CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace más de una década, cuando la desaparición de personas empezó a convertirse en una tragedia humanitaria en México, sólo había claridad en que los responsables de los procesos de procuración de justicia no tenían voluntad para enfrentar lo que se les venía encima y que tampoco contaban con herramientas suficientes para hacerlo. El tratamiento de cada caso era desdeñoso. Cuando la víctima de desaparición era varón, solía especularse sobre sus actividades personales o profesionales, induciendo conclusiones sin más sustento que la sospecha: en algo andaría metido, se metió donde no debía, estaba en el lugar y momento equivocado… o sea, relacionarlos de algún modo con la delincuencia organizada. Cuando la víctima era mujer, solían filtrar detalles morbosos que, ciertos o falsos, inducían también supuestas líneas de investigación que no eran tales: se fue con un amante, anda enamorada, es que el marido no cumplía y mejor le buscó. En cuanto a los resultados el género fue indistinto, pues las desapariciones de mujeres y hombres no se resolvieron, las familias cargaron con el peso de las sospechas que la autoridad arrojaba sobre las víctimas que, en el caso de las mujeres con frecuencia llevaba una connotación sexual. La semana pasada, cuando la organización social Frente Oriente, denunció la desaparición en Puebla de Claudia Carolina Romero Acatécatl, se notó una vez más la indiferencia y el sesgo: lo primero que le dijeron a sus padres, Lucía y Pedro, es que buscarían a su novio para descartar que anduviera con él. La denuncia ocurrió el 17 de septiembre, mismo día en que se realizaron las marchas multitudinarias de mujeres que exigían al Estado mexicano que ofrezca políticas de protección y no revictimización más eficientes, una movilización surgida por el feminicidio –ocurrido también en Puebla y en el mismo exclusivo sector de Angelópolis–, de la joven Mara Castilla. Pero ni siquiera bajo esa presión y atención nacional e internacional, la Procuraduría poblana actuó. Aquel domingo 17 de septiembre, Lucía y Pedro se encontraron con el muro de la burocracia ministerial mexicana que les difirió el encuentro con los investigadores al lunes 18. No es difícil saber que perseguir un delito en general y de alto impacto en particular, como una desaparición, necesariamente exige celeridad, prontitud en la tarea investigativa. Pero la intención de buscar al novio se tomaba después de 48 horas desde que la vieron por última vez. En eso ocurrió el sismo del 19 de septiembre y todo quedó en suspenso. El pasado jueves, cuando en la agencia Apro dimos a conocer el caso, todavía los padres debieron esperar al sábado para obtener, luego de una protesta, que rastrearían su teléfono y ubicarían al novio. Había pasado una quincena. La falta de voluntad y el tortuguismo de las procuradurías, particularmente de la poblana, tiene una vez más el sello del mal gobierno que, por negligencia o corrupción, desestima casos cuando se trata de mujeres y con mayor razón, si son pobres. Claudia Carolina, representa la condición de miles o quizás millones de mujeres en México: a sus 15 años de edad era víctima de explotación laboral, una condición frecuente tratándose de mujeres indígenas como ella; desapareció y las autoridades no atendieron la denuncia, limitándose a un intento de buscar a su novio que no realizaron con celeridad, no activaron la Alerta Ámber ni tendieron otra línea de investigación que su noviazgo, aun 15 días después de no ser localizada. Como hace una década, en Claudia Carolina se ejemplifica la injusticia, ineptitud y revictimización que, desde siempre, en el gobierno campea. Visita www.notassinpauta.com