En Oaxaca no puede haber Alerta de Género porque no hay asesinos seriales: fiscal

Zapatillas tiradas afuera de la Segob en protesta por los feminicidios. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala Zapatillas tiradas afuera de la Segob en protesta por los feminicidios. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala

OAXACA, Oax. (apro).- La responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Iliana Araceli Hernández Gómez, destacó que en la entidad no puede declararse la Alerta de Género porque no hay asesinos seriales, ni desapariciones por la presencia de la delincuencia organizada.

Ello, pese a los 557 asesinatos de mujeres que se han registrado en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

De acuerdo con Hernández Gómez, aceptar una Alerta de Género es admitir que como gobierno no se está trabajando, “cuando sí se han hecho cosas”.

La fiscal aseguró que se han investigado los feminicidios cometidos en la entidad y ya hay resultados. De 2010 a la fecha, puntualizó, con métodos de investigación se detuvo a 125 asesinos de mujeres.

En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, Hernández Gómez admitió que también deben enfrentarse a los jueces que toman decisiones arbitrarias por desconocimiento, apreciaciones o interpretaciones de la ley en cuanto al tema del feminicidio.

Y detalló que de 2010 al 19 de febrero de 2016 se cometieron 557 asesinatos de mujeres, de los cuales alrededor de 200 pueden tipificarse como feminicidios, según la reforma al Código Penal realizada por el Congreso local a finales de 2012.

De acuerdo con datos oficiales, en 2010 se perpetraron 71 asesinatos de mujeres y un año después 13 más, es decir 84, mientras que en 2012 bajaron a 80 y en 2013 la cifra volvió a subir a 84. En 2014 se cometieron 129 asesinatos, 91 en 2015 y 18 hasta el 19 de febrero de 2016.

Del total de esos 557 asesinatos de mujeres, la región de la Costa ocupa el primer lugar con 129, seguida de los Valles Centrales con 98, la Mixteca con 94, el Istmo con 74, la Sierra Sur con 59, la Cuenca del Papaloapan con 48, la Cañada con 37 y la Sierra Norte con 16.

La fiscal hizo hincapié en que también recibieron ocho mil 721 denuncias de violencia intrafamiliar de 2010 al 19 de febrero de 2016, así como tres mil 601 por delitos sexuales y 232 por trata de personas o corrupción de menores.

En ese mismo periodo, subrayó, se han ejecutado mil órdenes de aprehensión, de las cuales 379 son por violencia intrafamiliar, 307 por violación, 201 por abuso sexual, 46 equiparadas a la violación, 43 por estupro, 12 por trata de personas, siete por corrupción de personas y cinco por hostigamiento sexual.

A su vez, la comandante del grupo de feminicidios, Elizabeth Torrija, se quejó de que en Oaxaca no existe la cultura de la denuncia, por lo que tienen que realizar mucha labor de convencimiento para poder indagar.

Otro obstáculo que enfrentan es que “el juez pide mucho, nos topamos con la cerrazón y se hace lo humanamente posible traer a las testigos o para llevarlas a que identifiquen el cadáver”.

Destacó que al grupo de investigación de feminicidios llegan citatorios que hay que llevar y luego trasladar a los testigos, “y vemos que la tragedia es mayor porque cuando matan a una mujer hay un daño colateral porque se quedan huérfanos y hay que conseguirles ropa, alimentos o donde puedan dormir”.

Por su parte, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro, destacó que el grupo de feminicidios cuenta con un equipo de peritos, policías y agentes del Ministerio Públicos especializados para esclarecer los casos.

Y coincidió con la comandante Torrija en que si bien no hay un fondo de apoyo a las víctimas de feminicidios, “hay que cargar con testigos. Llevan a sus hijos y hay gastos. En ocasiones hasta se les tiene que pagar lo que ganan al día para que dejen su trabajo y vayan a testificar”.

Aclaró que en muchas ocasiones no coinciden las estadísticas con los datos de las organizaciones civiles porque éstas se basan en seguimientos hemerográficos de la nota roja y contabilizan a mujeres que fueron tiradas en territorio de Oaxaca, pero pertenecen a Veracruz.

