ZACATECAS, Zac., (apro).- Luego de que ayer presentó una denuncia ante la PGR contra el exgobernador priista Miguel Alonso Reyes, Soledad Luévano, excandidata de Morena a la alcaldía de la capital zacatecana, hizo un llamado público al presidente Peña Nieto, al titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid; y al propio dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, para que el exmandatario sea separado de su cargo en Fonatur mientras es investigado. “Miguel Alonso es igual de corrupto que otros gobernadores priistas. Todo esto se hizo con el dinero del megaendeudamiento que adquirió en su sexenio; se aprovechó para actos de corrupción. Pensó que nadie haría nada, que no se descubriría, pero esta es la punta de la madeja”. En la Oficialía Mayor de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República quedó registrada ayer la primera de una serie de denuncias anunciadas por la exdiputada local en contra del exgobernador priista y varios excolaboradores cercanos, por un conjunto de delitos de orden patrimonial que de entrada lo colocan en la lista de exmandatarios investigados por el uso indebido de los recursos públicos. Alonso Reyes concluyó su mandato a principios de septiembre, y el 29 de noviembre Enrique de la Madrid le dio el nombramiento de titular del Fonatur “por instrucciones del presidente”, según se dio a conocer entonces por parte de la Secretaría de Economía. Según advirtió la excandidata Luévano –cuyo triunfo en la elección constitucional del 5 de junio por la alcaldía de Zacatecas fue anulado gracias a la impugnación hecha por el PRI- se trata del primero de varios expedientes que se han ido integrando como resultado de una investigación que comenzó hace dos años; un primer expediente que acumula desórdenes financieros y desvíos por poco más de 307 millones de pesos. Luévano Cantú entregó ayer la denuncia en un documento dirigido al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, acompañada por 122 fojas “con pruebas de la red de corrupción que involucra a Miguel Alonso con un grupo de empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, venta de facturas y simulación de operaciones”, señaló la exdiputada en entrevista telefónica con Apro. La denuncia apunta directamente a Alonso Reyes; al extitular de la Secretaría de Infraestructura, Mario Rodríguez Márquez, quien en la última etapa del sexenio dejó ese cargo para convertirse en el coordinador de asesores de Alonso; a José Francisco Ibargüengoitia Borrego, sustituto de Rodríguez en Infraestructura y antes subsecretario técnico de esa dependencia; a Fernando Soto Acosta, quien fue secretario de Finanzas, y a Guillermo Huízar Carranza, que en el sexenio alonsista fungió como secretario de la Función Pública y después relevó a Soto Acosta en Finanzas. Ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, concusión, ejercicio abusivo de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, son las actividades delictivas que se adjudican al exgobernador zacatecano y a sus cuatro colaboradores en la denuncia que, según le respondieron a Luévano en PGR, tendrá que ratificar en dos o tres días. Conforme al contenido de la denuncia –de la cual Proceso tiene copia-, Alonso y los secretarios habrían recurrido al uso de comprobantes fiscales para simular operaciones: contratos, adjudicaciones para obras, adquisiciones. En el documento se incluyen oficios del propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) del 17 de agosto y el 12 de septiembre de este año, en los que se reporta por participar en operaciones simuladas (“vende facturas”) a por lo menos siete las empresas que aparecieron como proveedoras o realizaron algún tipo de servicio presuntamente pagado por la administración de Miguel Alonso. Estas empresas son: Construcciones La Cobadonga, S.A. de C.V.; Luis Gerardo Vázquez Lezama; Construcciones y Administraciones del Centro, S.A. de C.V.; Contratas Maquinaria, S.A. de C.V.; José Manuel Galaviz Estrada; Ana María Durón Sánchez, así como Virvaz Construcciones, S.A. de C.V. “Para dicha autoridad tributaria, quedó demostrado el hecho de que las mismas no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes para los que fueron contratadas”, señala el texto de la denuncia. Del 2012 al 2016 –cuatro años del sexenio encabezado por el priista Alonso Reyes- las siete empresas incluidas en la lista del SAT expidieron una gran cantidad de comprobantes fiscales, aunque se encontraron información y documentos de un total de 24 empresas, personas físicas y morales, cuyos datos se adjuntaron como parte de las pruebas documentales anexadas a la denuncia. Como anexos, Luévano entregó varias series de facturas correspondientes a distintos años fiscales; por ejemplo, seis