Familiares de desaparecidos en Chilapa reprochan a Astudillo su “indiferencia”

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Foto: Benjamin Flores Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Foto: Benjamin Flores

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares de personas desaparecidas en Chilapa reprocharon la indiferencia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores y autoridades federales frente a la dramática situación que se vive en este lugar que conecta la región Centro con la Montaña de Guerrero.

Los inconformes denunciaron que las autoridades no han cumplido con su promesa de encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables ni tampoco informan sobre el número de fosas, cuerpos o restos localizados en esta franja de la entidad.

Mucho menos, agregaron, tienen certeza de los supuestos análisis de ADN que se han practicado a las familias para compararlos con las víctimas encontradas y no existen apoyos a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

En contraste, refirieron que el mandatario estatal se ha limitado a anunciar obras en Chilapa donde persiste una crisis de ingobernabilidad, violencia y terror.

A través de un comunicado oficial, los integrantes de la asociación denominada Siempre vivos y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón advirtieron que en los próximos días saldrán a las calles para expresar su inconformidad ante la indolencia gubernamental frente al tema de los desaparecidos.

En el documento acusaron al gobernador Astudillo de pretender dejar en el olvido el caso de los desaparecidos en Chilapa tras la irrupción del brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos que encabeza la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien se ha convertido en aliado político del mandatario estatal.

Tal afirmación se debe a que este martes 14, Astudillo Flores realizó una gira de trabajo en compañía de funcionarios federales en Chilapa e ignoró a los familiares de desaparecidos que exigen justicia desde el año pasado.

“El hecho de no reunirse con familiares de desaparecidos nos indica que no le interesa dar con el paradero de las víctimas y ocultar lo que está viviendo Chilapa”, agregó el comunicado.

Los inconformes acusaron que el gobernador de Guerrero “no se tomó la molestia” de agendar en su gira una reunión con familiares de los desaparecidos de Chilapa, quienes desde meses atrás han solicitado una reunión para exigirle rendición de cuentas sobre el compromiso asumido desde el 21 de enero.

“Ya que desde esa fecha, se comprometió a dar con el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, hasta estas fechas no ha cumplido”, reprocharon las víctimas.

En el comunicado también condenaron la política asumida por el gobierno estatal y federal con los familiares de desaparecidos de Chilapa, porque no les informan sobre la supuesta investigación que realizan autoridades ministeriales.

Incluso, alertaron sobre el clima de inseguridad que prevalece en esta franja de la entidad y afirmaron que la desaparición es un tema que el gobierno no debe pasar por alto en esta crisis de inseguridad generalizada en la entidad.

Sobre todo, indicaron, cuando en presencia del Ejército y la Policía Federal y estatal, un grupo de presuntos comunitarios sitió la cabecera municipal de Chilapa y privó de su libertad a decenas de jóvenes del 9 al 14 de mayo del 2015.

De acuerdo con los demandantes, es “inadmisible” el hecho de que a pesar de que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y autoridades castrenses anunciaron un operativo policiaco militar, “Chilapa sigue igual o más violento”.

Y es que, señalaron que en las últimas semanas se han reportado ejecuciones de funcionarios municipales, así como la desaparición de cinco familiares de un empresario y cuatro jóvenes.

También han sido localizados varios cuerpos en fosas clandestinas y actualmente existe una confrontación entre tres grupos armados que se llaman a sí mismos autodefensas o guardias comunitarios. “Pareciera que Chilapa vive en la ingobernabilidad y el gobernador Astudillo solo viene a inaugurar obras”, reprocharon.

Los grupos Siempre Vivos y el Centro Morelos estimaron que la cifra de desaparecidos en Chilapa supera los 64 casos que ellos han registrado en un año, ya que tras la primera búsqueda de cuerpos realizada el pasado 11 y 12 de mayo- periodo donde encontraron cuatro personas en dos fosas- se han encontrado más de 10 cuerpos en las inmediaciones de la cabecera municipal.

Lanzan pliego petitorio

Los familiares de las víctimas y los activistas lanzaron un llamado al gobernador Héctor Astudillo para que instale una mesa de diálogo y se escuche la postura de las víctimas de forma directa, además de que les informen si existen avances en la investigación sobre el paradero de sus familiares.

Recordaron que desde el 1 de abril no han tenido ningún tipo de diálogo con ninguna autoridad y tampoco se ha tomado en cuenta al colectivo en los hallazgos de las fosas que se han encontrado en los últimos días en lugares aledaños de la cabecera municipal.

Por ello, plantearon un pliego de cinco puntos donde exigieron a las autoridades estatales y federales una reunión urgente con el mandatario para replantear los acuerdos y definir la ruta de investigación que permita encontrar a los desaparecidos.

Como tercer punto demandaron información sobre el número de fosas y cuerpos encontrados en toda la Región de la Montaña Baja y que el gobierno entregue los beneficios a los familiares de desaparecidos que marca la Ley General de Víctimas.

El quinto punto es la exigencia de mayor coordinación entre autoridades federales y estatales para implementar acciones que permitan localizar a los desaparecidos y revertir de forma efectiva los efectos de la narcoviolencia que se vive en los municipios de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera y Ahuacuotzingo.

Apenas el pasado martes 14, Apro dio a conocer que en los últimos ocho años han sido exhumados 298 cuerpos y restos óseos de 113 fosas clandestinas en diferentes regiones de la entidad, según un reporte oficial de la Fiscalía General del estado (FGE).

De acuerdo con este documento obtenido vía transparencia, del total de víctimas documentadas 89 cuerpos fueron identificados, 181 más siguen en calidad de desconocidos y las autoridades ministeriales acordaron enviar 23 a fosas comunes.

No obstante, la dependencia estatal se limitó a informar sólo en el caso de los cuerpos localizados en fosas clandestinas ubicadas principalmente en zonas urbanas, pero no lo hizo sobre la fecha específica de cada hallazgo ni esclareció el sexo de las víctimas, lo que impide determinar cuántas mujeres y hombres fueron sacrificados, así como su rango de edad.

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