Tiene 71 años y trabaja como obrero. Sin embargo, la vida de Ricardo Martínez Perea no siempre fue así. Hace 15 años era general brigadier, pero su sino se opacó cuando el entonces presidente Vicente Fox lo acusó de ser protector del narcotraficante Gilberto García Meza, El June, y ordenó meterlo en prisión. Y ahí estuvo tres lustros, hasta que recobró su libertad. Hoy, Martínez Perea intenta demostrar su inocencia, pero las autoridades castrenses siguen poniéndole obstáculos. Él no ceja y anuncia que llevará su caso a instancias internacionales. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció al último oficial táctico del Ejército mexicano, el general brigadier Ricardo Martínez Perea. Lo acusó públicamente, desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico. La justicia militar cumplió rigurosamente la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo condenó a 15 años de prisión, tal como lo había anunciado el gobernante. Pese a las irregularidades procesales y de que sus supuestos protegidos obtuvieron su libertad, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit, junto a delincuentes que él mismo había detenido. El 5 de abril del año pasado salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías. Y ahora, a sus 71 años, sigue con su batalla legal cuesta arriba para que la justicia militar lo declare inocente, pues nunca se demostró su culpabilidad. No obstante, el Supremo Tribunal Militar se niega a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y procurador general de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha. La única prueba en contra de Martínez Perea fue un anónimo que lo acusó de proteger al Cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La búsqueda del reconocimiento de inocencia es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos; sobre todo la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido, aun cuando tenía una década por delante como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2103, ya en circulación