TOLUCA, Edomex. (apro).- Con los votos de la izquierda en contra por considerar que la decisión es un pago de facturas del gobierno de Enrique Peña Nieto al Movimiento Antorchista, la Legislatura mexiquense autorizó al ayuntamiento de Chimalhuacán concesionar a 20 años el servicio de depósito y tratamiento de residuos sólidos. Durante la discusión, que se llevó unas seis horas --entre los trabajos de comisión y en el pleno--, la perredista Juana Bonilla acusó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año se etiquetan recursos para Antorcha Popular o Antorcha Campesina, movimiento al que los gobiernos además concesionan obras y prestación de servicios públicos. A la fecha, aseguró, la organización es propietaria de 72 empresas y comercializadoras, con las que el grupo se enriquece con base en el erario. La vocera del PRD denunció que el ayuntamiento liderado por Rosalba Pineda reconoce en el acta de cabildo su interés en que participe en el proceso de licitación la empresa Constructores y Asesores en Terracerías y Pavimentaciones San Luis SA de CV (CATPSA), la que incluso ya presentó un proyecto, “pero ni siquiera se dedica a la disposición final de la basura, y no tiene infraestructura en la materia”. El cabildo justifica que en el municipio se producen mil toneladas diarias de basura, y para 2017 ya no tendrá capacidad de disposición. “Le están dando manga ancha… ¿Con quién acuerdan, con Enrique Peña, con Luis Miranda?.. Antorcha, como los buitres, le picará los ojos al PRI, como ya ocurre en Toluca y Nicolás Romero. Pero hoy por hoy quieren hacer su negocio”, acusó Bonilla. Francisco Vázquez, coordinador de Morena, cuestionó que durante la sesión de este jueves el Ejecutivo estatal ingresó cuatro puntos del orden del día relacionados con el ayuntamiento antorchista de Chimalhuacán. Además, una autorización para concesionar el servicio de panteones –con el que adelanta ocurrirá un fenómeno similar-- y dos donaciones de predios. “Es un animal de cien cabezas, lo estamos alimentando. No hagan cómplice al Legislativo de estos pagos a 20 años. Su padrino le sigue firmando cheques en banco. (Los priistas) quieren cubrir la realidad, hacen mutis, dan la vuelta” a los cuestionamientos, señaló. Carlos Sánchez, el coordinador de los petistas, lamentó que históricamente el PRI genere todas las condiciones legales para garantizar la operación de un movimiento que lucra con sus militantes, a quienes pide cooperación pese a la precariedad en que viven, y que en el año 2000 dio muestra de su violencia al enfrentarse con la líder de colonos apodada La Loba y provocar un saldo de nueve muertos y 98 heridos en aquel municipio. “No podemos, con tantito sentido común, aceptar la propuesta… Nos parece que sería triste y lamentable, cuando sabemos perfectamente quién patrocina a esta organización que se siente empoderada por haber llenado el Estadio Azteca hace algunos años y hoy es el cobro de estas facturas, pero que los mexiquenses no lo paguen; es responsabilidad de este Congreso, por dignidad propia”, expuso. En voz del diputado Raymundo Garza, el PAN justificó su voto en favor con la inclusión de un considerando en que se obliga al ayuntamiento a informar a la Legislatura sobre el proceso de licitación, adjudicación y cumplimiento de la concesión. “No legislamos para un grupo de presión, sino para dar una entidad mejor a los pobladores”, dijo.