CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo inmobiliario Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, ganó el amparo definitivo ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que tendrá que llamar a declarar a los 39 testigos y vecinos, incluido el periodista Joaquín López Dóriga y su esposa, Teresa Pérez Romo, por el presunto caso de intento de extorsión, . El jueves 7, los tres magistrados del Octavo Tribunal Colegiado Penal cancelaron el no ejercicio de la acción penal ordenado por la Procuraduría capitalina desde agosto de 2016. Esto significa que el Ministerio Público capitalino tendrá que citar a declarar a los 39 testigos que Abilia solicitó en la demanda de intento de extorsión. En su sesión vespertina, los magistrados José Pablo Pérez y la ponente Taissia Cruz votaron a favor de reabrir el caso e interrogar a los testigos, mientras que el magistrado Carlos Enrique Rueda Dávila votó en contra. “Ganamos el amparo en definitiva y esto significa que deberá la Procuraduría llamar a declarar a los testigos. Logramos el piso parejo para todos y vamos a poder llevar a proceso a la señora Pérez Romo”, esposa de Joaquín López Dóriga, afirmó el abogado Javier Coello Zuarth, quien encabeza el caso. La denuncia de Aramburuzabala contra la esposa de Joaquín López Dóriga por intento de extorsión se conoció desde 2015, cuando el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba fue videograbado pidiéndole a los representantes de Abilia 5 millones de dólares, a nombre de los vecinos del edificio de Rubén Darío 223, a cambio de frenar la presión en el gobierno de la Ciudad de México para que se construyera un complejo de departamentos en el predio Rubén Darío 225. Por presiones del gobierno capitalino y ante la notable influencia del exconductor de Televisa, el 18 de agosto de 2016 la Procuraduría capitalina archivó la averiguación previa argumentando que no era necesario citar a declarar a los vecinos para determinar la existencia de un delito. “La Procuraduría actuó como abogado defensor de los acusados y no como Ministerio Público en busca de la justicia”, reclamó el abogado Coello en esa ocasión. Abilia promovió el amparo 72/2017 contra esta decisión. El 31 de enero de 2017, el juez José Díaz de León Cruz afirmó que los 39 vecinos debían ser citados por la Procuraduría. Entre ellos se encontraba el propio López Dóriga, tal como publicó la revista Proceso. Las autoridades de la Procuraduría “perdieron” esta orden para citar a los testigos.