TOLUCA, Edomex. (apro).- El Juzgado Séptimo Mercantil de primera instancia embargó más de 20 cuentas bancarias, folios electrónicos de aproximadamente 40 inmuebles y varias partidas presupuestales del ayuntamiento de esta capital por un monto superior a los 20 millones de pesos. El fallo derivó de un adeudo con la empresa Diseños y Construcciones, que edificó una unidad deportiva en la delegación de San Mateo Otzacatipan durante la administración municipal de la actual senadora María Elena Barrera Tapia. Adicionalmente, el corporativo adelantó que interpondrá una demanda penal contra el alcalde Fernando Zamora por el delito de desobediencia y lo que resulte, en virtud de que hace aproximadamente 20 días, para evitar el embargo, la Tesorería extrajo los recursos de sus cuentas bancarias e informó al Juzgado que se encontraban en ceros. Andrea Jardón Álvarez, apoderada legal de la empresa, detalló que “la vista ya se encuentra en el Ministerio Público adjunto al Juzgado, en el entendido de que si se tienen embargadas las cuentas jurídicamente no se puede disponer de ellas ni mover los saldos, pero el ayuntamiento mañosamente las dejó en ceros, y la responsabilidad cae directamente en el alcalde”. La abogada refirió que se requirieron casi 15 millones de pesos para el embargo, pero la sentencia principal –precisó– fue por 18 millones 900 mil pesos, a los que se suman un incidente por un millón 800 mil y una actualización de incidente por 850 mil pesos, además de que aún está pendiente la actualización de gastos y costes judiciales. El laudo en que se condena al ayuntamiento se emitió el 17 de febrero de 2016 y la sentencia se ratificó en segunda instancia. El fallo fue reiterativo al resolverse el amparo correspondiente en octubre del año pasado. Desde que la sentencia quedó firme, en diversas ocasiones la empresa intentó negociar con el ayuntamiento, “pero el alcalde no nos atiende, nos cierran las puertas y se portan groseros”, reveló Jardón. Esta mañana, cuando se intentó el embargo de algunos bienes muebles, la administración aseguró que se encontraban arrendados, pero no puedo demostrarlo, por lo que con el apoyo de elementos policiacos evitó que la medida se concretara. De acuerdo con la litigante, el siguiente paso es regresar por los bienes muebles con uso de la fuerza pública y permiso para la ruptura de cerraduras, valuar los bienes inmuebles embargados y someterlos a subasta. Y el abogado Cirilo Facundo Hernández advirtió que ya se agotaron todas las instancias, por lo que al ayuntamiento sólo le queda pendiente el pago. La orden de embargo se presentó con ejecutor a las 10:30 de este jueves. Y en un intento por evadir la responsabilidad, la administración municipal hizo sonar la alerta sísmica al mediodía para desalojar el palacio municipal. Por separado, el titular de la Dirección Jurídica del ayuntamiento, Alfredo Hurtado Cisneros, señaló que la empresa denunciante registra diversas irregularidades, como el cambio de nombre entre la demanda y la ejecución, por lo que adelantó que también denunciará penalmente esa anomalía. Destacó que cuando la actual administración entró en funciones, el 1 de enero de 2016, se revisaron los asuntos en trámite y los pendientes, y se encontró que “derivado del mandato de un juez (para garantizar el supuesto pago) se autorizó una diligencia a finales de 2015 en la que se embargaron diversas cuentas para la atención de programas sociales como obra pública”. La decisión, dijo, se controvirtió para no afectar bienes, recursos y acciones de utilidad pública, y expresó que una vez más promoverá los recursos necesarios para que no se vea afectada ninguna obra o servicio. Por su parte, la administración municipal interpuso una queja ante la Contraloría del Poder Legislativo para que determine si la obligación se contrató en 2012 y no se pagó oportunamente, pues el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción establece que debe buscarse al responsable del momento en que se cometió la anomalía.