 14 autoridades, de las cuales 36 fueron aceptadas, y ante el Ministerio Público –añadió– se interpusieron diez denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que podrían ser delictivos. También se efectuaron 287 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades. Ante la FGE se realizaron 125 diligencias; en la SSP 109; Procuraduría General de la República (PGR), 47; Instituto Nacional de Migración (INM), dos; Policía de Mérida, dos; Centro de Reinserción Social, una, y Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del estado, una. Según el reporte de la Codhey, se realizaron 9 mil 457 diligencias con los quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar oficios, ratificar quejas o realizar la investigación de los hechos señalados como presuntamente violatorios de derechos humanos. Asimismo, se emitieron 26 recomendaciones a 22 autoridades, donde se incluye una recomendación general por violencia obstétrica dirigida a la Secretaría de Salud de Yucatán.