Mandato de la Corte para regular publicidad oficial, “un gran paso, no una victoria”: Artículo 19

Normalistas retiran propaganda electoral en Chilpancingo. Foto: Germán Canseco Normalistas retiran propaganda electoral en Chilpancingo. Foto: Germán Canseco

OAXACA, Oax. (apro).- Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión regular el uso del dinero público destinado a la publicidad oficial, “eso no significa que ya podemos cantar victoria, ahora esperamos que no sea una ley mediocre o que simule a intereses particulares”, afirmó el representante de Articulo 19, Ricardo Reyes.

Al preguntarle qué pasaría si el Congreso de la Unión desacata ese mandato judicial, dudó porque considera difícil que vaya a destituir a 500 diputados y senadores como sucedió recientemente con el delegado de la Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, aunque lo más probable es que traten de cumplir legislando una ley que simule.

Durante la mesa de análisis “Contar lo bueno, cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013-2016”, a la que convocó el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo dh) con el objetivo de transparentar la publicidad oficial del gobierno, reconoció que, en efecto, de decisión de la Corte “es un gran paso, pero no es una victoria”.

Relató que esta decisión se logró gracias a la “omisión legislativa” y el tema de libertad de expresión que atentaba contra los medios de comunicación principalmente y de la sociedad en su derecho a informar.

A petición de Artículo 19, la Corte ordenó el pasado 15 de noviembre legislar sobre la publicidad oficial porque la omisión implicaba violencia sutil a los medios de comunicación y el gasto excesivo en comunicación social o publicidad oficial. Ahora el Congreso está obligado a emitir una ley a más tardar el 30 abril de 2018.

Sin embargo, dijo, “tememos que haya una simulación de parte del legislativo para enviar una ley y decir: ‘ya cumplimos’, pero que no contemple las necesidades de transparentar los contratos públicos, que existan topes presupuestales, que no haya un gasto excesivo, que haya una repartición equitativa y no discriminatoria que afecte a medios críticos”.

Adelantó que desde la sociedad civil estarán atentos para que esta ley salga bien porque “las expectativas son altas, pero hay que ser precavidos para que no sea una ley a modo o a interés de particulares”.

Subrayó:

“Estamos a ocho meses de las elecciones presidenciales y la coyuntura va a ser muy complicada porque estamos seguros que el gasto excesivo de la publicidad oficial va a estar presente y la violencia contra la prensa (puede que) aumente, al igual que la censura”.

Sin embargo, agregó: “hay que apostarle a un costo político a diputados y senadores y estaremos presentes incidiendo para que esta ley reglamentaria sea general, es decir que se aplique en todo el país”.

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