De nombre irónico, la mina La Encantada –ubicada en Coahuila y propiedad de la firma canadiense First Majestic– se convirtió en los últimos meses en un socavón letal. En mayo pasado, luego de un accidente, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó una inspección en sus instalaciones y detectó 34 fallas estructurales y de seguridad, por lo que le dio como plazo hasta el próximo 20 de octubre para ceñirse a la normatividad. La minera no sólo incumplió, sino que el domingo 1 un supuesto accidente provocó la muerte de cuatro mineros. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 8 de mayo, una camioneta atropelló a Rodolfo Rafael Rodríguez Benavides en el interior de La Encantada, una mina subterránea propiedad de la firma canadiense First Majestic, localizada en Coahuila. Sin ser letal, el accidente sometió a la empresa a una inspección federal de seguridad e higiene. La intervención corrió a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y se realizó el 12 y el 25 de mayo. Los inspectores detectaron 34 fallas, 22 de las cuales se relacionaban con la ausencia de planes, protocolos y equipos de seguridad contra incendios. Al final, la dependencia federal le concedió a la minera un plazo que termina el próximo viernes 20 para implementar las acciones necesarias. Con la verificación pendiente, el domingo 1 murieron ahí los trabajadores Waldemar García Pérez, Juan Raúl Diego Cedillo Arredondo, Manuel Colunga Oñate y Jesús Alberto Sánchez Montoya. Polémica desde su llegada a México en 2004, la canadiense First Majestic ha provocado conflictos sociales, agrarios y ambientales en las zonas donde opera sus minas. El escándalo más conocido se relaciona con la adquisición de una concesión minera en Real de Catorce, San Luis Potosí, localizada sobre el santuario natural de Wirikuta, destino de peregrinación inmemorial del pueblo wixárika (huichol) que, en su cosmogonía, establece ahí el origen del mundo (Proceso 1805). En 1989, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) incorporó ese territorio a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales y, desde 2004, está en la lista tentativa de esa organización para convertirse en Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Aun así, la concesión otorgada en 2009 a First Majestic por el gobierno de Felipe Calderón –el más devastador por la cantidad de concesiones otorgadas– puso en riesgo el lugar, con lo que la firma canadiense quedó bajo la lupa de numerosas organizaciones prodefensa de derechos indígenas, derechos humanos y ambientales dentro y fuera de México, que obligaron al Estado mexicano a dictar una suspensión del permiso minero que, por lo pronto, no es definitiva. Con menos visibilidad, los conflictos más graves en que se ha visto implicada la firma canadiense han ocurrido precisamente en La Encantada, donde los comuneros del ejido Tenochtitlán han emprendido acciones legales contra la minera que aún se mantienen en el tribunal agrario; han denunciado privaciones ilegales de la libertad y amenazas de policías del estado para obligarlos a desistir de sus demandas. Por si fuera poco, el 1 de julio y el 16 de agosto de 2016 los comuneros del ejido Tenochtitlán denunciaron que hubo derrames tóxicos que contaminaron represas donde bebe agua el ganado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió expedientes por estos hechos. Los resultados de la inspección ambiental han sido tan opacos que el martes 3, tras la muerte de los cuatro trabajadores, el Congreso de Coahuila reactivó todos estos asuntos, al aprobar por unanimidad un punto de acuerdo en el que, entre otras cosas, exige a la Profepa un informe detallado sobre derrames tóxicos en La Encantada. La mayoría de los acontecimientos citados ocurrieron durante el tiempo en que Tomás Ramón Dávila Flores ocupó la presidencia del consejo de administración y dirección general de First Majestic, de cuyas empresas es accionista. Dávila dejó el cargo ejecutivo para integrarse al gabinete de José Rosas Aispuro en Durango como secretario de Fomento Económico. Los muertos de La Encantada No era la primera vez que de La Encantada llegaban noticias trágicas, pues esa mina de plata –localizada en el desierto coahuilense, a 250 kilómetros de Múzquiz, la urbanización más cercana– registra un récord extraordinario de accidentes y conflictos. Los cuatro trabajadores fallecidos el domingo 1 se suman al menos a otras dos muertes relacionadas con la operación de La Encantada: las de María de la Luz Piña Vélez y José Octavio Silva Ibarra. Ambos fallecieron en 2013. Sobre los hechos del domingo 1, la empresa expuso ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) que al filo de las 18:30 horas “se suscitó un accidente” a mil 600 metros de profundidad. De acuerdo con el expediente consultado por Proceso, que incluye la declaración ministerial del médico general de la mina, José Elías Betancourt Ceballos, ante la fiscalía regional, el accidente consistió “en una concentración de monóxido de carbono el cual no fue detectado” (sic). Los cuerpos de los cuatro mineros fueron trasladados a Monclova, donde se les practicó la necropsia de ley. El dictamen fue que murieron por asfixia. Conforme a lo asentado en el documento de la FGE sobre los dichos de Betancourt Ceballos y la necropsia, hay coincidencia en diferentes aspectos detectados por la inspección federal de mayo, entre otras cosas porque La Encantada carecía de análisis de riesgos, planos de operaciones subterráneas y plan de ventilación. Esa