Con Peña hemos mejorado en derechos humanos: Campa Cifrián

BRUSELAS (apro).- Mientras aún eran velados los cuerpos de los manifestantes asesinados en Nochixtlán, Oaxaca, durante un violento desalojo efectuado por la policía federal, en Europa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, afirmó que el respeto a las garantías individuales en México “ha mejorado” durante la administración del presidente Enrique Peño Nieto.

Entrevistado por Proceso el martes 21 de junio en el Parlamento Europeo –dos días después del fallido operativo policiaco que costó la vida al menos a ocho personas y dejó decenas de heridos derivado de un ataque con armas de fuego–, Campa Cifrián aseguró que “la tendencia muestra que estamos mejorando” en materia de derechos humanos, ya que, aseguró, “los casos más duros ya los vivimos” en anteriores sexenios.

El funcionario –quien fue dirigente priista, contendiente a la presidencia en 2006 por el Partido Nueva Alianza y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno del panista Felipe Calderón– asistió a Bruselas a la sexta edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea (UE) y México, que tuvo lugar el 20 y 21 de junio.

También representaron al gobierno peñanietista en la reunión el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz-Cabañas; el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y el embajador ante la UE, Eloy Cantú.

Durante el diálogo –que se efectuó a puerta cerrada–, los enviados peñanietistas “reafirmaron” frente a los representantes europeos “los valores compartidos” con ellos, e igualmente “subrayaron” que los derechos humanos son “un elemento central” en el marco de la Asociación Estratégica que sostienen ambas partes desde octubre de 2008, según presume la SRE en el comunicado que emitió junto con la UE.

Más aún, los funcionarios mexicanos “enfatizaron la importancia de la cooperación continua y el entendimiento mutuo para abordar, de forma efectiva, los retos en materia de derechos humanos, el estado de derecho y el combate contra la impunidad”.

Analizaron además asuntos relacionados con el “fomento de la capacidad en materia de erradicación de la tortura, personas desaparecidas y no localizadas y la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. El comunicado resalta “la sólida relación (que existe) entre ambas partes”, lo mismo que “la confianza y el entendimiento mutuo”.

Cuestionado sobre el reporte que publicó a principios de junio la organización Open Society –en el que se afirma con casos documentados que sucesivos gobiernos mexicanos, incluido el de Peña Nieto, y el cártel de Los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad–, Campa Cifrián respondió con una pregunta: “¿México está mejorando o empeorando (en materia de derechos humanos)? Open Society documenta en su reporte 50 casos”.

Campa refiere que el primero de esos casos es la guerra sucia de los años 60-80, después el de Atenco de 2002 y luego los más emblemáticos de los últimos años: Villas de Salvarcar, donde presuntos narcotraficantes dispararon contra estudiantes que estaban en una fiesta privada el 31 de enero de 2010 en Ciudad Juárez y que dejó un saldo de 16 muertos, y el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey a quienes el 19 de marzo de 2010 los militares les sembraron armas para acusarlos de criminales después de asesinarlos en un fuego cruzado con delincuentes. También cita los dos episodios de San Fernando, en Tamaulipas: el primero, la ejecución en agosto de 2010 de 72 inmigrantes centroamericanos, cometida por los Zetas; el segundo, el asesinato masivo de 193 personas encontradas al año siguiente en fosas clandestinas.

Campa continúa con su razonamiento: “De esos 50 casos del reporte, ocho corresponden a esta administración. Se trata de los casos de tortura en la Ciudad de México del estudiante Enrique Guerrero Aviña y de Tailyn Wang; del llamado caso Carrizalillo, en el que policías federales habrían torturado a 70 personas de esa localidad de Guerrero el 21 de octubre de 2014; el caso de desaparición forzada de Armando del Bosque en agosto de 2013 en Nuevo León, aunque su cuerpo fue hallado en octubre del mismo año; el caso de la ejecución extrajudicial del mecánico Víctor García, cometida en Veracruz en febrero de 2016 por miembros del Ejército, y los casos Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanguato, en el que están implicados policía y Ejército.

