TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Tras 35 días de prisión, la activista del movimiento en defensa de la tierra y el territorio zoque contra la minería, presas y pozos petroleros, Silvia Juárez Juárez, fue puesta en libertad luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se desistió de la acción penal en su contra. Este miércoles, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dijo que Silvia Juárez Juárez obtuvo su libertad el pasado 28 de marzo luego de ser acusada de los delitos de secuestro, daños y motín. La mujer estuvo presa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate, en el municipio Cintalapa de Figueroa, desde el pasado 21 de febrero, cuando fue capturada en Tuxtla Gutiérrez. Hoy, el Frayba dijo que Silvia sufrió 35 días de encarcelamiento arbitrario. La describió como una mujer indígena zoque, defensora comunitaria de derechos humanos, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán y toda la región zoque. El Juzgado de Control y Enjuiciamiento con sede en Cintalapa de Figueroa, ordenó su libertad, después de que Raciel López Salazar, procurador general de Justicia de Chiapas, se desistió de la acción penal por considerar que al Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar esos delitos. Sin embargo, Silvia Juárez aún está sujeta a proceso, con la obligación de firmar ante Juzgado cada 15 días porque, a decir de César Rodríguez Robles, juez de Control, existen elementos para acreditar el delito de daños. El Frayba dijo que ante las amenazas de riesgo a su integridad y el hostigamiento reiterado contra los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez no puede regresar a su hogar con su familia en la cabecera municipal de Tecpatán. Horas antes de que Silvia Juárez quedara en libertad, el presidente municipal de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez, promovió un amparo por el desistimiento de la PGJE para evitar que la defensora comunitaria saliera de prisión. El alcalde no se ha retractado de una denuncia contra otras 29 personas, defensores comunitarios, ante el Fiscal del Ministerio Público en Chiapa de Corzo de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa. En riesgo, 29 defensores El Frayba explicó que debido al hostigamiento judicial y ante el temor de ser privados arbitrariamente de su libertad, el pasado 23 de febrero, los 29 defensores comunitarios encabezados por Sergio Cruz Escobar y Lucas Nañes Castellanos solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal por una probable orden de aprehensión en su contra que llegase a girarse en el fuero común. El 2 de marzo pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas requirió 19 mil pesos a cada uno de los activistas como fianza para obtener la suspensión de la orden de aprehensión. Pero, según el Frayba, ante la imposibilidad de que los defensores comunitarios realicen el depósito requerido, su libertad se encuentra en riesgo. Y es que, para la agrupación, la privación arbitraria de la libertad de Silvia Juárez y el mantenerla bajo proceso, así como las órdenes de aprehensión contra 29 personas “son acciones de criminalización por su defensa de derechos humanos, como cuidadoras de la Madre Tierra, en contra de los intereses generados por la industria extractiva en la región zoque de Chiapas”. El organismo defensor de los derechos humanos dijo que a pesar de los cambios en el sistema de justicia penal, en Chiapas se mantienen las prácticas de violaciones a garantías judiciales y protección judicial así como a la presunción de inocencia, que generan privaciones arbitrarias a la libertad.