TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Activistas, familiares, amigos y abogados del ambientalista Mariano Abarca Roblero, asesinado a tiros en noviembre del 2009 en Chicomuselo, solicitaron hoy al gobierno de Canadá que se investigue a diplomáticos de ese país que solaparon las acciones ilegales de una minera que operó en la entidad y ha sido vinculada a ese crimen. Desde Ottawa, José Luis Abarca Montejo, hijo del activista asesinado, dio a conocer que el pasado fin de semana viajaron de Chiapas a ese país del norte para buscar que el gobierno canadiense indague a sus diplomáticos y revise sus políticas de encubrimiento de las mineras tras abusos cometidos en México y, en particular, con lo que le sucedió a su padre. También refirió que este lunes entregaron a Joe Friday, comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), la demanda donde exigen una investigación por el caso Mariano Abarca. Luego sostuvo que, entre 2007 y 2010, diplomáticos habrían violentado las políticas del gobierno canadiense al apoyar a la empresa Blackfire Exploration en acciones para imponer la operación de una mina en Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas, hechos que desembocaron en el homicidio del ambientalista Mariano Abarca Roblero. “Mi papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire, y poco después fue arraigado bajo acusaciones falsas hechas por la empresa. La embajada tuvo conocimiento de todo esto, sin embargo, dio su aval a la empresa al incidir con autoridades chiapanecas para proteger los intereses de la Blackfire”, denunció José Luis Abarca. Organizaciones civiles de México y Canadá que apoyan la demanda de Abarca Montejo obtuvieron documentos bajo la ley de transparencia en Canadá que demuestran que, a pesar del conocimiento significativo que tuvo la embajada canadiense sobre el conflicto entre Abarca y Blackfire –incluso las amenazas de muerte que éste enfrentaba–, prefirió acudir al gobierno estatal de Chiapas solicitándole controlar las protestas contra la minería en la comunidad. Derivada de la documentación que prueba el hecho, la denuncia administrativa que se presentó hoy exhibe “el lamentable papel que jugó la embajada y cómo creemos que ésta violó políticas dirigidas a la protección de los derechos civiles, dejando de lado uno de sus roles fundamentales propiamente expresados en facilitar un diálogo abierto e informado entre todas las partes”, subrayó el abogado de la familia Abarca Montejo, Miguel Ángel de los Santos Cruz, quien también participa en la misión en Canadá. “La embajada canadiense pudo haber usado su influencia para defender la vida y el bienestar tanto de Abarca como de los otros pobladores de Chicomuselo, pero hizo el contrario. Debe haber una investigación por parte del comisionado para la Integridad de la Administración Pública en torno al peligro que esto creemos generó para la vida de Abarca y, en su caso, emitir recomendaciones para que este tipo de hechos no sucedan nuevamente”, argumentó De los Santos Cruz, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Días después del asesinato de Abarca, la mina de barita de Blackfire fue clausurada por violaciones ambientales, dando con ello la razón a la lucha de Abarca Roblero y otros pobladores. Sin embargo, la embajada seguía respaldando a la empresa, al proporcionarle asesoría para que ésta demandara al Estado mexicano utilizando los términos del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). “Desde el asesinato de Abarca, la incidencia de persecución, amenazas y violencia en contra de los y las defensores de la tierra y del medioambiente se ha intensificado. Dada la importancia de la inversión canadiense en el sector minero mexicano, estamos sumamente preocupados sobre el papel que juegan las autoridades canadienses, en donde las comunidades luchan para proteger su territorio y agua de los impactos negativos ocasionados por las operaciones mineras canadienses”, alertó la activista Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos Chiapas. “Las minas canadienses se han estado expandiendo precisamente en una de las zonas más violentas de México, incluso con el aval abierto de la embajada canadiense. Es urgente que haya una investigación plena e imparcial sobre el caso de Mariano Abarca, y que se tomen medidas para proteger las vidas y el bienestar de las comunidades afectadas, y evitar que se sacrifiquen pueblos mexicanos a cambio de ganancias canadienses”, puntualizó Miguel Mijangos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). La denuncia presentada al comisionado para la Integridad de la Administración Pública fue preparada por el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Corporativa, de la Facultad de Derecho Osgoode en Toronto, y la Universidad de Thompson Rivers, ubicada en Kamloops. Durante su estadía en Canadá la delegación mexicana participará en eventos públicos en Ottawa, Montreal y Toronto.