Diputados del Edomex ofrecen “amarrarle” las manos a Eruviel por el caso de las notarías

Eruviel Ávila. Foto: Miguel Dimayuga Eruviel Ávila. Foto: Miguel Dimayuga

TOLUCA, Edomex. (apro).- Para evitar que se repita la asignación de notarías públicas por amiguismos, compadrazgos o pago de favores políticos, los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD ofrecieron “amarrar” jurídicamente las manos del gobernador en futuras designaciones.

En tanto, las bancadas panista y perredista se deslindaron de las notarías entregadas a Lorena Gárate, hija de Francisco Gárate Chapa, exrepresentante del PAN ante el INE, y a Omar Martínez Vargas, hermano de Octavio, secretario de Asuntos Electorales en el CEN del PRD.

Al emitir posicionamientos en tribuna, a nombre de Morena, el diputado Abel Valle consideró que el tema no debe pasar desapercibido, pues el país atraviesa una de las perores crisis políticas, económicas y sociales provocada por fenómenos como la corrupción, de tal manera que es de entenderse la indignación social por la medida.

Pese a presumir un marco jurídico de vanguardia en materia de combate a la corrupción, señaló, en la entidad las acciones dejan mucho que desear.

El legislador manifestó el rechazo de Morena a los beneficios otorgados por el gobernador priista Eruviel Ávila a actores políticos del PRI, PAN, PRD y PVEM, siguiendo los pasos de sus antecesores, pues incluso el propio Enrique Peña Nieto creó nueve notarías para funcionarios de su gabinete a dos semanas de dejar el cargo, y Arturo Montiel 25 para sus allegados.

“Es una muestra de lo que es hacer uso del poder en beneficio propio, de amigos o familiares. Para nadie son desconocidos los lazos de amistad con personajes de otros partidos, pese a que emiten comunicados pidiendo que sus personajes aclaren la situación, o los separen para lavarse la cara y tratar de conservar el trillado prestigio que los ha perseguido en los últimos años. No debemos hacer cosas buenas que parezcan malas”, señaló.

Si bien en el Estado de México pudiera resultar necesaria la creación de nuevas notarias, expuso, es sospechoso que se otorguen a sólo dos meses de que Eruviel Ávila deje el cargo, dejando al frente de esas notarías a amigos y allegados.

“No vilipendiamos las capacidades de los nombrados, pero no son los únicos y, en una entidad con 17 millones de mexiquenses, puede haber iguales o mejores profesionales para aspirar. Lo único que el gobierno logra con esas acciones es que la gente reflexione. Buscaremos leyes claras que no permitan favoritismos”, adelantó.

En nombre del PAN, la diputada María Pérez rechazó que su partido sea cómplice del gobierno, y por eso las dirigencias nacional y estatal, y los legisladores locales, “nos deslindamos de cualquier acuerdo político”.

También adelantó que en próximos días su fracción promoverá reformas constitucionales a fin de evitar la discrecionalidad en el nombramiento futuro de notarios.

Por su parte, el perredista José Miguel Morales Casasola recordó que las notarías no fueron concebidas para que el Ejecutivo disponga de la designación, pague favores políticos o las reparta entre sus allegados como finiquito por la terminación de su mandato.

El 6 de septiembre del 2016, recordó, “avalamos reformas a la Ley del Notariado”, y se adicionó un párrafo al artículo 13, que permite al Ejecutivo nombrar a notarios púbicos atendiendo a las necesidades sociales y de la función notarial, “pero eso no exime a que los aspirantes deban cumplir los requisitos de ley”.

También aseguró que hay molestia en su grupo parlamentario, donde se hace autocrítica por el perredista beneficiado, pues además de la notaría a su hermano, a Octavio Martínez le fue concedida días antes una magistratura anticorrupción, a través de una persona vinculada a él.

“De ambos casos el PRD se deslinda rotundamente. Nos parecen adecuadas las medidas que el PAN tomó con su representante ante el INE y por eso haremos lo pertinente en el PRD”, indicó, en alusión a la remoción del panista Gárate Chapa en el INE.

De igual manera, adelantó la promoción de reformas para completar el sistema estatal anticorrupción y evitar que se repitan conductas que repercutan en el buen funcionamiento de las instituciones y la indebida aplicación de la ley.

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