CAMPECHE, Cam. (apro).- Representantes de comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo dieron a conocer hoy aquí la integración de un frente común para defender su región de voraces proyectos que amenazan con devastarlos ambiental, social y económicamente. “Los mayas estamos vivos, estamos presentes y vamos a defender nuestro territorio, que es la herencia de nuestros hijos y nietos, tal como lo hicieron nuestros ancestros”, advirtieron en conferencia de prensa los representantes de más de una treintena de comunidades mayas de la Península de Yucatán. El grupo se reunió hoy en esta ciudad para trazar una agenda conjunta que les permita proponer un plan de desarrollo apegado a sus formas de vida tradicionales, que sea sustentable y que tome en cuenta a las generaciones futuras. En la rueda de prensa, declararon su rechazo a la imposición en sus territorios de proyectos impulsados por los gobiernos federal y estatales, tales como la introducción de cultivos transgénicos y la instalación de parques de energía eólica y solar, así como una planta cementera, entre otros. También expusieron que integraron un frente unido debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y la sistemática discriminación que viven los mayas, sus mujeres y sus líderes que les impide participar en las decisiones sobre sus territorios y comunidades. Los inconformes recordaron el conflicto de sus comunidades contra los transgénicos, que dio pauta a una batalla legal que iniciaron las apicultoras mayas de Hopelchén. A ese respecto, señalaron que el pasado 17 de septiembre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), revocó el permiso a Monsanto para la liberación de semillas transgénicas en siete estados del país. Esa misma instancia, destacaron, emitió el permiso para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada a favor de la empresa Monsanto Comercial S. de R. L. de C.V. (evento MON-04032-6) en siete estados, incluidos los tres de la Península de Yucatán. La revocación del permiso, cinco años después de expedirlo, fue porque Monsanto ha hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada puesto que “no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla”. También, porque la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible” atribuible a esa empresa transnacional. Los denunciantes sostuvieron que esa revocación es fruto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias que comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos emprendieron contra la siembra ilegal de soya transgénica en diversas comunidades mayas de la región peninsular. Y aunque reconocieron que la revocación del permiso es un avance en la batalla legal contra Monsanto, advirtieron que ésta no ha terminado pues la revocación de Senasica no es definitiva. Insistieron en que el caso amerita más que una sanción administrativa y exigieron una investigación desde la cadena de distribución de las semillas de soya transgénica que se sembraron desde 2016, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión temporal del cultivo, hasta la omisión y el desacato de las autoridades involucradas. Y exigieron acciones penales contra los responsables y la reparación de los daños pues la afectación que se ocasionó a la región “es grave”. Asimismo, demandaron la continuación del proceso de consulta pública a las comunidades afectadas y declarar la península de Yucatán como zona libre de organismos genéticamente modificados.