inspección, identificada con el número de expediente 125/000548/2017 y cuya copia tiene Proceso, hasta mayo pasado La Encantada carecía también de análisis de riesgos y protección contra incendios. Y aunque presentó “análisis”, éste carecía de rutas para la dispersión de los gases tóxicos generados durante un incendio, tomando en cuenta las fechas de elaboración, equipos, maquinaria y materiales con riesgo de incendio. Tampoco contaba con los sistemas o mecanismos generales de alarma, es decir, de alertas auditivas, luminosas, olfativas o de comunicación alámbrica o inalámbrica, ni tenía la cantidad y tipo de extintores ni planos de su ubicación. Carecía también de los planos de instalaciones eléctricas subterráneas, de los procedimientos para uso, revisión y mantenimiento de equipos de protección personal, así como de los procedimientos para colocar ademes de emergencia y ventilación. En suma, la minera ni siquiera acreditó haber capacitado a sus trabajadores ni tenía manuales de procedimiento y uso de refugios; tampoco de verificación periódica de equipos de autosalvamento. En las minas, algunos trabajadores se entrenan como brigadistas para participar en rescates en caso de siniestro, pero en La Encantada no había constancia, hasta mayo pasado, de que alguien se hubiera capacitado para eso. La inspección practicada los días 12 y 25 de mayo de este año mostró que La Encantada era desde entonces un socavón letal. La empresa reaccionó hasta el martes 3 –dos días después del “accidente”– con un comunicado en el que precisó el lugar del siniestro y estableció sutilmente que la responsabilidad fue de los trabajadores: “El accidente ocurrió como parte de la construcción de la rampa 790 en la mina La Encantada. Un total de cuatro mineros perdieron la vida debido a la intoxicación por gas que se acumuló en la zona. No hubo explosión, como han informado los medios. Se cree que el operador de un tranvía perdió el conocimiento. Tres mineros llegaron más tarde a la escena para prestar asistencia a su compañero enfermo. “Los cuatro hombres llevaban todo el equipo de protección personal requerido, incluyendo aparatos de respiración del cinturón de seguridad, pero lamentablemente no lo utilizaron. La brigada de rescate fue enviada y extrajo con éxito a los cuatro mineros antes de transportarlos al hospital local donde más tarde se les declaró fallecidos.” Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había establecido las causas del siniestro. En su comunicado difundido el martes 3, la empresa indica que los mineros contaban con equipos de salvamento y con una brigada de rescate; a diferencia de mayo, cuando no contaban con ese equipo ni sabían usarlo. La minera descalificó también la versión difundida por algunos medios locales sobre una “detonación descontrolada” y atribuyó la generación de gases a la pérdida del conocimiento de un trabajador que operaba un tranvía. Cabe recordar que, en mayo pasado, cuando personal de la STPS realizó la inspección, la empresa no contaba con un plan ni con un mecanismo de dispersión de gases. El comunicado también indicaba que esperaban reanudar actividades el miércoles 4 y que sólo se cancelaría el área de la Rampa 790. Al respecto, Cristina Auerbach, integrante de la Familia de Pasta de Conchos, advierte que en este caso como, ocurre con las minas de carbón, la Dirección General de Minas debe suspender la totalidad de La Encantada y no sólo la zona del siniestro, dado que, sostiene, es indispensable cerciorarse de que hayan implementado las medidas de seguridad conforme a las diferentes normas; si no, debe cancelarse la concesión. La trama empresarial El domingo 1 y el martes 3, la organización Familia de Pasta de Conchos rastreó los registros de seguridad social de los cuatro trabajadores fallecidos. La frecuencia con que las mineras en Coahuila evitan registrar trabajadores en el IMSS ha convertido esas revisiones en procedimiento estándar de la organización después de la muerte de los mineros en sus centros de trabajo. Manuel Alberto Colunga Oñate, uno de los fallecidos, nunca fue registrado ante el IMSS. Sin embargo, el miércoles 4 apareció su nombre, aunque la ficha asentaba que el domingo 1 –justo el día que murió– dejó de figurar como empleado de Operaciones LE, una subsidiaria de First Majestic. El presunto historial laboral de Colunga Oñate indica que el joven de 22 años trabajó en La Encantada del 15 de marzo de 2013 al 10 de abril pasado, cuando fue contratado por Operaciones LE. En su primer trabajo ganaba más que en el segundo. Es decir, al cambiar de adscripción se le redujo el salario. En una búsqueda registral, Proceso detectó que Operaciones LE es una razón social que tiene como accionista único (excepto por una acción para su representante legal) a Corporación First Majestic. Por lo tanto, siendo los mismos dueños, cambiaron a los trabajadores de razón social con la consecuente pérdida de salario y prestaciones por antigüedad. Frente al cúmulo de anomalías identificadas por las instancias gubernamentales en la inspección de mayo pasado, en su comunicado del martes 3 First Majestic expuso que las autoridades estaban investigando. Y añadió: “Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias durante este tiempo trágico –dijo Keith Neumeyer, presidente y director ejecutivo–. La seguridad es una prioridad en First Majestic y seguiremos trabajando para evitar que ocurran tales accidentes”. Este reportaje se publicó el 8 de octubre de 2017 en la edición 2136 de la revista Proceso.