Lo que es peor, apuntó, es que en la reforma al Código Penal de 2012 existen elementos subjetivos que los jueces piden demostrar para tipificar los asesinatos de mujeres como feminicidios, por ejemplo, exponer que el feminicida efectivamente quería hacer sufrir a su víctima antes de matarla.

Dicha reforma, en su artículo 411, dice que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, (y) se entiende por razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le genere sufrimiento.

“Que existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la víctima; que el cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados u ocultados; que el cadáver o restos de la víctima hayan sido expuestos en lugar público; que haya sido incomunicada o privada de su libertad, y (que el feminicidio se haya cometido) por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia”.

En su artículo 412, el Código Penal establece que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 60 años de prisión y una multa de 500 a mil salarios mínimos.

Y “si entre el activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, adopción, matrimonio, concubinato, relación de convivencia, noviazgo, amistad, laboral, docente, tutela o cualquier otra que implique confianza, además de la pena que le corresponda, se le impondrá hasta un tercio más de la misma”.

El mismo apartado destaca que se impondrá “hasta dos tercios más de la pena cuando el sujeto activo se encuentre en servicio o se haya desempeñado dentro de los cinco años anteriores a la comisión del delito como servidor público integrante de las corporaciones de seguridad pública, de las instituciones de procuración e impartición de justicia o de las fuerzas armadas”.

Al preguntarle qué lugar ocupa Oaxaca en feminicidios, la fiscal dijo que no se puede uniformar porque existen diferentes leyes, es decir, no están homogenizadas las normas, como en el caso de Chihuahua, donde se tipifica como feminicidio todo asesinato cometido en contra de la mujer.

Lo más conveniente es que el feminicidio se hubiera puesto como agravante para aumentar la pena, añadió, e hizo hincapié en que de los 18 asesinatos de mujeres cometidos hasta el 19 de febrero de este año, en 10 se podría tipificar el feminicidio, seis casos más podrían ser homicidios calificados y dos casos parricidio.

Este martes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 19 artistas plásticos donaron parte de sus creaciones y dieron forma a la exposición “Mujeres: inmanencias y trascendencias”, inaugurada en el Museo del Palacio.

En el acto inaugural, el fiscal de Justicia, Joaquín Carrillo Ruiz, destacó que “no hay dinero que alcance para reconstruir el tejido social que se rompe cuando una mujer es víctima de la violencia feminicida, sin embargo –agregó–, el dinero recaudado será destinado directamente para ayudar a las víctimas de violencia familiar que pierden prácticamente todo”.

El funcionario estatal afirmó que los recursos recaudados se donarán para equipar y brindar los insumos necesarios al albergue para mujeres víctimas de violencia en Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del estado.

Y, como parte de su “Guelaguetza por la no violencia”, los artistas Román Andrade, Saúl Castro, Manuel Molina, Francisco Thompson, Rosendo Vega, Karla Wong, Alejandra Carbalido, Julio Garcés, Max Sanz, Shinzaburo Takeda, Guillermo Rito, Giovanni Varell, Víctor Manuel Santiago, Miriam Ladrón de Guevara, César Gustavo Méndez, Manuel Miguel, Guadalupe García, Jaziel Vásquez Alavez y María Fernanda Torres García donaron una obra cada uno para crear un fondo.

A su vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exigió defender los derechos humanos de las mujeres para superar el rezago social, pues tan sólo en 2015, precisó, atendió a mil 327 mujeres que presentaron quejas por posibles violaciones a sus prerrogativas fundamentales.

Y entre las dependencias oficiales que con mayor frecuencia violan los derechos de las mujeres en Oaxaca aparecen en primer lugar las autoridades municipales, con 379 quejas contra los ayuntamientos en 2015, seguidas del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), con 281, y la Secretaría de Seguridad Pública, con 137.

La DDHPO documentó que el principal derecho violentado en 2015 contra las mujeres fue la seguridad jurídica, con 386 casos, una preocupante porque, dijo, el acceso a la justicia plena es fundamental para combatir la impunidad y erradicar la violencia feminicida que ha aumentado de manera alarmante en los últimos años.

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