Rechazan indígenas de Oaxaca concesiones mineras en la Sierra Juárez

OAXACA, Oax. (apro).- Indígenas zapotecos rechazaron las concesiones mineras otorgadas de manera “clandestina” en la Sierra Juárez, y denunciaron que personal de la Procuraduría Agraria acosa a sus comunidades para que acepten la certificación individual de parcelas y solares urbanos con el fin de privatizar su territorio.

Durante el Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”, realizado en Santa María Zoogochí, municipio de Ixtlán, autoridades municipales y comunales de la Sierra Juárez, junto con organizaciones indígenas, manifestaron su oposición a la operación de las concesiones mineras El Roble y el Roble II, autorizadas por el gobierno federal sin su consentimiento.

“Nuestras comunidades no fueron informadas en ningún momento, por ninguna institución del gobierno federal, que en el año 2010 se otorgaron las concesiones mineras El Roble y el Roble II –que abarcan 21 mil 72 hectáreas– a la compañía minera Teocuitla o Sundance o First Mining Corporation, mismas que afectan nuestras tierras y territorios”, revelaron los asistentes al foro.

Asimismo, consideraron que el gobierno federal, al otorgar de manera clandestina las concesiones antes mencionadas, “ha violado nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, máxime cuando a la fecha tenemos información de que se han realizado muestras exploratorias a lo largo de 15 kilómetros, donde se ha encontrado material altamente magnético asociado con una mineralización de oro de alta calidad en venas”.

Además, apuntaron, ha realizado muestras de reconocimiento con helicóptero (reconnaissance, término utilizado para operaciones militares).

La inconformidad radica en que “observamos que es práctica común de las empresas mineras despojar de sus tierras a las comunidades donde pretenden establecer sus proyectos a partir de su privatización, para lo que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos que implementan los programas Procede o Fanar”, señalaron.

Esto sin contar que las empresas mineras tienen como política romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, provocando la confrontación entre familias y miembros de la comunidad.

Y más: Promueven la desaparición de asambleas comunitarias u otros espacios para la toma de decisiones colectivas; corrompen a las autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales; establecen grupos paramilitares o de otra naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de defensores comunitarios.

La explotación minera, resaltaron los inconformes, es una industria que causa distintos tipos de contaminación ambiental y daños graves a la salud humana, de ahí que no se dejan ilusionar con sus promesas de regalías, generación de empleos u obtención de dinero fácil, porque saben sobrevivir como sus antepasados.

En el foro participaron las autoridades municipales y comunales de San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri, Santa María Zoogochí, San Juan Yagila, Santa Cruz Yagavila, San Miguel Tiltepec, Santiago Teotlasco, Santa María Josaa, Tanetze de Zaragoza y Capulálpam de Méndez.

También estuvieron presentes la Unión de comunidades cafetaleras “Unión y Progreso” (UCC), el Comité Procamino del sector Rincón, la radio comunitaria Yaxhil “Didza Lübe”de San Juan Yagila, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez (UNOSJO) y la organización de mujeres “Ngul Kuidi”.

Los asistentes reiteraron su rechazo total a la minería por todos los daños ambientales, sociales y culturales, así como a la salud humana que trae consigo esa industria, y señalaron que en particular se oponen a la operación en sus tierras de las concesiones mineras El Roble y el Roble II.

Manifestaron que sus tierras comunales “nos fueron heredadas por nuestros antepasados y son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Y rechazaron los programas de captura de carbono y otros esquemas oficiales que supuestamente defienden el medio ambiente y combaten el calentamiento global, ya que –apuntaron– inducen a la privatización de los recursos de sus comunidades.

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