CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión en las últimas tres semanas, una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se suspendió sin que los diplomáticos encontraran un consenso sobre la situación en Venezuela. El proyecto de resolución apoyado por México, Estados Unidos y Canadá, entre otros, no recibió los 23 votos –equivalentes a las dos terceras partes de los países miembros-- que eran necesarios para su aprobación. Este documento urgía al gobierno de Nicolás Maduro a abandonar su decisión de crear una Asamblea Constituyente, determinar una agenda electoral, cesar los “actos de violencia” contra los civiles y liberar a los “presos políticos”. El proyecto presentado por San Vicente y Granadinas, que instaba a encontrar una solución mediante el “diálogo” y sin violar la soberanía del país sudamericano, tampoco obtuvo la cantidad suficiente de votos para su aprobación. La canciller venezolana Delcy Rodríguez se retiró de la reunión a pocos minutos de que ésta iniciara, y anunció que su gobierno desconocería cualquier resolución que la OEA adopte en torno a su país, “así sea en tono alto, medio o bajo”. La reunión anterior, que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo en Washington, también se suspendió sin que las partes lograran un pronunciamiento sobre Venezuela. Por lo menos 84 personas fallecieron en ese país a lo largo de los últimos dos meses, producto de las violencias que derivaron de las manifestaciones de repudio al gobierno de Maduro y a la crisis económica que sacude el país. La oposición y el gobierno se echan la responsabilidad de la violencia: los manifestantes aseveran que las fuerzas y milicias gubernamentales reprimen con violencia extrema el movimiento pacífico, y el segundo sostiene que los partidos de oposición provocan los desbordamientos para lograr un golpe de Estado. La crisis venezolana impactó en la OEA en marzo pasado, cuando el secretario general Luis Almagro aseveró, en un informe, que el gobierno venezolano se había convertido prácticamente en una dictadura. La administración de Maduro repudió de inmediato el documento, y acusó a Almagro de alentar a un golpe de Estado dirigido por la “derecha reaccionaria” en su país. El gobierno mexicano asumió posteriormente una postura muy crítica respecto de su contraparte sudamericana, lo que desencadenó una serie de ataques recíprocos –y a veces personales--, donde ambos gobiernos acusaron al otro de violar los derechos humanos y los principios democráticos. De hecho, la delegación venezolana acudió a Cancún, Quintana Roo, donde arrancó hoy la 47 Asamblea General de la OEA, con la amenaza de salirse del organismo interamericano, y con varios proyectos de resolución, entre los cuales destaca una “declaración” sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El jueves 1 de junio, Rodríguez anunció que presentaría el caso de los 43 estudiantes ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de exhibir el balance del gobierno mexicano en materia de violaciones a los derechos humanos. El proyecto de resolución que presentará el gobierno venezolano en la Asamblea General –con probabilidades mínimas de ser aprobado-- plantea una condena “a toda política estatal que, por acción u omisión, promueva, propicie, planifique y ejecute la desaparición forzada de personas, y que en igual sentido realice actos de ejecución extrajudicial, con el fin de fomentar el control social y amedrentamiento a la población en desmedro de los derechos humanos”. Los demás proyectos de resolución del gobierno venezolano repudian las “acciones unilaterales” o el “acoso mediático” en su contra, plantean la no intervención de otros países en sus asuntos “internos”, así como el rechazo al muro fronterizo que el presidente Donald Trump pretende erigir en la frontera de México con Estados Unidos.