“La tendencia –prosigue el subsecretario– parece demostrar que los años donde se concentraron los casos más duros ya los vivimos”.

Y concluye: “No podemos decir que el problema esté resuelto, pero lo que sí podemos decir es que hemos mejorado en términos cuantitativos y cualitativos. Con el estudio podemos decir que, por lo menos en términos de intensidad, estamos mejorando”.

Auxilio internacional

El reporte de Open Society, titulado Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, concluye que la crisis de derechos humanos es tan grave, y la capacidad del gobierno tan limitada para resolverla, que urge crear “un mecanismo de investigación internacional, basado en México, con el poder para investigar los crímenes atroces y la corrupción”.

“Si México quiere detener esta crisis y por tanto el sufrimiento de su gente, debe tomar una serie de medidas concretas y de largo alcance”, advierte el reporte, que señala que la más importante de éstas es crear un “cuerpo independiente de investigación internacional” que presente casos a las cortes mexicanas, y que no sólo esté facultado para “coadyuvar” con las autoridades como sucedió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa.

“Este cuerpo –precisa el documento– podría proveer también de asistencia técnica a la PGR, a la Fiscalía y a la policía de investigación, desarrollar propuestas de reformas en materia judicial y elaborar informes públicos sobre la reforma del sector judicial del Estado y sobre el progreso sobre la justicia penal relacionada con desapariciones, tortura y homicidios”.

Ina Zoon es coordinadora desde México de proyectos de justicia penal para América Latina de la Open Society Justice Iniciative. Zoon, de nacionalidad rumana y quien reside en México desde hace una década, se desempeñó anteriormente como jefa de la unidad de asistencia técnica internacional de la UE en sus proyectos de cooperación bilateral con México y Guatemala.

Zoon –quien presentó en Bruselas el reporte de Open Society en el marco del seminario de ONG que antecede al Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos– explica a este corresponsal que la ONU sería el organismo idóneo para crear el mencionado cuerpo de investigación internacional en México, similar al que fue establecido en Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y cuyas investigaciones derivaron en la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, involucrado en un caso de sobornos millonarios.

“La ONU ya mostró que es capaz de cobijar una comisión como la de Guatemala. La Organización de Estados Americanos (OEA) apenas comenzó en esto con su Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras”.

Añade: “La OEA tiene mucha legitimidad porque es una organización de los Estados latinoamericanos, pero al mismo tiempo es muy vulnerable por eso y tiene muchas debilidades. Una comisión como la que necesita México no puede caer en una cuestión de balances o equilibrios entre lo que es aceptable políticamente y su correcto funcionamiento. Nadie necesita una comisión que sea una nueva simulación”

–¿Existen las condiciones para que en México pueda aceptarse este mecanismo? –se le pregunta a la experta europea.

–La respuesta del gobierno mexicano a nuestro informe es que no hay necesidad de ayuda internacional. En materia de rendición de cuentas, la voluntad política no se mide con intenciones ni con declaraciones sino con resultados. Uno muestra la lista de masacres de tan sólo los últimos 10 años y sólo hay un soldado castigado; ni un capitán, ni un coronel, nadie más es responsable…

Zoon prosigue: “Tiene que haber un cambio de voluntad política. Peña Nieto tiene la oportunidad histórica de lavarse la cara de la vergüenza de todos estos años. Debe decidir si quiere ser recordado como el presidente que no lee libros, que comete grandes errores estratégicos o por la Casa Blanca, o como el que abrió el camino hacia la justicia en México. Pero probablemente no hará esto último”.

Para Zoon es urgente el establecimiento de una comisión internacional en México, pero subraya: “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. El gobierno actual podría pensar que termina su mandato y quedarán fuera de peligro. No es así: esos crímenes, hasta que no se resuelven, no prescriben”.

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