Giran orden de aprehensión contra extesorero de León por desvío de recursos

El extesorero municipal Roberto Pesquera Vargas. Foto: Periódico Correo El extesorero municipal Roberto Pesquera Vargas. Foto: Periódico Correo

LEÓN, Gto., (apro).- Un juez penal en León libró orden de aprehensión contra el extesorero municipal Roberto Pesquera Vargas y el subdirector de gestión y administración Enrique Dueñas Aguilar, quienes durante la gestión de la exalcaldesa priista y actual diputada federal Bárbara Botello Santibáñez habrían desviado recursos públicos a través de varias empresas fantasma que fueron creadas para asignar contratos de adquisiciones, servicios y obras.

Esta orden de aprehensión deriva de las 10 denuncias interpuestas por el actual gobierno municipal leonés, que encabeza el panista Héctor López Santillana, ante la Procuraduría de Justicia del estado, instancia que confirmó la obtención de la orden de captura contra el extesorero y el subdirector administrativo de Botello Santibáñez en el trienio anterior.

Según la acusación, ambos funcionarios simularon compras y adjudicaciones de contratos para diversos servicios a empresas que resultaron ser apócrifas, e incluso se utilizó la identidad de una persona que resultó ser trabajador de la construcción y quien desconoció los contratos.

Presuntamente el extesorero se encuentra fuera el país.

Como resultado de una revisión de auditoría al recibir el gobierno, la actual administración informó que se encontró con la contratación de servicios y compras a proveedores por casi siete millones de pesos sin que se localizara a las empresas, además de que por lo menos la mitad de ese monto resultó ser de compras inexistentes, según consignó el portal zonafranca.mx.

Dos de los asuntos específicos que se encuentran contenidos en los procesos penales que se siguen contra estos dos exfuncionarios del trienio priista pasado son las irregularidades en el sistema informático de contabilidad de la Tesorería municipal, que se adquirió a un costo superior a los 750 mil pesos pero no funcionó correctamente, así como la contratación de una empresa denominada Prohispa para la impartición de cursos en materia de prevención del delito, mismos que en realidad se ofrecieron por parte de personal del propio gobierno municipal.

Al corroborar los datos de las empresas se encontraron domicilios falsos o que no correspondían; tampoco se pidieron las fianzas obligadas por ley como garantía en otros contratos.

En junio pasado, la Procuraduría procedió contra Gustavo Torres Navarro, quien fungió como director de Prevención del delito en el trienio de la actual diputada Botello Santibáñez, por la presunta simulación del contrato para los talleres en el tema por los que se pagaron 650 mil pesos.

Se dictó formal prisión contra el exfuncionario, pero éste se presentó con un amparo.

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