facturas del ejercicio 2012 expedidas por la Secretaría de Finanzas a la empresa La Cobadonga –señalada por el SAT- que amparan pagos por más de 3 millones y medio de pesos por trabajos de reconstrucción o revestimiento en caminos del municipio de Villanueva. Otra serie de 49 facturas, del ejercicio fiscal 2013, amparan pagos a la empresa Aceros y Alambres del Centro, S.A. de C.V. y COMECEN, S.A. de C.V. por obras en caminos de comunidades del municipio de Monte Escobedo, Mazapil, Villa de Cos, Jiménez de Teúl y Nochistlán, entre otros. Estos caminos o no fueron revestidos o rehabilitados, o no se cumplió con la programación de la obra como se contrató, de acuerdo con la denuncia. “Además de que fuimos a los domicilios fiscales señalados por varias de las empresas y comprobamos que no existen, también se acudió a los sitios donde se supone que se realizaron las obras y encontramos una realidad muy distinta a lo que Miguel Alonso reportó en sus informes”, dijo Soledad Luévano a Apro. Un tercer paquete de facturas amparan pagos hechos a estas mismas empresas y a otras por participar en programas como Fonregión. En otro punto de la denuncia, se expone que una vez que concluyó el periodo de gobierno de Alonso salió a relucir “una red de servidores públicos de primerísimo nivel” que fueron integrantes de su gabinete, mismos que supuestamente se encargaron de manipular las adjudicaciones para favorecer a determinadas empresas y proveedores, precisamente entre éstas algunas de las que figuran en los reportes del SAT ya referidos. Y debido a que las facturas cuentan con el Registro de contribuyentes de diversas dependencias del gobierno del estado, se pide a la Procuraduría General de la República que se revise la documental entregada y se investigue conforme a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, que obliga a quien dio valor fiscal a las facturas de las empresas incluidas en los reportes del SAT a que prueben que recibieron los bienes o servicios que amparan los comprobantes fiscales. En la entrevista telefónica, Soledad Luévano explicó que la indagatoria inició en el 2014, poco después del cuarto informe de gobierno de Miguel Alonso, cuando un diario local publicó una nota en la que evidenciaba la ausencia de obras reportadas como realizadas por Alonso en el informe, entre ellas varios caminos rurales en comunidades de una decena de municipios. “A partir de entonces, nos dimos a la tarea de investigar a las empresas que figuraban como las responsables de realizar esos caminos, mencionadas en el informe del entonces gobernador. Esto se ha llevados dos años porque se buscó información oficial que en su momento, la administración de Alonso quiso ocultar o se pusieron obstáculos para que se nos fuera entregada”, señaló. No es la primera ocasión en la que Luévano Cantú evidencia públicamente a Miguel Alonso Reyes. En el 2013, aquí se conmemoró el centenario de la Batalla por la Toma de Zacatecas. Para los festejos, el gobierno anunció que destinaría 400 millones de pesos a diversas actividades, entre ellas la edificación de un arco a la altura del Teatro Calderón para la ceremonia en la que participaría el Ejército. Después de la celebración, la entonces diputada acudió a la Procuraduría de Justicia del estado y pidió que se investigara el supuesto desvío de cien de los 400 millones de pesos pues, según dijo entonces, “se demostró que se utilizaron facturas apócrifas para disponer de parte del dinero que sería empleado en esa conmemoración”, pero esta denuncia fue archivada. En otros momentos y en foros, como el Congreso del Estado, se expuso lo mismo, el poder adquirido por uno de los hermanos del ahora exgobernador, predios rústicos comprados por el gobernador y convertidos en lujosas haciendas como la de Malpaso en el municipio de Villanueva, o la escandalosa modificación de la Casa de gobierno con algunos materiales importados, que incluyó replicar una suite del hotel Bellagio de Las Vegas para el mandatario. Este año, un poco antes de las elecciones de junio, el tema de las propiedades achacadas al gobernador y sus hermanos resurgió a raíz de la divulgación de la compra de predios en el fraccionamiento Siglo XXI de la capital (en una zona originalmente destinada a área de donación de la Universidad Autónoma de Zacatecas) donde se levantó una amplia residencia con gimnasio, cancha y sala de cine, en cuya compraventa figura Lucía Alonso, hermana de Miguel, según documentó un exfuncionario de la Procuraduría de Justicia, el abogado Jesús Alberto Gaytán Espinosa, quien integró los expedientes de una denuncia interpuesta por los diputados federales y locales de Morena en contra de Alonso a mediados de mayo, también en la PGR, y de cuyo trámite nada se sabe a la fecha.