Maduro: se cierra el cerco

Protestan en Venezuela por escasez. Foto: AP Protestan en Venezuela por escasez. Foto: AP

BOGOTÁ (apro).- Varias crisis que se desarrollan en forma simultánea y que se agudizan con el correr de los días le están cerrando el cerco al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las más obvias son la económica (la caída del PIB este año será de 8% y la inflación de 720%) y la política, que tiene su principal expresión en los escollos que ha puesto Maduro para someterse a un referendo revocatorio a pesar de que la oposición ha cumplido con los todos requisitos legales para activar el proceso que debe llevar a esa consulta.

Pero la crisis que pega más duro a los venezolanos y la que más amenaza la estabilidad del régimen es la social, que en ese país tiene múltiples rostros: la falta de alimentos y medicinas; el racionamiento de agua y luz; la inseguridad pública (cada 100 minutos ocurre un homicidio) y la pobreza, que según estimaciones de la Universidad Simón Bolívar afecta al menos al 55% de los venezolanos, cifra mayor a la de hace 17 años, cuando Hugo Chávez ganó la Presidencia.

Cada vez más personas en Venezuela tienen hambre. Las familias más pobres ni siquiera pueden aspirar a comer tres veces al día. Y no sólo por la escasez de alimentos –solo un tercio de los productos de la dieta habitual se consigue en el mercado–, sino porque la hiperinflación hace perder cada mes a los asalariados alrededor de la mitad de su poder adquisitivo.

El mes pasado, por ejemplo, el precio oficial del kilo de harina de maíz para preparar arepas (tortillas que no pueden faltar en la mesa del venezolano) fue fijado en 190 bolívares, un 900% más que lo que costaba en 2015.

Pero la escasez de ese producto en el mercado formal hace que se cotice a unos 1,500 bolívares en el “bachaqueo”, como se conoce en Venezuela el comercio informal. Esto quiere decir que un salario mínimo alcanza para comprar 10 kilos de harina de maíz al mes en el mercado paralelo.

Y es que, aunque el salario mínimo se ha incrementado en 123% en el último año, la inflación rebasó el 300% entre mayo de 2015 y mayo de 2016, de acuerdo con estimaciones de economistas privados.

Los venezolanos sujetos a ese ingreso –el 75% de los trabajadores formales, estima el Frente Autónomo en Defensa del Salario–, reciben el equivalente a 14.25 dólares.

El drama para los sectores más pobres del país es que los productos que más consumen no los encuentran la mayoría de las veces en los supermercados y en los centros de distribución oficiales y, por otra parte, sus ingresos son insuficiente para abastecerse en el “bachaqueo”, en el que están involucrados funcionarios chavistas que manejan la distribución de alimentos, policías e integrantes de la militarizada Guardia Nacional.

Con tanta insatisfacción social acumulada, en las últimas semanas se ha registrado una explosión de saqueos a supermercados, centros de abasto y camiones repartidores de víveres, además de decenas de protestas espontáneas en todo el país por la escasez de alimentos.

En especial, en los barrios populares, donde los vecinos se manifiestan en las calles, asaltan tiendas y atracan camiones repartidores con arroz, azúcar, carne, refrescos, cerveza y hasta con gallinas.

El mismo gobierno del presidente Maduro sabe que esa irritación popular es mucho más difícil que manejar que las protestas políticas. Tanto así, que muchos políticos chavistas han pedido a la policía y a la Guardia Nacional actuar con cautela ante ese tipo de actos.

Pero en los hechos, las protestas y los saqueos están desbordando a la fuerza pública. Y la represión va en aumento. Cada día hay más enfrentamientos de la policía con mujeres, niños y jóvenes que participan en los barrios en hechos de ese tipo y los heridos y hasta los muertos de bala en esas escaramuzas van en aumento.

La batalla política

Y mientras esto ocurre en el ámbito social, en el escenario político la batalla del gobierno contra la oposición también cobra más intensidad.

Maduro quiere impedir que el referendo revocatorio que impulsa la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se realice este año y ha dado muestras de que está dispuesto a pagar un alto costo para lograr ese propósito.

El presidente sabe que someterse en estos momentos a un referendo revocatorio equivaldría a perderlo (todas las encuestas así lo indican), lo que lo obligaría a dejar el poder mientras el Congreso convoca a nuevas elecciones.

Nadie duda que esto equivaldría al fin del régimen chavista. El 80% de los ciudadanos culpa a Maduro y a su gobierno de la crisis y ya en diciembre pasado los votantes hablaron con contundencia al otorgarle a la oposición las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

Todos los sondeos muestran que no hay manera de que en este contexto de crisis el chavismo pueda ganar legalmente una elección a la MUD.

De ahí el empeño del presidente en impedir que este año se realice el referendo revocatorio. Si este se lleva a cabo el año próximo y Maduro lo pierde, quien asumiría la presidencia sería el vicepresidente.

Hoy este cargo lo ocupa el exlíder sindical y dirigente chavista Aristóbulo Istúriz, pero en caso de lograr postergar el referendo para 2017, Maduro podría nombrar como vicepresidente a su esposa Cilia Flores, al número dos del régimen, Diosdado Cabello o, incluso, a él mismo.

Ya la oposición ha anticipado que el presidente podría estar urdiendo una treta de ese tipo con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (CNE), poderes públicos que le son absolutamente incondicionales y que no han tenido recato alguno para adaptar su interpretación de la Constitución y las leyes a los intereses específicos del mandatario.

Tan sumisos son los poderes Judicial y Electoral a Maduro, que el pasado sábado no fue el CNE, sino el presidente, quien actuando como autoridad electoral anunció al país que “el referendo revocatorio será el próximo año y punto”. Así de claro.

Pero más allá de la retórica y las bravuconadas, el cerco se le está estrechando a Maduro por diferentes frentes.

Y en estos momentos su mayor desafío no es la oposición política ni las fracturas al interior del chavismo ni la cada vez mayor presión internacional para que respete los derechos fundamentales de los venezolanos. Es algo más cotidiano y concreto: el hambre de la gente.

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