CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 23 de mayo, tres meses después que el New York Times reveló las tentativas de espionaje gubernamental contra un científico y dos activistas, las organizaciones que conforman la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA) –una instancia de diálogo permanente entre gobierno y sociedad civil para elaborar políticas públicas– se retiraron de la iniciativa. La historia de ese desencuentro se inició en julio de 2016. Durante varias semanas el doctor Simón Barquera, integrante del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y los activistas Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación, directores de las organizaciones El Poder del Consumidor y ContraPESO, respectivamente, recibieron varios mensajes sms en sus celulares que contenían un código invasivo del programa Pegasus, un programa espía desarrollado por NSO Group, empresa israelí que vende sus herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos. Los destinatarios tenían algo en común: los tres habían propuesto un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas en 2014 y el 29 de junio de 2016, en los que abogaban por un reforzamiento de la regulación de las industrias refresquera y de alimentos chatarra. El asunto permaneció en silencio hasta que a principios de febrero pasado el diario The New York Times reveló la trama, lo que motivó preguntas sobre si las herramientas de NSO están siendo usadas para avanzar los intereses comerciales de la industria refresquera de México. Durante tres meses, la PGR y la Secretaría de la Función Pública (SFP) guardaron silencio. Al principio argumentaron que no abrieron investigaciones de oficio porque no recibieron ninguna denuncia formal de los hechos. Sin embargo, la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –una organización que documentó el uso ilegal y descontrolado de los programas espías por parte de las agencias de seguridad mexicanas–, afina los detalles de una denuncia que en breve interpondrá ante la PGR “contra quien resulte responsable”. El abogado Luis Fernando García, director general de la organización, estima que la querella pondrá a prueba la voluntad política de la procuraduría, que deberá investigarse a sí misma. Un caso inédito en México en materia de espionaje. Extracto del reportaje que se publica en la edición 2118 de la revista Proceso, ya en circulación.