Suspenden construcción de autopista en Xochicuautla; pobladores a la expectativa

LERMA, Edomex. (apro).- El gobierno del Estado de México se comprometió a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en Xochicuautla, en tanto se realizan mesas técnicas para buscar alternativas al proyecto.

El acuerdo se desprendió de la mesa de diálogo que, a final de cuentas, sí se concretó este miércoles en la Ciudad de México ante presencia de autoridades en materia de derechos humanos, estatales y comuneros.

Los participantes dejaron por escrito el compromiso de atender las afectaciones provocadas por la maquinaria de obra el pasado 11 de abril y reparar el daño a Armando García Salazar y su familia, cuya vivienda fue demolida, a fin de que recuperen su patrimonio.

Además, las autoridades mexiquenses se comprometieron a retirar a la Policía Estatal del lugar y sólo dejar una “pequeña presencia para el resguardo de la maquinaria” que se encuentra a un kilómetro de distancia de las tierras comunales.

Según el convenio, “el gobierno del Estado de México realizará los trabajos necesarios para reparar los daños a la tubería de agua de la comunidad”.

Policías del Edomex en Xochicuautla. Foto: Eduardo Miranda

Policías del Edomex en Xochicuautla. Foto: Eduardo Miranda

Respiro

Xochicuautla se encuentra en pausa. Es sólo una tregua, sus habitantes lo saben. El enemigo, Autovan, está a la espera de su presa; cada 20 minutos el sobrevuelo de helicópteros del gobierno del Estado de México se los recuerda.

Los vecinos tienen miedo, pues saben que los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan pueden reactivarse en cualquier momento. “Pueden venir de noche”, reconocieron decididos a montar guardias.

Si lo desea y se lo propone, en cualquier momento la empresa, auxiliada por la fuerza pública y de forma violenta, devorará el bosque y, junto con él, algunas viviendas y la ermita sagrada, temen los habitantes.

Eso le pasó a la enfermera María Gisela Jaimes. La mañana del 11 de abril, mientras se encontraba de guardia en un hospital de Amatepec, su esposo Armando García le notificó por teléfono que su casa estaba rodeada por granaderos y le adelantó la posibilidad de que las máquinas la demolieran.

“Cuando llegué y vi los escombros, sentí que me partían en dos el alma… Hace dos meses perdí un hermano, lo sentí, pero siento más esto, es muy feo. Siento impotencia, que no soy nada, que me destrozaron la vida, me siento acabada. A empezar de nuevo, de cero”, confiesa como obligándose a no dolerse.

Esa casa “era el único patrimonio que teníamos; con esfuerzo lo construimos, ni siquiera lo habíamos terminado, llevamos de ocho a 10 años trabajando”, cuenta.

Desde entonces, sus dos hijos –uno de 18 años y otra de 17–, ella y su marido han dormido en el campamento de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, cubiertos “con dos cobijitas y mucho frío”.

Sobre sus hijos, narra que ambos estudian la prepa: “La niña está más angustiada, más triste, pasa llorando, no quiere comer, no quiere ir a la escuela. El niño es más reservado, más valiente. Ella quiere ser enfermera, él médico, pero ya se quieren ir de Xochicuatla”.

Aquella mañana, recuerda, los policías derribaron la puerta, sacaron a empujones a quienes se encontraban dentro, “a una señora la golpearon con todo y nieta”.

Con ayuda de algunos vecinos, su esposo alcanzó a rescatar algunos muebles de la planta baja: “un refri, la vitrina, dos mesas, la lavadora, el Cristo, las imágenes, pero nada más”. El resto de los muebles, documentación e identificaciones quedaron entre los escombros.

La vivienda fue demolida sin una notificación previa, sin orden de desalojo y a pesar de la suspensión definitiva ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015.

“No nos habían comprado el terreno. A mi esposo no le habían pedido que desalojara, llegaron si avisar y la sorpresa fue que ya lo venían a derribar. A él lo manaron citar varias veces a Lerma, fue a dialogar, pero quedó firme en que no pasa la carretera. Yo creo que eso les dolió a ellos”, considera.

