CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud en el fuero común ha aumentado 103% durante los últimos dos años, mientras que, en el fuero federal, los delitos de drogas son la primera causa de su privación de la libertad, señala el informe “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México”, realizado por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres. De acuerdo con esta investigación, existe un subregistro de los grupos vulnerables en reclusión, lo que exige adoptar un enfoque interseccional en la recolección de datos y la planeación de política penitenciaria. Según solicitudes de acceso a la información sobre mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, hay sólo 18 indígenas en prisiones federales y 61 en estatales. Respecto a extranjeras, la autoridad federal y las estatales señalan que hay 68 mujeres en reclusión provenientes principalmente de Estados Unidos y Colombia. Las respuestas de las autoridades penitenciarias sobre mujeres con discapacidad y de la comunidad LGBTI demostraron un desconocimiento de las necesidades de estas poblaciones y sus obligaciones respecto a ellas. Además, en entrevistas realizadas por el equipo de investigación se ha documentado que las mujeres muchas veces son víctimas de tortura en el momento de su detención, encontrando como factor común la tortura sexual. Entre los métodos utilizados las mujeres relataron la manera en que fueron asfixiadas con bolsas de plástico, golpeadas, amenazadas física y sexualmente u obligadas a desnudarse ante los agentes del Estado. Se presenta cómo, aunque la perspectiva de género es un término que se evoca en el modelo del Programa de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, no tiene aplicaciones concretas, lo que resulta preocupante. Derivado de la investigación empírica en los estados que actualmente funciona el programa, se observaron serios problemas estructurales en su aplicación. EQUIS Justicia para las Mujeres presentó ante el Congreso de la Unión, en mayo de 2017, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a los procesos de detención, enjuiciamiento, sentencia y reclusión de mujeres. Dicha ley busca incidir en la incorporación de la perspectiva de género en los procesos penales que afectan a mujeres. Se propone la reducción e individualización de la pena, tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad.