CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces federales concedieron suspensiones de plano para que seis de los 39 inmuebles derrumbados por el sismo del pasado martes 19 en la Ciudad de México, no sean demolidos hasta que las autoridades de Protección Civil comprueben con estudios técnicos que ya no hay vidas entre los escombros y para que se garantice la dignidad de los cuerpos que pudieran existir en esos lugares. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que otorgó la medida para los trabajos en la Unidad Habitacional Tlalpan Edificio 1C (amparos 1246/2017 y 1256/2017), en Álvaro Obregón número 286 (1248/2017), Escocia número 4 (1255/2017), Ámsterdam número 107 (1251/2017), Puebla número 282 (1254/2017) y el inmueble de Petén y Emiliano Zapata (1253/2017), aunque en este punto se tiene el reporte de que ya hay maquinaria pesada trabajando. En entrevista con Apro, Juan Carlos Ramírez Méndez, abogado, estudiante de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y promovente de los amparos indirectos en la zona del multifamiliar Tlalpan, explicó que la suspensión otorgada por el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Administrativa tiene un efecto “extensivo”, es decir que debe ser acatado por autoridades delegacionales, locales y federales para proteger la vida y la dignidad de las víctimas por el derrumbe en ese lugar. La medida también implica que tras las labores de rescate tampoco se pueden comenzar las tareas de limpia en la zona hasta que se realice un peritaje especializado que pueda ayudar a determinar las responsabilidades del hecho, es decir, si el inmueble se cayó por la intensidad del sismo o debido a la mala calidad de los materiales con los que fueron construidos. Este caso aplicaría en los inmuebles que tenían pocos años de haber sido construidos, por ejemplo, algunos en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc. De acuerdo con el abogado, también deberá tomarse en cuenta los peritajes independientes que pudieran existir, por ejemplo, por parte de cuerpos de rescatistas internacionales. Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) , en el Juzgado fueron promovidos 14 juicios de amparo, en los cuales se decretó como medida cautelar la suspensión de plano para que “las autoridades competentes de Protección Civil continúen con las labores de búsqueda y rescate, y realicen las acciones necesarias para determinar si es factible o no el uso de maquinaria para el retiro de escombros en las zonas afectadas”. La medida cautelar, explicó el organismo, queda bajo “la más estricta responsabilidad de las autoridades administrativas responsables del análisis respectivo, atendiendo a las circunstancias del caso, por ser la autoridad competente y contar con los conocimientos en la materia, debiendo en todo momento optar por preservar la vida de las personas que pudieran encontrarse entre los restos de los inmuebles, situación que deberá informarse de manera inmediata a este órgano jurisdiccional”. De los 14 amparos promovidos, el CJF aclaró que siete fueron desechados, pues luego de obtener la suspensión de plano “los quejosos se desistieron de ellos”. Estos son los ubicados en: calle Enrique Rébsamen número 241 (1247/2017 y 1252/2017), Álvaro Obregón número 286 (1257/2017 y 1258/2017), colegio Enrique Rébsamen (1249/2017 y 1259/2017) y Escocia número 4 (1250/2017). La iniciativa de universitarios Ante la emergencia del martes 19, Juan Carlos Ramírez Méndez, representante del despacho Fratres Carolvs, y varios compañeros de Posgrado de la UNAM, se reunieron para ver de qué manera podían ayudar a los damnificados. Cuenta en entrevista que el miércoles 20, cuando en las redes sociales comenzaron los mensajes de que personal de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México permitió la introducción de grúas y excavadoras a la llamada “zona cero” del multifamiliar Tlalpan, determinaron emprender la medida legal para evitar que comenzaran trabajos con maquinaria pesada en el lugar. Y es que, además, integrantes de los Topos ejercían presión para entrar a la zona a buscar personas con vida, pero no se los permitían. Ese mismo día ingresaron el escrito inicial del amparo indirecto en el Juzgado. “Nuestro propósito era que no se introdujera ningún tipo de maquinaria para salvar vidas y que se respete la dignidad de los cadáveres como parte de sus derechos humanos”, explica. De regreso en la zona, con el escrito en mano intentaron notificar al encargado de Protección Civil, identificado como Paulino Alonso, para que tuviera conocimiento de la medida. No obstante, el abogado asegura que este funcionario “nos dijo que no nos iba a recibir nada”. Entonces hicieron la notificación a la jefatura delegacional de Coyoacán, al gobierno central, y a las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena). Después del sismo ocurrido a las 07:53 del sábado 23, al lugar llegaron de nuevo las excavadoras. Rescatistas que participaban en las labores, hablaban de la posible existencia con vida de un contratista entre las ruinas de la “cara B” identificada en la parte de atrás del edificio derrumbado. Juan Carlos Ramírez comenta que no sabe si fue “la presión en las redes sociales o los reportes que pasaban los medios de comunicación”, pero esta vez el señor Paulino le recibió el documento, y le explicó cuál era la situación en la zona y las posibilidades de encontrar a gente con o sin vida en la zona. Al joven abogado lo acompañó Irving Pozos, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su papel de observador para que se garantizaran los derechos humanos de las víctimas y sus familiares que se encuentran en un campamento habilitado a unos pasos de la zona, en la calzada de Tlalpan. Tras horas de espera, las labores de rescate continuaron por parte de los especialistas japoneses, quienes horas después lograron sacar un cadáver humano, así como una perrita con vida. Según el litigante, a diferencia de los hechos ocurridos en el edificio de Coquimbo, en la delegación Gustavo A. Madero, donde el jefe delegacional Víctor Hugo Lobo llegó a un acuerdo con los abogados respecto de la solicitud de amparo, en la zona del multifamiliar de Tlalpan, el delegado Valentín Maldonado no se ha presentado con ellos. “De él no tenemos ni sus luces”, afirmó.