Cesan a mando de la Policía Federal acusado de excesos

Carlos Alfonso Tornero Salinas, nuevo titular de la División de Fuerzas Federales de la PF. Foto: Especial Carlos Alfonso Tornero Salinas, nuevo titular de la División de Fuerzas Federales de la PF. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Alfonso Tornero Salinas fue nombrado titular de la División de Fuerzas Federales de la PF, y con ello sustituye en el cargo al general Salvador Camacho Aguirre.

Camacho Aguirre fue cesado tras la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por encabezar operativos en los que se denunciaron excesos, tal es el caso del efectuado en Tanhuato, Michoacán, y recientemente en Nochixtlán, Oaxaca.

A las múltiples violaciones cometidas por los agentes federales en estas dos regiones se suma la queja por los cateos efectuados sin orden judicial en Tecámac, Estado de México.

Por la mañana de este miércoles, la agencia Quadratín difundió que el general ya había desocupado sus oficinas en el Centro de Mando de Iztapalapa en la Ciudad de México, dato que se confirmó hasta el mediodía, cuando la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer el nombramiento de Tornero Salinas como nuevo titular de la División de Fuerzas Federales de la PF.

Según la CNS, Tornero Salinas es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Ciencias Forenses y es licenciado en Seguridad Pública por el Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con la especialidad en policiólogo criminalista.

Cuenta con 35 años de experiencia en distintos cargos en materia de seguridad pública, de los cuales siete años ha prestado sus servicios en la PF, donde ha ocupado puestos de mando como coordinador estatal de la Policía Federal en Yucatán, además de otros cargos directivos en las Divisiones de Seguridad Regional, Gendarmería y la Oficina del Comisionado General.

Buena parte de su trayectoria la realizó en diversas dependencias del estado de Guanajuato: fue director general de los institutos de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia y los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, así como director de la Policía Municipal de León.

También fue director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro.

Tornero Salinas también se caracteriza por su cercanía con el comisionado general de la PF, Manelich Castilla Craviotto, con quien compartió cursos de especialización en Gerencia del Servicio por la Policía Nacional de Colombia, además de haber participado en un Seminario para Ejecutivos Policiales por el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y completó el Curso de Liderazgo Ejecutivo por la Real Policía Montada de Canadá.

De acuerdo con el comunicado de la CNS, Tornero Salinas cuenta con experiencia como catedrático y asesor en temas de seguridad, entre ellos combate al crimen organizado, prevención del delito o justicia penal, además de estrategia y logística en universidades de los estados de Puebla y Guanajuato.

Sin embargo, Tornero Salinas asume el cargo con el pendiente de sancionar a los mandos policiacos que, como el general Salvador Camacho Aguirre y el mismo Manelich Castilla Craviotto, estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos en diversos operativos.

El pasado 18 de agosto la CNDH determinó que en Tanhuato la PF cometió graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, donde 42 civiles y un policía perdieron la vida.

En la recomendación 4VG/2016, la CNDH indicó que como resultado de la investigación realizada por ese organismo, con sustento en pruebas técnicas y científicas, se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuidos a servidores públicos de la PF, además de otras violaciones “no graves” imputadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán.

De acuerdo con el ombudsman nacional, se violó el derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la “ejecución arbitraria” de 22 civiles y la muerte de cuatro personas.

También se cometieron violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica por los actos de tortura cometidos en agravio de dos de los detenidos, y por el uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y degradante contra una de las personas.

El 19 de junio de este año la División de Gendarmería, al mando en ese entonces de Manelich Castilla, fue cuestionada al colocarse en el centro de las investigaciones por los disparos de la PF en el enfrentamiento con civiles, en un intento por desalojar a integrantes de la CNTE.

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