Caso Ayotzinapa reveló infiltración de organizaciones criminales en policías municipales: PGR  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el Informe del “Caso Iguala”, sobre el estado que guarda la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en aquella localidad de Guerrero.

Los acontecimientos en los que fueron agredidos y privados ilegalmente de su libertad los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa “nos alertaron sobre fallas, abusos de poder, corrupción y la infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales municipales en la zona norte de Guerrero”, reconoció la PGR.

En el documento, admitió que el reclamo ciudadano ha sido contundente y que exige que los culpables sean llevados ante la justicia, que se les siga un proceso conforme a derecho, se les imponga el castigo que señala la ley, y por supuesto, se reparen los daños a las víctimas.

La PGR hizo un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria, el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, con el propósito de esclarecer los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.

Para comprender los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el informe establece que “es importante describir el contexto de delincuencia organizada” en el que tales acontecimientos se presentaron:

El grupo delincuencial autodenominado Guerreros Unidos tejió una red de complicidades, especialmente en Iguala, en Cocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos de seguridad municipal.

Su penetración, señala PGR sin dar nombres, alcanzó a diversos servidores públicos de ese orden de gobierno, quienes recibían de manera regular importantes cantidades de recursos; dinero que era destinado presuntamente, entre otras cosas, al control de la policía municipal.

Dentro de una prospectiva de la investigación, se investigará todos aquellos señalamientos de tortura y tratos crueles, así como de posibles irregularidades en el desarrollo de la indagatoria; y de existir elementos, éstos no quedarán impunes.

El informe señala que desde abril de 2015, se abrieron líneas de investigación sobre la posible participación de la policía municipal de Huitzuco en el “Caso Iguala” y para identificar y capturar a los restantes miembros de la célula criminal que operaba en ese municipio. Esa línea, dice,  se está investigando.

Otra línea de la indagatoria pendiente es respecto a un evento registrado la noche del 26 de septiembre sobre la carretera libre México-Acapulco en la zona de Mezcala, hecho que fue abordado el 27 de octubre de 2014. El 20 de diciembre del mismo año, las copias certificadas de la indagatoria fueron incorporadas al expediente.

Según la PGR se solicitaron a los integrantes del GIEI los datos de sus trabajos a efecto de estar en aptitud de atender las recomendaciones formuladas a esta Institución.

Además, se agiliza la tramitación de la asistencia jurídica internacional solicitada a las autoridades de Estados Unidos para profundizar en la línea de investigación sobre el llamado “quinto autobús”.

La PGR insiste en que en el caso concreto, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrieron en un contexto de inseguridad y delincuencia organizada en la zona norte de Guerrero, donde se ubican los municipios de Iguala y Cocula.

En esa región, agrega, la organización delictiva Guerreros Unidos tiene fuerte presencia que impacta en la seguridad de los habitantes de aquella zona. Ese grupo, añade, rápidamente cobró notoriedad debido a que se fue conformando con células de sicarios de un perfil violento.

Aunado a lo anterior, continúa la dependencia, Guerreros Unidos ha venido disputándose áreas de influencia con otras agrupaciones delincuenciales y en su desarrollo ha tejido una red de complicidades, especialmente en Iguala y Cocula; infiltrándose como se investiga en diversas indagatorias penales, en los cuerpos de seguridad municipales, proveyéndolos de recursos económicos y coludiéndose con diversos servidores públicos de ese orden de gobierno.

La Procuraduría asegura que el modo de operar contra sus enemigos, atiende a diversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva que genera desmanes en su territorio y que “calienta la plaza”.

Y advierte: “De darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la policía municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas, como ocurrió con los normalistas”.

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