CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales y académicos denunciaron la falta de respuesta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a las propuestas de mejora del paquete de 11 leyes que están por aprobarse y que darán vida al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Las organizaciones acusaron que las normativas –que prevén sean aprobadas por la ALDF "con prisas"—  contravienen el objetivo de la reforma constitucional, porque se limitan a la "buena administración", explicaron. Por esta razón, las organizaciones entregaron un documento, el pasado 27 de junio, con los aspectos “mínimos” a tomar en cuenta para la aprobación del sistema, pero estos no fueron considerados por la ALDF, y alertaron que sólo restan siete días para que venza el mandato para la armonización de las leyes del Sistema Anticorrupción. Las principales peticiones fueron:

1. Que las designaciones de los integrantes de las instituciones que conforman el Sistema sean públicas, los criterios de selección claros y que se elaboren instrumentos que permitan evaluar la idoneidad de los candidatos.
2. La profesionalización de los nombramientos de los Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa, del Fiscal Anticorrupción, de la visitaduría de la Fiscalía general y de los órganos de control interno.
3. La no reelección del Fiscal Anticorrupción y su permanencia sólo por cinco años.
4. Que no se modifiquen o adicionen los catálogos de las faltas administrativas y de sanciones que ya se contemplan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
5. Que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal cuenten con versiones públicas. También que se contemple la verificación pública y aleatoria de estos instrumentos, y que se analice la identificación de aquellas administraciones y servidores públicos susceptibles de incurrir en prácticas de corrupción.

“La aprobación de las leyes que darán vida al Sistema Anticorrupción de la Ciudad, en los términos que aquí planteamos, son el primer paso para sentar las bases de una buena implementación y para garantizar su conformación con base en criterios objetivos, transparentes y que den certeza a la ciudadanía”, sentenciaron. Entre las organizaciones y los académicos firmantes destacan FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; Marco Fernández de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, y Lourdes Morales y Liliana Veloz del Centro de Investigación y Docencia Económicas.