CANCÚN, Q. Roo (apro).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Pech Cen, se comprometió a proceder contra los 43 agentes de la entonces Policía Judicial (PJ) y del Ministerio Público que enfrentan cargos por tortura en agravio de Héctor Casique Fernández, quien ayer fue asesinado en un restaurante de la periferia de la ciudad. En conferencia de prensa, el fiscal informó que inició la carpeta de investigación 149/2017 por el homicidio de “Héctor y Óscar”, ocurrido ayer a las 18:28 horas cuando ambos se encontraban en el restaurante “Las Koras”, ubicado en la Supermanzana 308 Manzana 2. En el lugar fueron encontrados aproximadamente 61 cartuchos percutidos calibres 7.62, 2.23 y 9 milímetros. Aunque no precisó el nombre de Héctor Casique, refirió que “desafortunadamente en este lugar perdió la vida alguien” al que la FGE le había pedido una disculpa pública por tortura, a partir de una remodelación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Por otra parte, el fiscal indicó que aún no se determina si Casique Fernández y su acompañante “Óscar” estaban vinculados con la delincuencia organizada y que esa haya sido la razón de su ejecución. “Apenas tenemos la investigación, no podemos futurizar, ni especular. Todos tenemos derecho de ir a comer o cenar donde nos plazca”, dijo. Pech Cen aseguró que continuará la investigación contra los 43 agentes, incluido el exdirector de la PJ, Arturo Olivares Mendiola, quienes presuntamente participaron en la tortura de Casique Fernández cuando fue detenido bajo señalamientos de ser integrante del Cártel del Golfo. También se le acusó de participar, en marzo de 2013, en el homicidio del subsecretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de esta ciudad, Magali Achach, así como de otras seis personas en el bar “La Sirenita”, en una colonia popular de este destino vacacional. El titular de la FGE reconoció que la investigación sigue detenida pues la mayoría de los acusados solicitó amparos y obtuvo suspensiones para no declarar, luego que la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó a la entonces Procuraduría local que procediera contra los 43 agentes que participaron en la tortura del que también fue elemento de la Policía Municipal y escolta de varios políticos, incluido exgobernador Roberto Borge. “La Fiscalía sigue investigando no porque nosotros no queramos terminarlos, sino porque hay situaciones, léase amparos, pendientes por resolver y que por esto tenemos que obligar su cumplimiento”, dijo. El funcionario reconoció que los acusados aún laboran en la FGE, pues son beneficiarios de la figura “de presunción de inocencia”. Y subrayó: “Esta Fiscalía se compromete a seguir indagando por lo que toca esa carpeta del ahora fallecido Héctor, por ser una obligación en cumplimento a una sentencia y una recomendación”. El director Jurídico de la FGE, Nahuam Patiño Arbea, ofreció consignar el expediente a la brevedad, pero reiteró que faltan declaraciones de agentes que aún tienen suspensiones de los amparos que promovieron. Deslinde Por otra parte, Pech Cen se deslindó de que Casique Fernández no tuviese escoltas, a pesar que fue una medida determinada por la CNDH. “No me compete a mí, es de la Comisión de Derechos Humanos (sic)”, dijo. Cuando el pasado 30 de marzo, en cumplimento de la Recomendación 017/2015-II de la CNDH, la vicefiscal Rosaura Villanueva Arzápalo ofreció una disculpa pública a Héctor Casique y Maximiliano Ezequiel Millán González, el exescolta y policía municipal acusó al gobernador, Carlos Joaquín, y al actual fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, de no actuar contra quienes lo sometieron a golpes y tormento. Durante aquella ocasión, Yaskade Fernández, madre de Héctor Casique, cuestionó que las autoridades locales no habían aplicado las medidas cautelares para su protección y que, por el contrario, habían recibido amenazas de los agentes inculpados. En tanto, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, lamentó el asesinato de Héctor Casique Fernández y exhortó a las autoridades correspondientes a que no quede impune este homicidio, así como a realizar la investigación con diligencia y dar la debida protección a sus familiares. Además, subrayó que el caso Casique ha sido uno de los más emblemáticos de ese organismo, dado que conllevó a la acreditación de violaciones a derechos humanos por tortura, en las que estuvieron implicados más de 40 servidores públicos de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado.