CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se revelara el espionaje del que fueron víctimas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México, Amnistía Internacional expresó su preocupación. A través de un comunicado, la organización internacional señaló que “en un mundo donde los poderosos imponen de forma creciente un discurso dañino que menoscaba los derechos humanos, los derechos a la privacidad y a la libertad de asociación y de expresión son más importantes que nunca”. Asimismo, dijo que la combinación de vigilancia selectiva, las nuevas tecnologías para amenazar y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas, ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los activistas de derechos humanos, tal como lo documentó la misma ONG en el informe “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil”, en mayo de 2017. En el pronunciamiento, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas, dijo que esta nueva evidencia confirma que periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos son blanco de prácticas ilegales diseñadas para interferir y obstaculizar su trabajo. Agregó que estos hallazgos son consistentes con las investigaciones previas de Amnistía Internacional y muestran un claro patrón de uso ilegal de la tecnología en un intento de controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder. “Las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos ponen constantemente en riesgo sus vidas para defender los derechos de todos y para informar al público. Esto no es un crimen y el espionaje sobre estas actividades es ilegal y no puede justificarse. Estas acciones deben ser investigadas pronta y adecuadamente”, señaló. Añadió que las redes de “troles” generan campañas de desinformación cuyo objetivo es desacreditar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos. Mencionó que estas tendencias se suman al ya peligroso arsenal de herramientas de supresión, entre ellas los homicidios y las desapariciones forzadas, la represión del derecho a protestar de forma pacífica y el uso indebido de leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, mencionó.