SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (apro).- El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) criticó la reincorporación a sus curules en el Congreso local de los diputados José Guadalupe Torres, del PRD, y Óscar Bautista Villegas, del PRI, ambos investigados por la Procuraduría de Justicia del estado tras ser exhibidos y acusados de estar involucrados en presuntos actos de extorsión a presidentes municipales a cambio de “sanear” observaciones de la Auditoría Superior del Estado. Además, el Frente conformado por varias organizaciones civiles y cámaras empresariales, exigió a los 27 integrantes de la Legislatura hacer pública la relación de beneficiarios de los fondos que supuestamente destinan a ayuda social. También pidieron la desaparición de la partida de Gestoría institucional y las de apoyo de gestoría. Estas partidas, denunció el FCA, constituyen un desvío de recurso argumentando facultades que la Constitución del estado no les otorga a los diputados, como se exhibió en el caso del diputado del PAN, Mariano Niño Martínez, de quien se reportaron cobros y facturas que amparan supuestos apoyos entregados a personas de distintos municipios, de quienes en realidad se utilizaron sus credenciales de elector y se falsificaron sus firmas, según la denuncia penal presentada por la organización civil Ganemos y algunas de las supuestas beneficiarias, como lo informó Apro. “El caso Mariano Niño y los datos que hemos comenzado a recabar, ponen en tela de duda todas las comprobaciones de los diputados. Pero más allá de las comprobaciones, exhiben lo irregular que resulta la Gestoría Institucional, por tratarse de una acción que no corresponde al Poder Legislativo y constituye una violación al marco Constitucional”, expuso el FCA. Por ello, se advirtió que de no difundirse las listas para que se puedan verificar, “se pone a cada diputado como sospechoso de actos similares a los denunciados en el caso Mariano Niño Martínez”. Y es que, entre las comprobaciones cuestionadas al diputado del PAN figura una factura que ampara supuestos servicios, a nombre de la empresa Expertos en Servicios Corporativos Integrales S.C. por 72 mil 300 pesos. De acuerdo con lo recabado por integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, esta misma empresa ha facturado servicios para varios diputados. Sólo entre fines de julio y principios de agosto, la Junta de coordinación política aprobó el pago de cinco facturas de la empresa: dos solicitados por el diputado Sergio Enrique Desfassiux del PRD por un total de 147 mil 294 pesos; otro para Jorge Luis Miranda Torres (suplente del panista Enrique Flores Flores) por 72 mil pesos; otro para la diputada María Graciela Gaitán Díaz por 75 mil pesos y el último para el legislador Alejandro Segovia Hernández, también por 75 mil pesos. En total, estos pagos sumaron casi 450 mil pesos. Este último legislador admitió públicamente que había comprado esta factura para justificar gastos de la presentación de su segundo informe de actividades, consignó el Frente. “¿Cuántas empresas tiene el Congreso del estado para comprarles facturas para que sus diputados pueda cuestionar gastos?”, cuestionaron integrantes del Frente. También pidieron a la Procuraduría de Justicia estatal deslindarse del uso que un documento expedido por la propia dependencia hizo el diputado del PRD José Guadalupe Torres para justificar su reincorporación como legislador en funciones, después de una licencia solicitada para enfrentar la denuncia penal por la presunta red de complicidad junto con otros diputados y personal de la Auditoría Superior del Estado para cobrar “moches”. Torres Sánchez presentó un documento de la Procuraduría en el que se señala que ninguno de los presidentes municipales que declararon ante el Ministerio Público interpuso denuncia o querella en su contra. Sin embargo, permanece abierta la carpeta de investigación CDI/16475/2017, que corresponde a la denuncia penal presentada por el propio Frente en contra de Torres Sánchez, del priista Óscar Bautista, del panista Enrique Flores Flores y del diputado del Partido Verde Manuel Barrera, así como de funcionarios de la Auditoría Superior. “Se han tenido pláticas con el visitador de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Oliver Meade Hervert, con la finalidad de aportar más elementos en contra de los denunciados. Consideramos que, si la Procuraduría no se deslinda del uso convenenciero de las constancias de sus actuaciones, la complicidad de esa instancia con la ‘ecuación corrupta’ quedará evidenciada”, advirtió el Frente Anticorrupción.