Por eso, la mujer confía en que las autoridades y la empresa evalúen la casa, valoren los bienes perdidos y los indemnicen de manera justa. “No nos vayan a querer dar migajas o reubicarnos”, advierte.

El lugar donde se construirá la carretera de Higa en Xochicuautla. Foto: Eduardo Miranda

El lugar donde se construirá la carretera de Higa en Xochicuautla. Foto: Eduardo Miranda

Temen afectación a acuífero

Esta mañana, los granaderos estaban listos para irrumpir en el poblado y continuar las obras, pero el diálogo roto ayer por la noche entre comuneros, la empresa Higa y los gobiernos federal y estatal se reinstaló hoy en la capital del país.

Sin embargo, aun cuando se replanteara el trazo de la autopista por la demarcación, Nicolás Ramírez, habitante de la comunidad, advirtió que están en contra de la vialidad por la afectación a los mantos acuíferos.

“La postura es que no entren, los vecinos no están dispuestos a que se les derriben sus casas, nuestra lucha no es a cambio de algo, queremos que se respete la suspensión de los amparos, mantener nuestro bosque, ya se derribaron miles de árboles”, dijo.

Dominga Villada, integrante del Consejo Indígena Xochicuautla, exigió “que reparen los daños, no hubo consulta previa. Si hay una ley, que la respeten, no se vale que cada quien haga lo que quiere”.

De origen otomí, expuso que hoy ya estaban listos para irrumpir los policías reunidos en plazas Outlet, donde suelen concentrarse, pero de último momento se replegaron.

A través de un comunicado, los comuneros responsabilizaron al gobernador Eruviel Ávila de cualquier agresión a la comunidad y sus habitantes.

“Son un mal gobierno –el estatal y federal–, le da mayor cabida a la gente de dinero, la autopista es un negocio, no será libre, a la mejor libre las cosas serían diferentes, pero no hay un beneficio para los habitantes ni para el bosque”, consideró Nicolás Ramírez.

El comunero consideró que los bosques de Xochicuautla resultan atractivos a los inversionistas, no sólo por su belleza para concretar desarrollos inmobiliarios, sino por su colindancia con los municipios de Huixquilucan, considerado de clase media alta, y el clasemediero Naucalpan. Cada uno con sus zonas de plusvalía: La Herradura y Satélite.

Desde esta mañana también comenzaron a llegar al poblado integrantes de 180 organizaciones civiles del país para solidarizarse con la lucha de los habitantes contra el proyecto carretero del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

Pide CNDH privilegiar el diálogo en caso Xochicuautla

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que realiza diversas diligencias en la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, Estado de México –como acompañamientos y la implementación de medidas cautelares–, para salvaguardar los derechos humanos de la población.

En un comunicado, el organismo exhortó a las partes para que continúe “el diálogo y la tolerancia y se construyan puentes de comunicación que permitan establecer acuerdos y solucionar el conflicto en un marco de legalidad y respeto pleno a los derechos humanos”.

El pasado lunes 11, alrededor de 300 granaderos de la policía del Estado de México ingresaron por la fuerza a la comunidad de Xochicuautla para destruir el campamento que los pobladores instalaron en defensa del bosque Otomí.

En el mismo operativo, Grupo Higa, cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa –contratista consentido del presidente Enrique Peña Nieto–, introdujo maquinaria para continuar con la ilegal construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, que devastará buena parte del bosque.

Las organizaciones integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) condenaron el desalojo y las agresiones sufridas por los pobladores.

Ese día destacaron en un comunicado que la comunidad de San Francisco Xochicuautla ha realizado actos de protesta pacífica desde hace cinco años en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, obra que atravesaría parte del sitio y afectaría zonas del bosque otomí.

El FLEPS repudió que este tipo de acciones contra la comunidad sucedan pese a la existencia de dos suspensiones de amparo, que evidencian un acto de uso desproporcionado de la fuerza y una clara afrenta a la legalidad.

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